«Es peor que Franco», dice uno de los despedidos de Almuñécar

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Enrique Hernández, que debe ser readmitido o indemnizado, asegura que si no hay más demandas es por «temor a las represalias»

Enrique Hernández trabajó durante 30 meses para el Ayuntamiento de Almuñécar, institución que preside Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza). Durante ese tiempo, firmó seis contratos temporales consecutivos. El último venció el pasado 30 de junio, cuando fue despedido.

Enrique, que tiene cinco hijos y está en paro, demandó al Consistorio sexitano y un juez acaba de darle la razón: debe ser readmitido -una posibilidad bastante improbable- o indemnizado. La razón: el Ayuntamiento se sirvió de Enrique, un empleado eventual, «para cubrir de modo temporal un servicio «permanente».

Efectivamente, y así lo reconoce la sentencia, Enrique desempeñó la función de auxiliar de inspección de actividades. Por ejemplo, controlaba los horarios de apertura de bares, etc.

De mensajero a inspector

En teoría, «es lo que figuraba en el Inem», iba a ejercer de «mensajero de correspondencia», pero, según afirma, la realidad es que jamás se dedicó a ese menester. «Empecé de auxiliar pero acabé siendo el inspector de actividades, porque la persona que hacía esa tarea lo dejó y me quedé yo solo. Todo el mundo en Almuñécar sabe que yo era el inspector. Basta con preguntar en cualquier negocio», detalla Enrique el, cuando menos, anómalo funcionamiento del Ayuntamiento sexitano.

Pese a su victoria judicial, o quizá por ello, Enrique ha decidido que no piensa callarse. Afirma que había «mucha gente» en su misma situación, pero sólo dos acudieron a los tribunales: él y un compañero que prefiere dejar estar las cosas -ambos casos se vieron a la vez y con idéntico resultado: la condena del Ayuntamiento de Almuñécar-.

Según el sindicato UGT e Izquierda Unida, a principios de este año había en el Consistorio sexitano más de 90 trabajadores eventuales en puestos que nada tenían de temporales. La intervención, el pasado mes de mayo, de la Inspección de Trabajo puso coto a esa práctica. Fue entonces cuando Enrique se encontró con la carta de despido.

Represalias

«Me consta que echaron a más personas, pero, que yo sepa, sólo hemos ido a juicio dos. ¿Por qué?: porque hay temor a posibles represalias. Temen que si denuncian pueden tener problemas con el Ayuntamiento... o no volver a trabajar nunca más allí. Lo sé porque así me lo han dicho algunas de esas personas. A nosotros mismos se nos dejó caer que si denunciábamos no volveríamos a pisar el Ayuntamiento en los próximos años. Pero a mí me da igual: no quiero callarme. Mi mujer trabaja en el Ayuntamiento y espero que no pase nada... hasta ahí podíamos llegar», afirma Enrique. Según el ex empleado municipal, la situación que ha padecido le recuerda a los tiempos de la dictadura. «Conocí poco a Franco, pero creo que esto es peor, mucho peor... También se parece a lo de Hugo Chávez», se lamenta.

Ayer, Enrique no sabía oficialmente qué iba a hacer el Consistorio sexitano tras recibir la sentencia. «Lo que sí se es que dejé un puesto de trabajo fijo de vigilante para venirme aquí y ahora estoy en la calle. Acabo de pedir la ayuda de los 400 euros porque ya se me ha agotado el desempleo. Y con cinco niños», resume Enrique.

Se da la circunstancia de que tanto él como su compañero de demanda tenían la consideración de ’colaboradores sociales’, una figura pensada para que las administraciones recurran a personas que están cobrando el desempleo para que realicen «trabajos de utilidad pública». Se entiende que esa relación debe ser necesariamente temporal, pero en Almuñécar no era así.