La avanzadilla ferrolana de Gordillo

El País

Llevarse de un supermercado unos cuantos kilos de lentejas, pasta y arroz valorados en 25,37 euros para donarlos a la Cocina Económica de Ferrol les ha sentado en el banquillo de los acusados. Seis desempleados de la comarca ferrolana se enfrentan este viernes a un juicio de faltas por hurto que deriva de una acción simbólica orquestada en junio por la CIG y con la que pretendían llamar la atención sobre la precariedad a la que se enfrentan a diario miles de personas sin trabajo en la comunidad, que en agosto sumaba 257.267 parados.

Antes de que el alcalde de Marinaleda y líder sindical andaluz, Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), protagonizara el asalto a un Mercadona de Écija (Sevilla) para surtir de alimentos a un comedor social sin pasar por caja, seis parados ferrolanos —cinco hombres y una mujer— ya habían hecho lo propio en un establecimiento de la cadena DIA de Ferrol.

Son Carlos, Marola, Antón, Miguel Anxo, Heri e Xosé. El más joven tiene 28 años y el más veterano ha cumplido los 55 años. Engordan las listas del Inem desde hace más o menos tiempo (de seis meses a tres años) y proceden de sectores tan dispares como construcción, sanidad, metal o educación. Cada uno arrastra sus circunstancias personales y sus cargas familiares, pero todos estuvieron de acuerdo en tomar parte en una acción que consideran “solidaria” y que buscaba agitar las conciencias.

Los seis entraron en Maxi DIA de la plaza de España, junto a la delegación local de la Xunta, el pasado 6 de junio con la intención de llevarse una pequeña cantidad de artículos no perecederos que planeaban donar al comedor benéfico de la ciudad. La acción era parte de una serie de actos diseñados por la Asamblea de Desempregad@s de Ferrol, que la CIG coordina desde la pasada primavera con asambleas abiertas en calles y barrios y otras movilizaciones que les han llevado, por ejemplo, a ocupar una de las oficinas del Inem en la ciudad para centrar el foco social en la problemática de un colectivo cada vez más numeroso y desprotegido “que se va aproximando a la exclusión social”, explica Xesús Pintos, uno de los dos secretarios comarcales del sindicato en la ciudad.

Cuando idearon su asalto al Maxi DIA, estaban en cuestión los 426 euros del subsidio familiar que el Gobierno acabó por prorrogar, contextualiza Víctor Martínez, coordinador de la Asamblea.

Carlos G., uno de los seis imputados, explica que entraron en el súper a mediodía mientras otros 30 compañeros del sindicato les esperaban fuera tras una pancarta repartiendo panfletos entre los vecinos. Cogieron de los estantes varios paquetes “de artículos de primera necesidad” (legumbres, pasta, galletas o azúcar) y se colocaron en la línea de cajas donde explicaron a la cajera en qué consistía su protesta. Sin dinero en efectivo, le entregaron como pago una cartilla del paro ficticia. Aunque simbólica, la acción no gustó nada a la gerencia del supermercado que avisó a la policía nacional. En cuestión de minutos, precisa Carlos, se presentaron dos patrullas para identificarlos mientras la encargada del DIA formalizaba la denuncia en comisaría.

A pesar de que la cuantía del hurto fue mínima (apenas toca a 4,20 euros entre los seis acusados) la denuncia del supermercado fue admitida a trámite, se lamenta la CIG, y el juicio se fijó para las 12.30 de hoy en la sala de Instrucción número 1 de Ferrol. “Esto no es robar. Robar es lo que hacen los bancos”, replica Pintos, muy dispuesto a seguir realizando acciones que visibilicen la pobreza. “Es una crítica a las grandes áreas comerciales, que prefieren tirar a la basura los productos antes que donarlas a quien los necesita”, concluye. “Los seis tuvieron un gesto decente y solidario. Lo inmoral es que los procesen”, defiende la CIG.

El sindicato se concentrará desde las 11.30 en la puerta del juzgado para solidarizarse con los seis desempleados que serán procesados por un hurto que no llega a 30 euros. Algunos de los alimentos terminaron por llegar a los fogones de la Cocina Económica, que comunicó a la policía que ya no podían devolver unos productos que ya se habían empleado en los menús.