Madrid se niega a pagar a Andalucía las inversiones del Estatuto andaluz

Antonio Beteta, número dos de Cristóbal Montoro, contesta a la Junta que no abonará unos retrasos de 1.504 millones de euros ni hará caso en tiempos de crisis económica a un mandato estatutario

Granada Hoy

El Gobierno de Mariano Rajoy no pagará a la Junta de Andalucía los 1.504 millones de euros que acordó abonar el de Zapatero en concepto de inversiones no realizadas en la comunidad durante los años 2008 y 2009, pero tampoco cumplirá con el mandato estatutario que obliga a tales contribuciones en un futuro. Así lo explica el secretario de Estado de Administraciones Públicas y Hacienda, Antonio Beteta, en una carta remitida al consejero andaluz de Economía, Antonio Ávila.

Niega esa parte del Estatuto y, por tanto, el retraso. La carta, recibida el 25 de junio y que contiene varios errores de bulto, pone en cuestión la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía que obliga al Gobierno central a invertir en Andalucía durante un plazo de siete años una cantidad de dinero proporcional al peso de la población andaluza en España. Y Beteta lo hace esgrimiendo la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, que contiene una disposición parecida, pero ajustada no al peso de la población, sino del PIB.

El TC no anuló dicha disposición catalana, sino que la condicionó, y de hecho, el Gobierno de Rajoy negocia con la Generalitat cómo pagar 759 millones en conceptos de no inversiones realizadas en el año 2008. Gracias, entre otras razones, a la acción de la popular catalana, Alicia Sánchez-Camacho.

Beteta se remite al fundamento jurídico 181 de la sentencia del TC, cuando, en realidad, es el 138. Por éste, se establece que estas disposiciones no contienen "efectos directamente vinculantes para el Estado" y que no "pueden menoscabar la plena libertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones". Tal como señala Beteta, apelando e interpretando al Constitucional, las autonomías no pueden construir sistemas variables de financiación de las inversiones en función de las variables que le sean más favorables.

A partir del año 2008, y como consecuencia del Estatuto Andaluz, el Gobierno central colocó en los Presupuestos Generales casi un 18% de su inversión en proyectos andaluces. El peso de su población. Volvió a ocurrir en 2009, 2010 y 2011. Cuando Junta y Gobierno obtuvieron las liquidaciones presupuestarias de los dos primeros años, ambos Ejecutivos -los dos socialistas- pactaron cuánto dinero se había dejado de invertir. Hubo varias reuniones de la comisión bilateral Junta-Estado, y el 14 de octubre de 2011 se cifró la cantidad en 1.504,54 millones de euros. La Intervención General del Estado reconoció la cantidad, y la Junta la aceptó. Aún falta que se volviese a reunir la comisión para ver cómo se pagaba ese dinero, de ahí las cartas de Ávila a Beteta. Y más, cuando con Cataluña se había llegado a un acuerdo, aunque la comisión bilateral de esta comunidad había cerrado todo con Rodríguez Zapatero. Ello no impidió, no obstante, que fuera asumida por el PP.

Pero Beteta pone en cuestión dos asuntos. El primero, que no reconoce los 1.504 millones de euros porque él entiende que no es la comisión bilateral la competente, sino otra comisión mixta, exclusiva de asuntos económicos y fiscales entre Andalucía y el Estado. A parte de esta apreciación, Beteta afirma en su misiva que esa comisión mixta ni siquiera se ha constituido. Sí lo hizo. Se creó en 2007, y se reunió en cinco ocasiones, aunque no para abordar este asunto. Beteta mantiene que no es competente, aunque su articulado da cabida para ello, aunque es cierto que la económica y financiera es más específica. En cualquier caso, con Cataluña nunca hubo tales reparos.

Pero el problema es más grave para la Junta porque el Ministerio de Hacienda y Administración Territorial no sólo no reconoce esos 1.504 millones como una suerte de deuda que no pagará -tampoco propone un abono más flexible de acuerdo con la situación económica del país-, sino que no contempla la disposición adicional tercera del Estatuto andaluz, refrendado en el Parlamento por todos los partidos políticos con presencia en Andalucía, incluido el PP. En el año 2012, el Gobierno destina a Andalucía un 14,6%, 1.851 millones de euros.

Todo indica que tampoco lo hará en los dos próximos años que tiene vigencia este mandato estatutario. Por si a Ávila no le quedaba claro esta posición de Madrid, Beteta se lo subraya en la misiva: "Es decir -explica el secretario de Estado-, se han distribuido los recursos estatales (...) de acuerdo con criterios distintos del recogido en la Disposición Adicional Tercera, pero encaminados a la satisfacción del principio de solidaridad como avala el Constitucional".