El alcalde se ríe de una sentencia ganada por un policía municipal

El Alcalde de Almuñécar ha acordado hacer una burda ejecución de la Sentencia Nº 235/06 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Granada, confirmada por Sentencia Núm. 481 de 2008 del TSJ de Andalucía.

En dicha sentencia se acuerda ‘Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Manuel Fernández Ledesma' y ‘Anular la resolución del ayuntamiento de Almuñécar de 2 de Junio de 2005, por ser contraria a Derecho.' La resolución de la que se habla es el cese caprichoso de este empleado como sub-inspector de la policía local.

Para no ejecutar la sentencia, el equipo de gobierno argumenta que esa plaza ya no existe y que no hay presupuesto, por lo que no lo reintegran a su puesto de sub-inspector, dándole una limosna de 5.892,43 euros en base a los complementos no cobrados en los meses transcurridos desde que este hombre ganó el juicio.

Los argumentos son absolutamente torpes y serían irrisorios, si no fuera por la gravedad que tiene esta serie infinita de burlas a la ley. La plaza no existe porque la han suprimido y su obligación es volverla a crear. Igual que han creado una plaza nueva de notificador y dos de inspectores para que pueda funcionar la recaudación, pueden y deben crear la plaza para este hombre que la ha ganado en los tribunales.  Y si no hay presupuesto para esa plaza, se saca del presupuesto genérico de personal o se modifica el presupuesto, que es lo procedente y lo que el alcalde hace continuamente para dar cobertura a sus caprichos.

El argumento utilizado por el equipo de gobierno es inadmisible, si tenemos en cuenta que cuando el señor alcalde convocó el inútil referéndum del PGOU, el presupuesto para actos de este tipo era de 6.000 euros, lo que no le impidió gastarse, según sus propios datos, 79.659,69€.

La actuación de la Junta de Gobierno en este asunto no puede ser calificada más que como  burla al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Con la misma desfachatez con que Benavides adjudicó la recaudación municipal diez días después de que un Juzgado acordara de manera firme la suspensión cautelar de ese concurso, ahora incumple la sentencia ganada por el policía local Manuel Fernández Ledesma en lo que supone un claro delito de desobediencia.

El capricho  y rencor de Benavides, cesando en su día al sub-inspector de policía local, está suponiendo un nuevo gasto extra para los almuñequeros. De nuestros impuestos tendrán que salir también los gastos judiciales originados por esta decisión y los gastos por la indemnización que, como trabajador, le corresponde al policía local represaliado.

IU quiere manifestar su apoyo a este trabajador y le anima a ejercer las acciones legales que estime pertinentes en defensa de sus derechos.