El Congreso aprueba la moción de IU contra la congelación de las pensiones

29-9-2010. El Pleno del Congreso aprobó ayer la moción de Izquierda Unida en la que se reclama la suspensión en la congelación de las pensiones en el próximo año, a pesar de la oposición del Grupo Socialista.

La moción, que exige el respeto al Pacto de Toledo, pide también que se mejoren los niveles de protección social y que se aplique por fin el acuerdo de pensiones de 2006, en referencia al régimen de pensiones de las empleadas del hogar y a la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en trabajos penosos, tóxicos o peligrosos. Aunque respecto a estos últimos puntos, la moción fue aprobada por unanimidad, el referente a la congelación de las pensiones tuvo que afrontar los 166 votos en contra del Grupo Socialista, quedando finalmente aprobado con 168 votos a favor y ocho abstenciones.

TEXTO ÍNTEGRO DE LA MOCIÓN APROBADA AYER EN EL PLENO DEL CONGRESO

A LA MESA DEL CONGRESO DE DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Moción consecuencia de la Interpelación urgente sobre las propuestas del Gobierno para reformar el sistema de pensiones para su debate en el Pleno de la Cámara.

Suspender para 2011 la revalorización de la mayoría de las pensiones y promover un recorte en las prestaciones del sistema aumentando el periodo de carencia para obtener la pensión, el número de años para calcularla o prolongando la edad legal de jubilación, deja pocas dudas sobre el giro social del Gobierno.

Giro evidente a corto plazo en la gestión de la crisis, pero también en los planteamientos de fondo del Gobierno, con una reforma laboral regresiva y un planteamiento en materia de pensiones que afectan a la estructura de los derechos laborales de los trabajadores y de nuestro sistema de protección social.

Con sus actuaciones y propuestas unilaterales en materia de pensiones el Gobierno está desestabilizando el Pacto de Toledo y aislando a los agentes sociales, despreciando la importancia del consenso social y político para procurar reformas en el capítulo más importante de nuestra protección social. Y también está alimentando un clima de desconfianza y desconcierto sobre el futuro de nuestras pensiones, justificando recortes drásticos por la teórica inviabilidad del sistema a medio plazo y animando a los ciudadanos a contratar planes privados.

Sin embargo, el sistema cuenta con un importante fondo de reserva y se ha mostrado sólido frente a la crisis, y son precisamente los planes privados los que muestran dificultades. Y a medio plazo, frente al determinismo demográfico y a cierto catastrofismo, nuestro sistema de pensiones es sostenible y susceptible de mejoras.

Recortar prestaciones cuando las pensiones en nuestro país son relativamente reducidas y el gasto en protección social, y en pensiones en particular, es de los menores de la UE-15, es una renuncia a consolidar un pilar básico del Estado social.

El gasto en protección social en España representa el 21% del PIB frente al 26,9% de la UE-15, destinamos el 9% de nuestro PIB a pensiones (12% como promedio en la UE-15) y la pensión contributiva media española se sitúa aproximadamente en el 70% de la pensión media comunitaria. Ni siquiera es cierta la pretendida generosidad de nuestras pensiones con relación a los salarios en activo, ya que en nuestro país la tasa de reemplazo media de las pensiones es del 65% frente a una tasa promedio de la UE-15 del 68%.

En este contexto, existen propuestas viables para consolidar el sistema público de pensiones frente a la intención de recortar la cuantía media de las prestaciones y precarizar nuestra protección social. Entre otras, fórmulas de jubilación flexible que pueden ser desarrolladas o actuaciones sobre los ingresos, culminando efectivamente el proceso de separación de fuentes de financiación y mejorando los recursos propios del sistema ampliando las bases de cotización.

La renovación del Pacto de Toledo debe hacerse mediante un acuerdo social y político del que son parte los interlocutores sociales. Y es preciso señalar, además, que todavía debe culminarse el cumplimiento del Acuerdo de Pensiones de 2006. La eficacia del diálogo social se cuestiona cuando los acuerdos no se cumplen íntegramente.

Considerando todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, formula la siguiente Moción consecuencia de Interpelación urgente:

”El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1.- Culminar el cumplimiento del Acuerdo de Pensiones de 2006 en materia de convergencia en el Régimen General de los Regímenes Especiales Agrario por cuenta ajena y de Empleadas de Hogar, y en cuanto al procedimiento para la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación para trabajos especialmente penosos, tóxicos y peligrosos.

2.- Respetar el consenso político en el marco del Pacto de Toledo y los acuerdos fruto de la concertación social, para acometer cualquier modificación en materia de pensiones.

3.- Impulsar las reformas necesarias que mejoren los niveles de protección social y garanticen la sostenibilidad del sistema.

4.- Suspender la congelación de las pensiones en el año 2011 para asegurar el mantenimiento de su poder adquisitivo.”