La decisión de la Fiscalía retirando la acusación contra Benavides por el caso Internacional School crea alarma social

Esta decisión acrecienta la desconfianza de los ciudadanos hacia la justicia.

Izquierda Unida de Almuñécar considera altamente preocupante la decisión tomada por la Fiscalía retirando la acusación contra el ex alcalde en el delito urbanístico del Internacional School. No puede ser que, de nuevo, algunos técnicos (habrá que ver cuáles) se coman el marrón en solitario.

Para IU, escapa de la lógica y del sentido común retirar la acusación a un alcalde que ha sido arte y parte en todas las irregularidades cometidas en el colegio inglés. No se puede entender el que se acepte como argumento de la defensa la afirmación de que el PGOU de 1987 no estaba vigente porque no se publicó en el BOP hasta 2009. Si se admite esta barbaridad, todos los conflictos urbanísticos de los últimos veinte años estarían basados en la nada.

La decisión de la Fiscalía deja a los ciudadanos indefensos en un pleito en el que se descartó, sin que se haya explicado el motivo, la posibilidad de que declarase como testigo el coordinador de Ecologistas en Acción, una de las organizaciones que más información ha aportado a la causa. Tras una breve charla entre el fiscal y el abogado defensor, la Fiscalía renunció a utilizar el testimonio de este ciudadano a pesar de que estaba presente en la sala porque había sido citado para declarar.

Esta sorprendente decisión de la Fiscalía se añade, en caso de confirmarse, al escándalo originado por el hecho de que parece ser que se han perdido las grabaciones telefónicas que figuraban en el sumario relativo al alzamiento de bienes. Se han perdido estas grabaciones igual que se perdieron los documentos de Tropical Fruit que servían de base para la imputación de Benavides. Igual que se perdió la denuncia falsa que supuestamente había presentado el portavoz de IU contra un ciudadano y que casualmente encontró tirada en el suelo Rafael Contreras.

Para IU, este tipo de decisiones y el extravío de documentos crean alarma social porque la ciudadanía ya no está segura de que la justicia esté funcionando como se espera de ella.

Ahora ya sólo nos queda que un tribunal declare que el divorcio de Benavides fue normal, que las pensiones pagadas a sus hijos entran dentro de la lógica y que no hubo intención alguna de hacer alzamiento de bienes.

En verdad, los ciudadanos tienen motivos sobrados para desconfiar de esta justicia en la que los poderosos siempre encuentran una escapatoria.