Juicio a Benavides por un supuesto alzamiento de bienes

Costadigital

Tras varios aplazamientos, este lunes ha tenido lugar el juicio, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Motril, sobre el supuesto alzamiento de bienes que el anterior alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, realizó cuando se separó de su mujer en julio de 2005. También, en el mismo caso, se encuentra encausados el ex secretario local de Convergencia Andaluza, Rafael Contreras, y las ex esposas de ambos.

Según señala el Ministerio Público en su escrito de calificación provisional, los dos matrimonios acordaron "en connivencia" y de mutuo acuerdo iniciar sendos procedimientos judiciales en el mes de julio de 2005 con el ánimo de eludir las responsabilidades civiles derivadas de la ejecución de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Motril, que los condenaba por las supuestas irregularidades en la gestión de la empresa de hortofrutícolas 'Tropical Fruit', controlada por el Ayuntamiento, al pago de una indemnización de más de 1,4 millones de euros, más los intereses y las costas -unos 3,4 millones de euros en total-. Así, según el fiscal, los procesados se aseguraban "obligaciones inembargables" que aminoraran su patrimonio en detrimento de los acreedores.

Concretamente, los dos matrimonios presentaron en los Juzgados de Almuñécar y en la misma fecha, el 22 de julio de 2005, la demanda de separación, que establecía la necesidad de pasar una pensión alimenticia a los hijos, a pesar de que éstos eran en los dos casos "mayores de edad, estaban emancipados, vivían de forma independiente y poseían recursos económicos suficientes". Así, Contreras y su esposa tendrían que consignar 1.000 euros mensuales a sus hijos (500 por cada uno de ellos) y Benavides y la mujer un total de 2.300 (1.150 para cada uno), trámites que, para el fiscal, tenían una "finalidad defraudatoria".

No habían transcurrido dos meses cuando los abogados de las ya ex esposas, también el mismo día, el 9 de diciembre de 2005, solicitaron una retención judicial de la pensión alimenticia, si bien las peticiones no llegaron a hacerse efectivas al acordarse la suspensión del procedimiento en ejecución por "prejudicialidad penal".

Así, para el Ministerio Público, los cuatro acusados actuaron "en connivencia" y establecieron una pensión "de forma ficticia". Además, las esposas solicitaron "la retención en origen de los emolumentos que percibían y su ingreso en una cuenta bancaria" con la "última finalidad" de "detraer la referida cantidad mensual de las responsabilidades civiles a que estaban obligados, generando así nuevas obligaciones inembargables para impedir la eficacia de un procedimiento ejecutivo de previsible iniciación a la fecha de los hechos".

Por esta razón, el juzgado de Instrucción número 2 de Almuñécar abrió en marzo de 2006 diligencias después de que la Fiscalía de Granada denunciara al regidor por la presunta comisión de un delito de alzamiento de bienes.

Pero este lunes ha tenido lugar el juicio, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Motril, en el que los cuatro acusados han estado respondiendo a preguntas para conocer si las separaciones fueron por otros motivos que no fuese los indicados por la fiscalía.

Según agencias, ambas mujeres han declarado que se separaron de sus maridos, una porque "no estaba de acuerdo en que su marido se dedicase a la política", en el caso de la ex mujer de Contreras y la otra porque era duro, ante ciertas circunstancias "ser la mujer de Benavides" en el caso de la esposa actual del ex alcalde.

La fiscalía mantiene la petición de dos años y medio de cárcel para Juan Carlos Benavides y su mujer y para Rafael Contreras su ex mujer por un delito de alzamiento de bienes.

Por su parte, la defensa de los cuatro acusados ha mantenido la inocencia por considerar que no existen pruebas de cargos para condenarlos, al no haberse podido determinar que haya existido una ocultación de bienes.

Ha mantenido también que la separación de ambas parejas fue "real" y basada en problemas particulares que tenían en esos momentos, y ha pedido que el informe policial sea anulado ya que sus conclusiones están basadas en unas grabaciones telefónicas realizadas a los acusados que han sido anuladas al no ser localizadas.

Ha apuntado también que este informe es "anacrónico" al realizarse en fecha posterior a la reconciliación de Juan Carlos Benavides con su esposa. Sobre las pensiones establecidas, han defendido que éstas eran administradas por la mujer de Benavides para hacer cargo a diferentes gastos de la casa. El juicio, que se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal número 1 de Motril, ha quedado visto para sentencia.