Benavides dice que no encuentra una empresa para ejecutar una sentencia de demolición parcial en Marina del este

El ayuntamiento está burlándose de la justicia y de los ciudadanos al retrasar con distintas estratagemas la ejecución de una sentencia que declaró ilegales 32 viviendas de Marina del Este autorizadas por Benavides en 1997 y obligaba a la demolición de aquellos elementos de la construcción que estaban fuera de la legalidad.

Los propietarios de esas casas de la Urbanización El Faro están indignados con Benavides al que consideran responsable de la situación de ilegalidad en que se encuentran sus viviendas.

Hace ya dos años y medio, el 12 de marzo de 2007, el TSJA dictó sentencia obligando al ayuntamiento a demoler el exceso de edificación construido en la urbanización. Pues bien, desde esa fecha están los vecinos esperando que la sentencia se ejecute mientras sus viviendas siguen en una situación de total ilegalidad. De nada han valido los escritos de los vecinos ni las órdenes terminantes del Juzgado para que proceda de forma inmediata a la demolición parcial de la obra.

La última estrategia de Benavides en este tema, después de una larga serie de informes y contrainformes que sólo pretendían dejar pasar el tiempo, ha sido la de sacar las obras de demolición parcial a concurso. En lugar de hacer un concurso público, Benavides acordó sacar las obras a concurso negociado sin publicidad. Invitó al concurso a las empresas siguientes:

• HNOS. GARCÍA MOTRIL S.L.
• EXCAVACIONES Y CONTRATAS DE ALMUÑÉCAR S.L.
• MARTÍN CECILIA RIVAS
• ANTONIO BARNET LIGERO
• CONSTRUCCIONES SANTA COLINA S.L.

El concurso ha quedado desierto porque ninguna de estas empresas ha querido hacer las obras. Resulta increíble que no haya ninguna empresa que quiera hacer esta obra. Es evidente que si el alcalde quisiera llevar adelante esta obra habría encontrado, no una sino cuarenta empresas dispuestas a hacer la obra.

El caso recuerda bastante a lo ocurrido a los vecinos del bloque Tropicana que han tenido que esperar cinco años para que se construya un simple muro de protección que habían ganado en los tribunales. También en este caso el ayuntamiento se encontraba con que no había empresas dispuestas a hacer la obra.

Para seguir perdiendo el tiempo, el acuerdo de la última Junta de Gobierno no ha sido el de sacar las obras a concurso público o acometerlas directamente sino el de pedir a los servicios técnicos un informe sobre qué empresas podrían hacer ese trabajo. La resolución es de una desfachatez total, pues esta petición de informe ya la podía haber hecho el alcalde el mismo día que supo que ninguna empresa de las invitadas se iba a quedar con la obra.

Es lamentable que actuaciones como esta queden impunes cuando suponen un evidente desacato a la justicia y una tomadura de pelo a los vecinos que piden una solución al problema de sus viviendas.