Las pensiones, el nuevo botín de la banca

Attac

Hace unos meses el gobierno español lanzó un “globo sonda” al anunciar que estaba estudiando alargar la vida laboral hasta los sesenta y siete años. Con dicho anuncio el gobierno tenía como objetivo averiguar cuál era el grado de apoyo potencial que tendría la medida en caso de aplicarse.

La masiva respuesta social en contra consiguió frenar la medida. Sin embargo, tal anuncio también consiguió recuperar, y poner encima de la mesa, un debate que cada poco tiempo asoma en la vida política y económica: la supuesta insostenibilidad del sistema público de pensiones.

El debate, como decimos, no es nuevo. Los partidarios de la privatización del sistema público de pensiones llevan muchos años elaborando gran cantidad de trabajos académicos en los cuales se desarrollan diversos modelos econométricos y matemáticos que, partiendo de unas determinadas hipótesis de partida, acaban supuestamente revelando que el actual sistema de pensiones está condenado al fracaso. Éste necesitaría, en consecuencia y según esta opinión, ser reformado y sustituido por uno privado lo antes posible. Sin embargo, un análisis más profundo de dichos trabajos rápidamente hace emerger a la superficie aquellas ideas que se encuentran atrapadas tras las ecuaciones de los modelos.

Es ideología, y no ciencia, lo que aparece cuando el halo de cientificismo desaparece de la escena. No obstante, y como ocurre en cualquier truco de magia, muchas han podido ser las personas engañadas y estafadas por el camino.

Y ese es el principal objetivo de tales informes: avivar el miedo de los ciudadanos a quedarse sin la que es la principal fuente de ingresos durante la jubilación. Pero, ¿qué hay detrás de esta amenaza permanente al sistema de pensiones público? La respuesta hay que buscarla en la evolución reciente de las finanzas. El crecimiento extraordinario de los flujos financieros, y su conversión en un ámbito en donde se pueden obtener hoy día ganancias privilegiadas, ha hecho especialmente atractivo para los intereses privados la gestión de los recursos que movilizan las pensiones públicas.

Y más allá del papel pernicioso que tienen los movimientos financieros de los fondos de pensiones privados la cuestión está clara: son un instrumento más, y cada vez más importante, para el beneficio de los bancos y las entidades financieras en general

Éstas se han convertido en un botín con el que muchas entidades privadas sueñan quedarse. Una de las nuevas líneas de negocio abierta por los bancos en las últimas décadas tiene que ver con los fondos de inversión colectiva y, en particular, con los fondos de pensiones. Esta forma de negocio se caracteriza porque el banco recoge dinero de diferentes clientes, forma un fondo con ellos e invierte en los mercados financieros en busca de su revalorización. Si ésta se produce se devuelven ganancias financieras al cliente después de que el banco se haya quedado con la mayor parte. Y más allá del papel pernicioso que tienen los movimientos financieros de los fondos de pensiones privados la cuestión está clara: son un instrumento más, y cada vez más importante, para el beneficio de los bancos y las entidades financieras en general. Y el obstáculo principal que enfrentan es la supervivencia del sistema público de pensiones, que desvía hacia el Estado recursos económicos que los bancos buscan para proseguir sus lucrativas actividades económicas.

En España los fondos de pensiones privados han pasado de representar un 0’04% sobre el PIB en 1989, a significar un 8’39% del PIB en 2009. Una tendencia similar a la del resto de países desarrollados, a pesar de que el grado de evolución de este mercado es muy distinto entre los diferentes países, ya que obviamente depende de la fortaleza del sistema público de pensiones.

En todo caso, en los últimos diez años tampoco esta fórmula de ahorro se ha mostrado capaz de cumplir sus promesas, ya que el 96% de los fondos privados ofrecía una rentabilidad menor que la inversión.

La sostenibilidad del sistema público de pensiones ha sido demostrada en numerosas ocasiones, a pesar de tener que enfrentar un ataque mucho mejor organizado y con más recursos, pero también es fuerte el apoyo que el sistema público tiene de la población. Un reciente estudio indicaba que un 75% de los españoles considera que el Estado tiene “mucha” responsabilidad a la hora de asegurar una pensión suficiente para las personas jubiladas, frente a un 22,4% que considera que tiene “bastante” responsabilidad y un insignificante 2,6% que considera que tiene “poca” o “ninguna” responsabilidad.

No es, definitivamente, la sociedad la que no puede soportar por más tiempo un sistema público de pensiones. La sociedad puede y debe mantener dicho sistema. Son los bancos quienes desean acabar con este sistema para aumentar sus volúmenes de negocio y poder competir en mejores condiciones con otros bancos extranjeros