El fiscal pide que Benavides pague la demolición del pabellón cubierto

El juicio por un supuesto delito urbanístico, que tendrá lugar el 16 de diciembre, debe aclarar si la junta de gobierno local aprobó el proyecto del pabellón de La Herradura a sabiendas de que el suelo era no urbanizable

La Opinión. ÁLVARO CALLEJA

El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), se sentará en diciembre en el banquillo, esta vez junto a seis ediles del equipo de gobierno del mandato anterior, todos ellos acusados por un presunto delito contra la ordenación del territorio relacionado con la construcción del pabellón de La Herradura, cuyo proyecto se aprobó en 2005, según el fiscal, a sabiendas de que el terreno era protegido.

La fecha de juicio oral que tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril se ha fijado para el próximo 16 de diciembre, según informaron fuentes judiciales. Tanto Benavides como el resto de acusados se enfrentan a dos de años de prisión y a diez de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, según consta en el escrito del fiscal.

Después de la reciente condena a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de coacciones a la empresa adjudicataria de la televisión local de Almuñécar –sentencia recurrida ante la Audiencia–, el siguiente compromiso serio de Benavides con la Justicia guarda relación con la polémica decisión de construir un pabellón deportivo en terrenos "no urbanizables y de protección de cultivo".

El embrollo tiene su origen en una sesión de la junta de gobierno de 25 de enero de 2005 donde, previa declaración de urgencia, se aprobó el proyecto básico para la ejecución del polideportivo de La Herradura a sabiendas, según el fiscal, de que afectaba a suelo no urbanizable y sin que se hubiera procedido a cambiar la calificación de los terrenos. Además de Benavides, los que hicieron posible su aprobación fueron los concejales Jesús García Alabarce, Miguel Ávila, Emilio González Pavieso, José Rodríguez Jaime, María Victoria Ruiz y Dolores Rull.

El complejo deportivo se inauguró el 22 de marzo de 2007 y fue el 15 de mayo de ese mismo año cuando se informó en el pleno de que la construcción se había realizado sobre suelo urbanizable sectorizado de equipamientos, poniéndolo en conocimiento de la Junta dos días más tarde.

El ministerio público también solicita en concepto de responsabilidad civil que se restaure la legalidad urbanística. Para ello, no descarta la demolición del pabellón, cuyas costas, según el fiscal, deben correr a cuenta de los acusados.

Por este asunto, Benavides logró apuntarse una victoria al menos momentánea después de que el Juzgado Contencioso Administrativo 3 de Granada desestimara el recurso presentado por la Junta de Andalucía por un problema de forma.

La administración autonómica, que anunció el pasado mes de mayo que recurriría el fallo, presentó la revisión de oficio fuera del plazo reconocido por la normativa de Régimen Local. El juez entendió que la decisión municipal se ajustó a derecho en base a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) que permite autorizar actuaciones de interés público en el supuesto de que se destinen a utilidad pública o interés social.