Izquierda Unida en el Gobierno andaluz. El compromiso debe ser con el pueblo

Observatorio de Políticas Públicas en Andalucía

Rebelión

Izquierda Unida y el PSOE acaban de formar un gobierno de coalición en Andalucía. Los objetivos de una y otro al hacerlo no son los mismos. Para el PSOE el objetivo suficiente es electoral, evitar que el PP gobierne. Para Izquierda Unida éste no puede ser un objetivo suficiente.

El Partido Popular gobierna ya en España, sus políticas son las que se imponen y van a seguir imponiéndose desde Europa, y en el terreno de la correlación de fuerzas sociales y simbólicas es hoy la opción que dispone de la hegemonía. A esa tendencia no ha sido ajena Andalucía, en donde se ha conformado una amplia mayoría social en torno al consenso neoliberal y en la que se alinean, no sólo la mayoría nominal de los votantes del PP sino también aquella parte de los sectores que apoyan al PSOE y que creen en el carácter inevitable de los recortes orientados a terminar, aunque no se quiera reconocer, con el régimen del trabajo y el modelo social pactados en la Transición. Esto pasa, necesariamente, por el adelgazamiento del bienestar, la educación, la sanidad y los servicios públicos y su transferencia al sector privado.

El que finalmente el rechazo acumulado al PSOE en Andalucía no diese la mayoría al PP fue consecuencia directa de la aprobación por éste de la reforma laboral y del miedo extendido entre los trabajadores a que una victoria del PP acelerara despidos y reducción de servicios públicos esenciales. No debe olvidarse que las elecciones se celebraron con el horizonte de una inmediata huelga general y que los trabajadores sí han percibido ya, porque lo están sufriendo en primera persona, el carácter netamente antisocial, de clase, de las políticas del PP. La intensificación de la explotación y el deterioro de las condiciones de trabajo, el miedo al despido seguido de la perspectiva de un desempleo permanente, el temor a perder la vivienda, el horizonte de subproletarización para los hijos como consecuencia del deterioro de la educación pública y de la exclusión por razones económicas de la educación superior son realidades compartidas cada vez más por sectores sociales que vuelven a ver aparecer los privilegios de clase a golpe de decreto ley.

La necesidad de frenar, de obstaculizar, de resistirse, a las medidas concretas que componen estas políticas es una convicción real de la gente. Se espera que se haga lo necesario para que la vida concreta inmediata de las personas no empeore en esos aspectos elementales. No se espera mucho, pero probablemente la gente no está en condiciones de esperar menos. No es fácil, porque en estas circunstancias la economía se ha instalado en el corazón mismo de lo más básico para la subsistencia. El capitalismo ha entrado a saco en la vida de la gente, convirtiendo el trabajo en una servidumbre que se vuelve independiente de las personas que lo desarrollan y a éstas, en sí mismas, en sustituibles y desentendiéndose por completo de las condiciones vitales de reproducción, no sólo de la mano de obra sino de la propia vida.

En Andalucía esto no es teoría sino una realidad palpable. El intento de salir de la crisis a base de hundir la demanda interna y fomentar las exportaciones impuesto desde la Unión Europea está provocando que el peso del ajuste recaiga sobre el trabajo en un intento imposible por competir con las condiciones de trabajo y salariales de los países emergentes, especialmente de China. Esto, que antes era una predicción teórica, es en el último año la experiencia personal de muchas mujeres y hombres.

Sabemos que en el pasado reciente el atraso crónico de Andalucía ha servido de coartada a sus sucesivos gobiernos para aceptar modelos económicos propios de territorios dependientes en lugar de buscar una senda propia de desarrollo. Modelos que han apostado por el sector servicios, especialmente el turismo, como palanca de crecimiento y que se encuentran, en estos momentos, enfrentados a sus propias contradicciones y limitaciones, sin perspectivas de salida. No sería extraño que existiera, incluso en sectores políticos y sociales de la izquierda, la tentación de asumir “como inevitable” que Andalucía está condenada a ser una región dependiente de los servicios que, para ser competitivos, deberán sustentarse en unos bajos salarios. Impedir que Andalucía sea entregada a un modelo de trabajo-miseria de esas características es la tarea principal de Izquierda Unida en el Gobierno andaluz. Pero esto sólo podrá hacerse si su papel no es sólo de resistencia sino que va acompañada de una propuesta alternativa.

En el caso de Andalucía esa alternativa podría estar ya escrita: la puesta en marcha, con todas sus consecuencias, de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales que el Estatuto de Autonomía estableció en su momento. Es cierto que en el actual contexto esa aplicación podría poner en evidencia y, por ello, confrontar con el marco de las políticas impuestas desde la Unión Europea y que el propio Estatuto reconoce; pero debemos suponer que, llegado ese momento, el pueblo andaluz optará por la defensa de sus derechos frente a cualquier intento de desmantelarlos.

