Benavides alega en el juicio que no tuvo nada que ver con el cierre por la fuerza de la tele

En enero de 2004, el Ayuntamiento almuñequero provocó la marcha de la empresa concesionaria de su televisión local tras cortarle la luz y cambiarle las cerraduras de las instalaciones que necesitaba para seguir emitiendo. Hasta aquí los hechos objetivos que, sin embargo, acusación y defensa interpretaron de formas radicalmente opuestas durante el proceso -ayer quedó visto para sentencia- que ha sentado al alcalde almuñequero, Juan Carlos Benavides, en el banquillo acusado de un supuesto delito de coacciones, prevaricación y contra los derechos constitucionales.

Para la empresa que gestionaba entonces la televisión local de Almuñécar, 'Medios Informativos de la Costa Tropical S. L.', aquello fue una maniobra «burda», por la fuerza y por la vía de los hechos consumados, «orquestada» por un alcalde que, envalentonado tras ganar unas elecciones municipales, quiso quitarse de en medio a un medio informativo que le era molesto y, de paso, meter a otra televisión, vinculada a su propio hijo, en el canal que ocupaba la anterior.

Y todo con prisas -no daba tiempo a practicar un procedimiento legal de rescisión del contrato- porque llegaban las elecciones autonómicas y hacia falta la tele para hacer campaña. Es la teoría que expuso ayer, en sus conclusiones finales, el abogado de la empresa Medios Informativos de la Costa Tropical, José Carlos López Pérez.

Sin embargo, para las defensas del alcalde almuñequero y del Ayuntamiento, al que le piden responsabilidad civil, no hubo un solo resquicio de actuación irregular por parte de Benavides. Todo lo contrario, el Ayuntamiento impulsó una actuación totalmente correcta para defender los «intereses públicos» ya que la empresa incumplió el pliego de condiciones que le obligaba, entre otros puntos, a pagar las facturas de luz, agua y teléfono. La defensa de Benavides se aferró así al «cúmulo de irregularidades» de la concesionaria y a sus incumplimientos para justificar el corte del suministro eléctrico, que se acordó en junta de gobierno y fue notificado correspondientemente a la concesionaria, según esgrimieron.

El propio alcalde almuñequero, durante su interrogatorio, se esforzó por demostrar que él no ordenó jamás ni tuvo relación alguna con los cambios de cerradura de las instalaciones de la televisión que estuvieron motivados, según declaró el alcalde, por otras cuestiones ajenas por completo a un intento de presión a la televisión.

Y así lo acreditaron los testigos de la defensa. El propio teniente de alcalde Miguel Ávila declaró ante el juez que fue él mismo, sin que el alcalde lo supiera, el que ordenó cambiar la torreta por motivos de seguridad mientras que un empleado municipal responsable de Mantenimiento asumió el cambio de la otra cerradura en la Casa de la Cultura, porque, según declaró, se había roto tras unas obras.