IU pregunta al alcalde qué medidas va a tomar en relación a la sentencia de Los Pinos

La reciente sentencia del TSJA declarando la ilegalidad de 51 viviendas en Los Pinos es una más de una larga serie que no tiene visos de parar, sino todo lo contrario. Lo más lamentable de esta situación es que al final son los ciudadanos de a pie los paganos de todo. Si hay que demoler edificios, van a ser perjudicados los propietarios de esos edificios y los contribuyentes, que tendremos que pagar más impuestos para poder indemnizar a estos propietarios a los que se ha estafado.

En el tema de las viviendas de los Pinos habrá, sin duda, varios culpables; entre ellos, los concejales que votaron a favor de esa ilegalidad. Pero está claro que en ese expediente había unos informes técnicos que avalaban la legalidad de la operación. Es necesario que el alcalde explique qué medidas va a tomar en relación al autor o autores de estos informes.

Por los datos de que disponemos en estos momentos, el tema no estaba claro desde el principio. Al conocer el alcance de lo que se pretendía hacer, algunos ciudadanos presentaron alegaciones razonadas, pero los técnicos que informaron esos proyectos las desestimaron, argumentando que "pretenden invalidar una escrupulosa tramitación urbanístico-administrativa con apelaciones a la ética".

El lenguaje es el mismo que se sigue utilizando cada vez que desde IU alegamos en contra de algún proyecto que consideramos contrario a la legalidad. También en aquella ocasión, el informe terminaba asegurando que el procedimiento seguido "se ajusta plenamente a la legislación urbanística". Pues está claro que no se ajustaba a la legalidad, según todas las sentencias que ha habido sobre este tema, que no son pocas.

En el mismo sentido, IU pide al portavoz de Convergencia que explique públicamente los motivos que llevaron a su grupo a votar en contra de aquella operación urbanística de Los Pinos. Es de suponer que algo raro verían si votaron en contra. Pues lo que deben hacer ahora es explicarlo en lugar de decir que la Junta quiere echar de su casa a unos ciudadanos. Es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que en defensa de la legalidad, ordena poner las cosas en su sitio, y ahora tendrá que ser el ayuntamiento, que para eso es el máximo responsable de la legalidad urbanística, el que estudie la forma de acabar con esa ilegalidad en lugar de pretender ampararla.

Desde IU volvemos a denunciar la incapacidad del ordenamiento legal para acabar con la corrupción urbanística ya que entre las primeras denuncias y las sentencias definitivas pasan ocho o diez años. Dicho lo cual, en este tema, no se puede acusar a la Junta de actuación tardía ya que la licencia se otorgó en enero de 2002 y la denuncia de la Junta se puso dos meses después, en marzo. Tras varias sentencias que han ido dando la razón a la Junta en todos los casos, el ayuntamiento y la promotora han recurrido una y otra vez. Ese es el motivo de que este tema se haya dilatado ocho años y aún puede que más si se recurre al Supremo.