Como será también probable que la aplicación de los derechos del Estatuto entre en conflicto con la reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución pactada por el PSOE y el PP y con sus desarrollos previstos de cara a la intervención del gasto público. Pero entonces el Gobierno andaluz tendrá que sostener su legitimidad convocando directamente a la voluntad originaria de los andaluces y andaluzas por encima de imposiciones externas. En la práctica, el nuevo Estatuto se encuentra tan inédito como olvidado y el intento de ponerlo en marcha necesariamente entrará en conflicto con la ofensiva del capital contra los trabajadores, lo que requiere una dinámica de movilización del conjunto de la sociedad andaluza. Pero es que, sin esa dinámica, el Gobierno andaluz recién formado será inviable más temprano que tarde.

Porque Izquierda Unida no era necesaria para frenar al PP en Despeñaperros. Eso podía hacerse de otras maneras. Existe un acuerdo bastante general en que el hecho de que las andaluzas y andaluces lo hicieran precisamente otorgando un papel determinante a Izquierda Unida tiene dos motivos. El primero, la identificación, asumida como una especie de constatación natural, de IU con la adopción de medidas favorables a los trabajadores, con la garantía de que no se aplicarán en Andalucía los recortes y la reforma laboral. Y, el segundo, la convicción de que para tener un Gobierno que hiciera eso no era suficiente garantía con una mayoría del PSOE.

En este sentido, el voto a IU expresaba también la desconfianza y el rechazo a los Gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía y la expectativa de que IU imprimiera un cambio en las políticas y la forma de hacerlas en el conjunto del nuevo Gobierno andaluz y de la Junta de Andalucía. De esto, y no sólo de que lo haga mejor o peor en las escasas parcelas gubernamentales que, en base a criterios estrictamente cuantitativos, se le han concedido a Izquierda Unida, va a depender el que IU pueda mantenerse en el Gobierno con la comprensión y el apoyo a esa participación de su electorado y de los trabajadores andaluces.

Desde luego IU no es responsable de las políticas de ajuste ni de los recortes en el presupuesto, pero el amparo del “imperativo legal”, que podrá valerle en el plano institucional, de nada le va a servir a la gente despedida, desahuciada, o sometida a nuevas condiciones de explotación, de cuya adhesión efectiva (que, en esta situación de crisis, hay que renovar día a día) depende la viabilidad del mantenimiento de IU en el Gobierno andaluz.

Para que se siga haciendo responsable al PP de los recortes y las reformas no basta con decirlo así, sino que hay que negarse a aplicarlas en Andalucía. IU debe dejar claro que, por encima de todo, está su compromiso con las personas. IU debe trabajar el instrumental ético y jurídico necesario para no aplicar en Andalucía y amparar a quienes se nieguen a aplicar leyes que vulneren los derechos humanos, que conduzcan al desamparo o al empobrecimiento directo de las personas. Debe elaborar el instrumental alternativo ético, jurídico y económico para dar soluciones a quienes se vean ante esas agresiones y despojos. Y debe establecer los mecanismos públicos de solidaridad para facilitar a quienes finalmente se vean en esas situaciones las garantías vitales en condiciones de dignidad y derechos. Se trata de tejer un entramado de resistencia que haga posible condiciones de lucha para una alternativa democrática a la crisis, que, en estos momentos, el capitalismo no parece dispuesto a tolerar.

Para empezar parece obvio que, en Andalucía y con IU en el Gobierno, más aún con la responsabilidad de Vivienda en su haber, no se puede seguir desahuciando a la gente. El derecho a la vivienda de las personas está por encima de la propiedad de los bancos sobre las viviendas hipotecadas de las familias andaluzas. Por tanto, todos los mecanismos de resistencia civil, toda nuestra responsabilidad institucional, nuestra capacidad legislativa y nuestros nuevas Consejerías tienen que servir para que detengamos los desahucios en Andalucía.

En los últimos años, el Gobierno y la Administración pública andaluza han sufrido un desgaste enorme que ha promovido un desapego profundo de la ciudadanía. Las políticas públicas se han desfondado. En la práctica, el desarrollo y la aplicación efectiva de los nuevos derechos y políticas del Estatuto de Autonomía están bloqueados. Los servicios públicos que conformaban el mínimo “estado del bienestar” del modelo andaluz (sanidad, educación, servicios sociales) se han ido reduciendo y deteriorando a través de medidas concretas, aplicadas sin ruido a la par que se hacían discursos en otro sentido.

El nivel directivo político-administrativo central de la Junta ha sido errático, ha actuado sin impulso político hacia la ciudadanía, con unos grados de falta de rigor y de irresponsabilidad que posiblemente hayan desorientado incluso al propio aparato administrativo y a los sectores sociales más cercanos a las políticas gubernamentales. Los empleados públicos han acusado el impacto de las campañas interesadas y sostenidas de desprestigio de lo público. El deterioro del trabajo de los empleados públicos ha sido consentido, cuando no fomentado, por los propios responsables políticos de la Junta, con dos intenciones: por un lado, tapar la ausencia de atención a necesidades sociales y la puesta en marcha de las correspondientes nuevas políticas y derechos (dejando que cunda la propaganda contra el funcionariado y la idea de que sobran) y, por otro lado, facilitar la adopción de las medidas de reducción y recortes que han adoptado. Cuando hacía falta avanzar hacia una nueva cultura de profesionalidad, responsabilidad, compromiso y autonomía del empleado público (quizá también con el desarrollo en esta dirección de Estatuto Básico del Empleado Público), nos hemos encontrado, en la práctica, con la cancelación de las ofertas de empleo público y una reordenación del sector público andaluz que traspasa servicios públicos en los que se decide sobre derechos ciudadanos a la gestión empresarial.

