IU pide que, ante la finalización del contrato, se rescate el servicio de recaudación

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almuñécar ha presentado una moción para que, ante la proximidad de la fecha de caducidad del contrato por el que se adjudicó el SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR PARA LA GESTIÓN TRIBUTARIA, LA RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS MUNICIPALES con la empresa RECAFER ALMUÑECAR UTE, éste no se prorrogue.

Desde 1992, el Ayuntamiento de Almuñécar encomendó a la Diputación Provincial la gestión tributaria y recaudatoria en período voluntario y ejecutivo de aquellos tributos y demás deudas no tributarias, precios públicos y otros ingresos de derecho público cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento, conforme al convenio de delegación que el ente provincial suscribe con los municipios de la provincia. Este convenio, que tenía una vigencia de cuatro años, era prorrogado por ambas partes sin mayor contrariedad y con total normalidad.

Desde que el Ayuntamiento encomendara la gestión tributaria y recaudatoria a la Diputación, los beneficios fueron evidentes, llegándose a un porcentaje del 83% en el cobro de la recaudación voluntaria y garantizando liquidez al ayuntamiento gracias al compromiso adquirido por la Diputación de adelantar al ayuntamiento un 75% de la recaudación prevista. La última prórroga del convenio se firmó en mayo de 2003 entre el presidente de la Diputación, señor Rodríguez Tabasco y, el entonces alcalde de Almuñécar, Juan Luis González Montoro.

En el año 2008, estando próxima la fecha para prorrogar el citado convenio, con motivo de una promoción interna, fue relevado el responsable de la oficina de recaudación en Almuñécar. Esa fue la excusa para dejar la recaudación en manos de una empresa privada. El Ayuntamiento aprobó un polémico pliego de condiciones para adjudicar el servicio por un periodo de 15 años, cuando la legislación determina que los contratos tendrán una duración de 4 años. Por ello, IU recurrió el pliego y el ayuntamiento tuvo que modificar la duración del contrato. Aun así, y a pesar de que el pliego de condiciones estaba suspendido por otros motivos por el Juzgado de la Contencioso, el anterior equipo de gobierno adjudicó la gestión a una empresa privada.

Aquella decisión ha tenido consecuencias negativas para el ayuntamiento y para el contribuyente: problemas de liquidez, descenso de la recaudación, embargos injustificados, cobros de costas inexistentes, cobros de recibos prescritos, etc. Para el portavoz de IU, el alcance de la polémica gestión llevada a cabo por la empresa adjudicataria y el incumplimiento del mandato judicial están por ver.

Es por ello que la formación de IU también ha pedido en su moción que los servicios jurídicos del ayuntamiento examinen los términos del contrato que se firmó con la adjudicataria, a los efectos de determinar si han cumplido las condiciones establecidas en el mismo para, en caso contrario, exigir su cumplimiento.

Estas actuaciones de la empresa privada de recaudación, que IU califica de negativas para el contribuyente y para el ayuntamiento, son motivo suficiente para que, ahora que vence el contrato, éste no sea prorrogado.

Por otro lado, la Diputación Provincial ha aprobado un nuevo convenio de recaudación para las entidades locales que deleguen esta facultad en el ente provincial. Este nuevo convenio contempla gestión catastral sin coste adicional, rebaja de la comisión de cobro, subida de los anticipos reintegrables y numerosas mejoras que han de ser valoradas por el Pleno de Almuñécar.

IU entiende que, antes de pronunciarse el Pleno sobre cómo gestionar este servicio en el futuro, debería encargarse a los servicios económicos y jurídicos del ayuntamiento un informe valorando las ventajas e inconvenientes de poner en marcha un Departamento de Recaudación municipal frente a los inconvenientes y ventajas que supondría volver a delegar este servicio en la Diputación Provincial de Granada.

Con el resultado de ese informe, el Pleno deberá tomar la decisión más conveniente y ventajosa para nuestro municipio.