IU denuncia otro nuevo gasto derivado del cambio en la empresa de recaudación

La Junta de Gobierno Local del 9 de noviembre ha aprobado adjudicar a una empresa privada la gestión y tramitación de los expedientes catastrales ante la Gerencia Territorial del Catastro. La empresa adjudicataria se llama Servicios Catastrales Arevalta y va a cobrar 69.571 euros en seis meses por este servicio.

IU considera que este nuevo gasto no se habría producido si la recaudación siguiera en manos de la Diputación, ya que los funcionarios de la APAT están realizando esta tarea de forma gratuita en todos los municipios en que la recaudación está a su cargo.

Tal y como avisó IU, la recaudación nos va a salir bastante más cara que antes de privatizarla. Es cierto que la comisión que percibe la empresa privada a la que se le ha adjudicado la recaudación, es algo inferior a lo que cobraba la Diputación de Granada, pero no es menos cierto que esta empresa no puede hacer, y de hecho no está haciendo, muchas gestiones que antes realizaba la Agencia Tributaria de la Diputación. Al no tener funcionarios en su plantilla, la mayor parte de las gestiones de recaudación las tienen que hacer los empleados públicos del ayuntamiento. Actualmente, esto se está concretando en una sobrecarga de trabajo de los funcionarios municipales de esa área que se ven desbordados.

Para realizar gestiones que antes llevaba a cabo la Agencia Tributaria de la Diputación, el Ayuntamiento ha tenido que ampliar la plantilla creando cinco plazas que en conjunto van a costar al contribuyente 179.961,46€ cada año. Las plazas ya incluidas en los presupuestos son las de Notificador, Auxiliar de Inspección Fiscal, Jefe del Servicio de Rentas, Jefe de Contabilidad y un Técnico de Administración Financiera.

A estos costes hay que añadir el servicio de gestión de las multas. Recordemos que la empresa que gestiona las multas cobra cada año 155.440 euros, y este trabaja se hacía antes entre los empleados del ayuntamiento y la Apat, así que, redondeando, entre la empresa de las multas, los nuevos empleados del ayuntamiento y la empresa que hará las gestiones ante el catastro, estamos hablando de un gasto nuevo e innecesario por más de cuatrocientos mil euros al año.

En su día, el Partido Popular de Almuñécar alababa la privatización del servicio de recaudación, porque, según las cuentas que manejaba, esa medida iba a suponer un ahorro al municipio. Ahora se demuestra que mentían para justificar una decisión tan injusta como desastrosa, y que el único fin perseguido ha sido el de intercambiar determinados puestos en la mancomunidad y el Ayuntamiento de Almuñécar, a costa, claro, de los impuestos de los almuñequeros.   

Esta torpeza caprichosa de Benavides, que fue apoyado por los cinco concejales del Partido Popular, ha empeorado el servicio a los ciudadanos, ha bajado de forma estrepitosa los porcentajes de recaudación y, para colmo, ha disparado el gasto que va a suponer al Ayuntamiento de Almuñécar la gestión de la recaudación. Pero los despropósitos no se quedan ahí, ya que Benavides y los que lo han apoyado han creado unos empleos precarios y mal pagados en la nueva empresa privada, en la que el único beneficiado es el gerente, que a la sazón es concejal del Partido Popular. Es decir, todo inconvenientes y ninguna mejora en este cambio a peor.