La Junta y su Administración necesitan volver a aliarse con una ciudadanía hoy abiertamente defraudada. La alianza debiera tener tres ejes esenciales. El primero, recuperar el empleo público como la opción preferente para la dedicación de los jóvenes profesionales que egresan del sistema educativo. Tenemos una Administración pequeña, en riesgo de convertirse en la propia de una país subdesarrollado. Y, pese a toda la propaganda reciente vertida desde el ministerio de Educación, tenemos niveles de población con formación universitaria insuficientes en cualquier índice que se mida. La Universidad y la educación no pueden volver a ser un privilegio de casta. Y la Administración tiene que retomar la renovación y democratización en la extracción social de su funcionariado que en alguna medida supuso la creación de la nueva Administración de la Junta de Andalucía en la década de los 80s y 90s, para luego estancarse.

Sin quitar la importancia inmediata a otras medida y planes, no cabe duda de que éste sería el principal “plan de empleo” y, a la par, de aumento de la capacidad de demanda económica interna que el nuevo Gobierno andaluz debe implementar. Ciertamente precisa de una fiscalidad suficiente adaptada a las nuevas circunstancias y de políticas de austeridad administrativa, pero tanto como el resto del desarrollo estatutario.

El segundo eje, más claro para todos, son los servicios públicos esenciales: educación, sanidad, vivienda, pensiones y dependencia. Y el tercero es la garantía con dignidad y derechos de las necesidades vitales básicas a toda persona que viva en Andalucía. Que la gente sepa que, frente al mecanismo depredador que el capitalismo ha puesto en marcha y que ya sabe que puede alcanzar a cualquiera en todo momento, no se verá desamparada ante la indiferencia de su Gobierno. Es el mínimo que evite la ineludibilidad de tener que aceptar la servidumbre en el trabajo y que nos permita recomponer la dignidad, la organización y la lucha.

Izquierda Unida sabe que en la actual situación económica y social los escenarios son muy variables (y quizás impredecibles). Esta vez se trata de política real, la gente está pendiente porque en esta ocasión son aspectos esenciales de su vida los que nos estamos jugando. Sabe que, lo quiera o no, necesitará esta adhesión real para seguir cada mañana, y cada tarde, en el Gobierno. Puede también dedicarse a evitar conflictos para ir ganando un día más, pero sabe que eso conduce de nuevo a la alternancia o, en el mejor de los casos, a un precario bipartidismo imperfecto. En condiciones de movilización social como las que se plantean en un futuro inmediato esto sería malversar un capital de esperanza que vale hoy y va a valer en el futuro próximo mucho más que tres consejerías.

* El Observatorio de Políticas Públicas en Andalucía, pretende ser un Observatorio analítico y evaluativo de las políticas públicas andaluzas, que permita dar una visión cualitativa y cuantitativa de las respuestas a las necesidades formuladas por la Junta de Andalucía para la sociedad a quien van dirigidas general y específicamente las políticas públicas.

El Observatorio de Políticas Públicas en Andalucía se acoge a la definición de Políticas Públicas como el conjunto de decisiones formales que se hallan interrelacionadas, que dependen de la intención y decisión de un grupo de individuos e instituciones; pero que también pueden consistir en la inacción por parte de los poderes públicos, es decir, en la decisión de no actuar respecto de un tema o situación problemática que requeriría de su intervención. Consideraremos a las políticas públicas como responsabilidad de los poderes públicos, es decir, aquellos que han sido investidos legal y legítimamente de poder para tomar decisiones obligatorias para el conjunto de la sociedad y actuar en favor del bien común.

El Objetivo del Observatorio de Políticas Públicas en Andalucía es constituirse en un centro de análisis y evaluación de la formulación y/o la ejecución de las Políticas Públicas andaluzas, a partir de IX legislatura que ha arrancado con la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía tras el pacto de gobierno entre Izquierda Unida y el PSOE, comprendiendo la identidad y la diferencia, dejando de lado categorías construidas que han delimitado aspectos que se vinculan con nuestra identidad; pretendiendo con ello ser un centro de análisis desde la participación, la inclusión, el reconocimiento de la diversidad de nuestros grupos humanos, como eje transversal de la comprensión e interpretación de nuestra realidad social.

El Observatorio de Políticas Públicas en Andalucía en una iniciativa ciudadana de reciente creación que cuenta con un Consejo Científico compuesto por Pedro Moreno Brenes, Fabián García Calero, Cristina Ruiz Cortina, David Arrabalí Campos, Eva Nieto Aragón, Pedro García Calero y Salvador Arijo Andrade, que pretende ser el impulsor de la actividad científica y social del mismo.