Chamizo: Más rigor contra el delito urbanístico

Granada Hoy. Editorial

EL informe de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz sobre urbanismo y ordenación del territorio, que compila dictámenes anteriores sobre las mismas materias, ha pasado en esta ocasión al terreno de las propuestas legislativas.

A partir de las experiencias compartidas con la red de fiscales medioambientales que funciona en Andalucía desde hace varios años, José Chamizo ha concluido que las imprecisiones técnicas y lagunas del vigente Código Penal en relación con los delitos contra la ordenación del territorio hacen necesaria su reforma "con carácter urgente" para asegurar una lucha más eficaz contra la delincuencia urbanística que prolifera en esta comunidad autónoma.

El Defensor, que ayer hizo entrega de su informe a la presidenta del Parlamento, concreta incluso una de las modificaciones penales que promueve: aumentar de dos a tres años la pena de prisión por delito urbanístico (actualmente se sitúa entre los seis meses y los dos años).

La casuística es, desde luego, discutible, pero no el sentido último perseguido, que es el de aumentar el rigor con que la sociedad debe sancionar las conductas delictivas que tanto daño hacen al interés público en Andalucía.

También responden a un amplio consenso social la denuncia de la existencia de al menos mil urbanizaciones ilegales en territorio andaluz y la escasa diligencia de las administraciones públicas en su persecución (menciona expresamente el uso ilegítimo de licencias teóricamente concedidas para construir "casas de apero", que en realidad acabando siendo residencias y chalés) y la posibilidad de imponer una moratoria urbanística para edificaciones en torno al litoral a fin de evitar que continúe su degradación.

Chamizo, que expresamente denuncia la falta de actuación de los ayuntamientos para impedir los desafueros urbanísticos que se cometen delante de sus narices, ha dado una voz de alarma que merece ser tenida en cuenta y considerada por los gobernantes de los distintos niveles y por los legisladores. La solvencia con que elabora sus informes y la independencia de la institución avalarían la conveniencia de que el informe del Defensor no caiga en saco roto.