IU exige que se retiren las denuncias presentadas a raíz de las protestas contra el trasvase del río Castril

El coordinador provincial de IU-CA en Granada, Manuel Morales, ha exigido a la Subdelegación del Gobierno que se retiren las denuncias presentadas contra algunos detractores del trasvase a Baza por considerar que son “represivas” y suponen un “ataque directo” al derecho de los ciudadanos a manifestarse.

El dirigente de izquierdas ha mostrado este miércoles su apoyo a los vecinos de Cortes de Baza y al presidente de la Plataforma por la Defensa del Río Castril, Miguel Ortiz, tras conocer que este último ha sido citado a declarar por un juzgado de Baza en calidad de imputado por un delito de reuniones o manifestaciones ilícitas, a raíz de las movilizaciones desarrolladas en las últimas semanas en contra del trasvase a Baza.

Para el coordinador provincial de IU, ha exigido a la Subdelegación que retire las denuncias efectuadas hasta el momento y que “en lugar de actuar con represión escuche las razones que llevan a un pueblo entero a tirarse a la calle” para “defender su modo de vida”.

“Si pasearse por un paraje determinado y ver el desarrollo de unas obras es un delito, nosotros nos autoinculpamos porque también hemos estado en este lugar”, clamó Morales, que ha advertido al subdelegado del Gobierno, Antonio Cruz, que “no se puede meter en la cárcel a todo un pueblo” por protestar por este trasvase, ya que a su entender “el problema no es la gente, sino las obras”.

La citación judicial al presidente de la Plataforma en Defensa del Río Castril se produce después de la Guardia Civil le haya denunciado al menos en dos ocasiones, el 24 de agosto y el 3 de septiembre, como “organizador” de dos concentraciones no autorizadas por la Subdelegación del Gobierno en el paraje Matamolinos de Cortes de Baza (Granada) para impedir la continuidad de las obras del trasvase.

En las comunicaciones remitidas a Ortiz por la Subdelegación del Gobierno se le advierte de que estos hechos, sin perjuicio de lo que resulte en la instrucción, pueden ser sancionables con una multa de hasta 3.000 euros en el caso de la primera protesta y de 4.000 en la segunda.