IU plantea la "nacionalización buena" de la banca con problemas

Cayo Lara pide que si entra el Estado en las entidades en apuros, también asuma directamente la gestión, ponga coto a los sueldos de los ejecutivos y reciba beneficios que pueda destinar a gasto social

Público

A estas alturas, de sobra es conocida la postura de Izquierda Unida respecto a la banca. Mil veces ha pedido crear a partir de las cajas de ahorros un polo de banca pública, mil veces ha pedido que se actúe con dureza contra los malos gestores, mil veces ha advertido de que no vale con una inyección de dinero público en la banca sin contraprestación alguna. 

Todo ese discurso elaborado durante los últimos años resurge cada cierto tiempo. Y ahora más con la crisis de Bankia y la reforma del sistema financiero (la enésima) que hoy viernes presentará el Gobierno tras el Consejo de Ministros. Mucho se ha hablado esta semana de nacionalización, un término que parece conectar con el lenguaje de la izquierda. No es así. Porque IU y PP hablan lógicamente de cosas diferentes. En efecto, el Estado controlará la entidad al hacerse con la totalidad de la matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), pero no pasará a tomar las riendas de la gestión. 

IU por ello intenta que el Gobierno no se apropie de un término caro para la izquierda. Este viernes el coordinador federal ha pedido distinguir entre dos modelos. De un lado, la "nacionalización mala" que quiere el PP y apoya el PSOE, que plantean que "con los recursos de todos se sanee el desastre organizado por todos los responsables para luego privatizar" las entiedades en apuros. Es decir, que quieren "socializar las pérdidas que han provocado con su gestión negligente". IU, en cambio, apuesta por la "nacionalización buena", aquella que busca "socializar los beneficios que se obtengan en la entidad".

En suma, que "si el Estado entra" en el capital, "debe llegar para quedarse", no sólo para sanear los balances de activos tóxicos para luego privatizar el banco "y venderlo al mejor postor" –como sucedió con la CAM, que el Sabadell compró por un euro–. Dicho de otro modo, que el Estado entre, participe directamente en la gestión, pague el saneamiento pero que después también reciba beneficios, y que estos los destine a "gasto social en sanidad y educación". Además, según ha defendido Cayo Lara en una rueda de prensa en el Congreso, una vez que el Estado entra en un banco, debe poner condiciones: gestión activa, limitación de sueldos de los ejecutivos, limitación de los dividendos y veto al troceamiento de la entidad. Esto último implicaría que el Gobierno no se deshaga de las participaciones industriales de las que es dueña, por ejemplo, Bankia y su matriz (en Indra, Mapfre, IAG...).  

Que se depuren responsabilidades, "caiga quien caiga"

Aparte de la propuesta, IU también reclama la depuración de responsabilidades. La federación mira al Ejecutivo de José María Aznar, que calentó la burbuja inmobiliaria, y al Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, así como a las comunidades autónomas, el Banco de España o los ejecutivos de las cajas y los bancos. "Todos han jugado a la economía especulativa del ladrillo", ha resumido. Por esta razón, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), con la ayuda del Grupo Mixto, tiene solicitada en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre el papel de las entidades financieras en la crisis. Una petición que aún no  ha sido calificada por la Mesa del Congreso. Lara ha subrayado que su formación defiende que se delimiten las responsabilidades "caiga quien caiga".

¿También vale esa demanda para los consejeros de IU en las cajas, caso de José Antonio Moral Santín?, se le preguntó. "Le dé a quien le dé. Nosotros no tenemos ningún representante en Bankia. Lo tuvimos en Caja Madrid. Ahora bien, la mayoría de toma de decisiones no obedece a lo diga una persona. Pero al que le toque, le toque, cada uno tendrá sus responsabilidades", ha subrayado.