La ilegalización legal de la izquierda
Se sigue delimitando la frontera entre dictadura y democracia por una línea perfectamente definida, pero se trata de un gran error. El límite entre democracia y dictadura puede ser más nebuloso de lo que se piensa. Por ejemplo, todos coincidiremos en que si se ilegalizara a los partidos que existen en España más a la izquierda del PSOE sería un clara muestra de régimen dictatorial. Esa era una de las características que poseía el franquismo.
Pero los tiempos cambian y las técnicas se perfeccionan. Hoy existen modos de “ilegalizar” mucho más sutiles, imperceptibles. Pensemos para qué quieren unos ciudadanos un partido político. Pues, por ejemplo, para presentarse a unas elecciones y lograr representantes en consonancia ideológica con los principios de ese partido.
El sistema moderno adjudica unos fondos públicos desproporcionados y desiguales para cada partido. En marzo se hizo público el informe del Tribunal de Cuentas referido a la fiscalización de los partidos políticos durante 2006. Se supo que entre todos recibieron ese año 193,1 millones de euros en ayudas públicas. Pero casi todo se lo quedaron los dos mayoritarios: PSOE (junto con PSC) que recibió 74'7 millones, y PP con 64,8. Y por si fuera poco los bancos les condonan las deudas, el informe también señala que al PSOE y PSC varias entidades financieras le condonaron 40 millones.
Pero hay más vías para que los grandes consigan dinero. Ahí está la trama de financiación ilegal del Partido Popular, donde el auto del juez que investiga el caso afirma que el tesorero de ese partido recibió 1.353.000 euros de la trama de corrupción. El PP se defiende recordando el caso Filesa de financiación ilegal del PSOE, pero la verdad es que, terminen como terminen estos juicios, nunca se plantea que si los dos grandes partidos utilizan financiación ilegal para sus campañas electorales, no puede ser legal el resultado de esa elecciones.
Para asegurar mejor el funcionamiento del sistema también está la legislación electoral. Según ella, en las elecciones municipales de 2007, IU con 1.216.443 votos consiguió 2.033 concejales; pero PSOE con 7.758.093 consigue 24.026 y PP con 7.914.084 consigue 23.347 concejales. Es decir, con seis veces más votos los partidos mayoritarios consiguen doce veces más concejales.
Al año siguiente, en las elecciones generales, Izquierda Unida necesitó medio millón de votos para cada diputado, mientras otros partidos con esos votos alcanzaban diez diputados. A los dos partidos mayoritarios les bastaban 67.000 votantes para cada diputado. En realidad tampoco es que IU necesitara medio millón de votos por diputado, fue mucho peor, los diputados los consiguió, uno con 163.633 votos en Madrid y otro con 154.300. El resto, 745.008 votos, no sirvieron para nada según establece la legislación electoral gracias a la circunscripción provincial.
Tras dos años de discusión de posibles modificaciones de la ley electoral para terminar con esa injusticia, los partidos mayoritarios -PSOE y PP- deciden el pasado mes de marzo en la subcomisión del Congreso no corregir esa desproporcionalidad, incluso en contra del criterio del Consejo de Estado. Todo queda igual.
Pero un partido no sólo existe para lograr cargos públicos, también puede servir para hacer llegar a la sociedad determinadas ideas, propuestas, valores o movilizaciones. Para ello parece lógico que los medios de comunicación, en especial los públicos, cumplan con su responsabilidad de pluralidad. En el pasado mes de marzo, ni un solo representante de Izquierda Unida, ni un solo segundo, apareció en los informativos de TVE de Madrid. Y ello a pesar de que la coalición generó más de cincuenta notas en las que recogía sus valoraciones políticas, las denuncias constantes sobre el estado de los distritos y los barrios de la capital o sus propuestas alternativas.
Podría, por último, quedarnos el consuelo de que al menos la democracia sirva para poder hacer justicia con la represión que sufrió la izquierda durante la dictadura. Pero ahí tenemos al juez que lo ha intentado sentado en el banquillo.
En conclusión, que no hace falta ilegalizar a nadie, el modelo funciona con la precisión de un reloj para garantizar la ilegalización mediante la legalidad. Ni Tejero lo hubiera hecho mejor.
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