La Fiscalía ve delito en la protesta de Sánchez Gordillo que hizo cambiar el trazado de la Vuelta

Mientras a otros los denuncian por corruptos, a este alcalde lo denuncian por defender a los trabajadores del campo

El fiscal cree que el diputado andaluz de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo y el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, pudieron cometer un delito en las protestas que lideraron en Córdoba el 14 de septiembre y obligaron a cambiar el trazado de la Vuelta Ciclista.

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal recuerda que en aquella fecha se situaron unos 1.500 trabajadores del campo de toda Andalucía, «liderados» por Sánchez Gordillo y Cañamero, en el municipio cordobés de El Carpio con el objetivo de reivindicar mejoras laborales para los trabajadores del campo.  

En el escrito, el fiscal afirma en primer lugar que la intención de los trabajadores, situados en los márgenes de la antigua carretera N-IV a su paso pro El Carpio, era interrumpir el recorrido de la Vuelta Ciclista a España, objetivo que impidió la Guardia Civil, si bien, los agricultores ocuparon la calzada alzando los brazos cuando los ciclistas pasaban por allí, por lo que la carrera tuvo que modificar su recorrido.  

Además, el Ministerio Público explica que el mismo día, el representante de la empresa Euroexplotaciones Agrarias S.A. interpuso una denuncia ante la Guardia Civil de Montoro (Córdoba) por la ocupación por diferentes personas de la finca de la «Buenavista», propiedad de la Duquesa de Alba en El Carpio.

El fiscal recoge que en estas acciones, Sánchez Gordillo y Cañamero podrían haber incurrido en delitos de usurpación de propiedad y desordenes públicos, junto a veintiuna personas más. El escrito del fiscal añade que la decisión sobre la posible imputación como responsable de Sánchez Gordillo, al ser un miembro del Parlamento de Andalucía, debe corresponder al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía