La alcaldesa de Almuñécar aparta a cargos de Urbanismo
Herrera prescinde de cuatro empleados municipales tras detectar irregularidades
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La alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, ha desempolvado las alfombras y realizado cambios en el organigrama del Ayuntamiento, que heredó tras haber estado durante veinte años –aunque no de forma ininterrumpida– en manos de la misma persona, Juan Carlos Benavides. Estas modificaciones no han pasado desapercibidas en un municipio acostumbrado a las polémicas políticas. La nueva alcaldesa explica los cambios debido a la percepción de «parálisis» del Ayuntamiento. «Las cosas no funcionaban», asegura Trinidad Herrera.
Así, la regidora sexitana pidió a la Junta de Andalucía que revocara el nombramiento de Arantzazu Ibarreche que estaba en el Consistorio «de manera accidental» y que tenía «un plus de productividad de mil euros». Hay más cambios. La alcaldesa ha despedido a Emilio González Pavesio, que fue nombrado por Juan Carlos Benavides coordinador del PGOU, para redactar el plan, con «un contrato de alta dirección, cobrando más que yo y sin formación, con un bachillerato», señala Trinidad Herrera.
Pero donde Herrera realmente se ha propuesto hacer cambios es en el área de Urbanismo. La alcaldesa ha abierto dos expedientes disciplinarios a dos cargos por entender que han cometido «irregularidades», apartándolos por ahora de su actividad.
Herrera ha abierto expediente disciplinario al que ha sido durante casi treinta años aparejador y arquitecto municipal, José Luis Rodríguez-Passolas Sánchez, porque «estaba simultaneando el cargo con el ejercicio de la profesión a nivel privado y lejos de pedir un expediente de compatibilidad, él lo había omitido».
Al ingeniero municipal, Julio Roldán Fontana, también se le ha abierto expediente disciplinario. El motivo es, según explica Herrera, «haber firmado una certificación de obra que no estaba hecha. Fue en 2010, se trata del cortafuegos de Peña Escrita. El ingeniero firmó que la obra estaba acabada cuando no está hecha».
Para Trinidad Herrera estas cuatro personas «seguían trabajando al servicio de Convergencia Andaluza». «Estos empleados municipales intentaban quitarme de en medio para seguir campando a sus anchas», apunta la alcaldesa almuñequera, Trinidad Herrera.
«Caza de brujas»
Los afectados ya llaman a los ceses la «caza de brujas del gobierno sexitano» y se definen a sí mismos como «represaliados». Estos empleados aseguran que la alcaldesa de Almuñécar «ha tomado represalias contra ellos» por «haberla denunciado ante la Fiscalía por corrupción urbanística».
Los empleados públicos municipales responsables informaron en dos ocasiones al Ministerio Fiscal por el caso del camping del Carambolo.
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