La necesidad de la ruptura republicana

Amanda Meyer. Secretaria de Comunicación Interna de IU

La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna.
(Art. 46 Constitución republicana 1931) 
 
Cuando se cumple, este próximo 14 de abril, el aniversario de la 2ª República, no nos queda más que hacer balance del proceso democrático de nuestra sociedad y preguntarnos cuál es el alcance del sistema democrático en el que vivimos y cuán profundo puede y debe llegar a ser.
 
Y la respuesta es que es necesario e imperioso que se de en nuestro país un proceso constituyente, radicalmente democrático, que tenga como objetivo la constitución de una sociedad republicana y federal, sustentada sobre la base de una democracia participativa, en la que la ciudadanía sea el principal sujeto de intervención política.
 
Porque, como dicen nuestros documentos, “la monarquía es la negación de la igualdad ante la ley al considerarla inviolable e irresponsable, y con privilegios y derechos por razones de nacimiento. No habrá democracia plena, si aún existen ámbitos del Estado al margen de la elección popular”. 
 
Porque nuestro sistema político ha llegado a un punto de inflexión y de retroceso democrático. Un sistema que no interviene directamente en la economía y que deja sin asistencia a 4 millones de personas que se encuentran en el paro, 1 millón sin ningún tipo de prestación, familias desahuciadas por la banca, jóvenes que no encuentran su primer empleo o que ven cómo sus condiciones de trabajo son 5 veces peores que la de la anterior generación, mujeres que viven una situación estructural de empobrecimiento sin que desde las administraciones se intervenga para cambiar la situación.
 
Un sistema que asiste impasible a los casos de corrupción política mientras se produce un proceso de desafectación democrática entre la ciudadanía que no se siente identificada con la clase política y que ve como reina la impunidad y los dobles raseros de la justicia entre los poderosos.
 
En la semana en que se conmemora el 79 aniversario de la promulgación de la IIª República española, las gentes de IU vemos con estupefacción los acontecimientos que se suceden en nuestro país.
 
No deja de sorprender que dos años y medio después de la promulgación de la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007), no exista una voluntad política clara y definitiva de hacer efectivo su cumplimiento por parte de las administraciones del PSOE, ni que decir tiene que es una Ley tramposa e insuficiente que ni siquiera recoge la principal aspiración de las víctimas de la Dictadura, esto es, la nulidad plena de todos los juicios militares sumarísimos por los que fueron asesinadas, torturadas y encarceladas cientos de miles de personas. No sólo no se está cumpliendo con el objetivo de utilizarla como herramienta para el conocimiento de nuestra historia, para que la sociedad española y las nuevas generaciones conozcan la realidad de los y las que padecieron la persecución por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas, durante los años de la guerra civil y de la posterior dictadura fascista, para que se les honre, en definitiva, para fomentar la memoria democrática, sino que, además, no se están cumpliendo los protocolos normativos que contiene la ley para reparar y hacer justicia con los afectados directos de la represión franquista.
 
En este contexto, dos años y medio después de la promulgación de la Ley de Memoria, 32 años después de la promulgación de la Constitución de 1978, asistimos al enjuiciamiento del Juez Garzón, por parte del Tribunal Supremo, por instruir, desde la Audiencia Nacional, la causa de las desapariciones de la dictadura fascista, a instancia de la denuncia de algunas de las asociaciones de defensa de la memoria, porque en pleno Siglo XXI, en España, aún existen desaparecidos y desaparecidas de la guerra civil y la dictadura en fosas comunes. Y todo ello, pese a que la ley internacional impide amnistiar los crímenes más graves en derecho internacional, crímenes de lesa humanidad como los cometidos por los franquistas, por mucho que así lo decidieran normas nacionales.
 
En una sociedad verdaderamente democrática nunca puede quedar por encima del ordenamiento jurídico una ley como la de la amnistía de 1977, nuestra particular ley de punto final, y situar por debajo la propia Constitución de 1978, los Convenios Internacionales de Derechos Humanos y la legislación de Derecho Penal Internacional. No podremos avanzar en nuestra democracia hasta que no se haga un verdadero ejercicio de justicia y verdad con las víctimas del franquismo y sus verdugos y mucho menos cuando esos intentos de reparación sean contestados desde las altas instancias jurídicas de la manera en que el Tribunal Supremo ha intervenido en el caso Garzón.
 
En este contexto, desde IU decimos alto y claro que urge un proceso constituyente para la regeneración democrática, que amplíe y garantice el contenido de derechos sociales de la Constitución de 1978, que apueste por la intervención de los poderes públicos en la economía para que ésta se sitúe al servicio de los hombres y mujeres de nuestra sociedad, y no al revés.
 
Hoy, más que nunca, las gentes de Izquierda Unida abogamos por un proceso constituyente, que desemboque en la IIIª República.