¿Qué pasaría si los bancos españoles en problemas no recibieran ayudas y se les dejara caer?

Eduardo Garzón

Desde el estallido de la crisis financiera hemos visto cómo muchas entidades bancarias españolas se han visto en serios problemas y cómo el gobierno ha acudido en su ayuda inyectándoles de una u otra forma dinero público (para ver las diferentes formas de ayuda y su cuantía leer este artículo). Este traspaso directo de dinero perteneciente a todos los ciudadanos a unas entidades privadas atenta claramente contra la justicia social e incluso contra los fundamentos económicos en boga. Sin embargo, el gobierno ha esgrimido continuamente como argumento la necesidad de no dejar caer a las entidades bancarias para evitar así un colapso financiero que terminaría perjudicándonos más a todos. Pero, ¿hasta qué punto es cierto este argumento tan recurrido? Profundicemos en el tema.
 
Un banco en problemas es un banco que no puede atender los pagos que tiene comprometidos con otros agentes. Si un banco en problemas no es ayudado con dinero público se verá forzado a caer, a ser liquidado, a desaparecer como entidad. Esto significa que el banco tendrá que vender todo aquello que posea y que tenga valor y con el dinero recaudado tendrá que devolver los pagos que tenía comprometidos. Pero claro, si el banco se está liquidando es porque no tiene suficiente dinero para abonar todos los pagos que debe, por lo que después de vender sus propiedades dispondrá de menos dinero del que debe pagar. No podrá pagar a todos aquellos a los que les debe dinero, así que algunos se quedarán sin cobrar.

Por ejemplo, si un banco debe dinero por una cuantía de 1.000 millones de euros y después de vender sus posesiones recauda solo 700 millones de euros, quedarán 300 millones de euros sin poder pagarse y que se consideran pérdidas. Alguien no podrá cobrar; alguien debe hacerse cargo de esas pérdidas.

¿Pero quién se quedará sin cobrar? Pues eso lo decide la ley, que se rige por el siguiente criterio: los últimos en cobrar (los primeros en asumir pérdidas) serán aquellos agentes económicos que más riesgo hayan contraído en sus operaciones con el banco, y cobrarán primero aquellos que menos riesgo hayan asumido. Este criterio es muy lógico, porque cuanto mayor riesgo existe más dinero se puede ganar, pero también perder. Cuando una persona o un fondo invierte en un banco contrayendo un riesgo elevado tiene que ser consciente de que su inversión dependerá del funcionamiento del banco: si al banco le va bien, el inversor ganará mucho dinero; pero si le va mal, perderá mucho dinero.

Así las cosas, en el dibujo siguiente se muestra el orden en el que los agentes deben asumir las pérdidas del banco.

Los primeros en asumir pérdidas (los primeros en no cobrar) serán los accionistas. Las acciones son un elemento de inversión con un riesgo elevado que genera mucha rentabilidad. Puesto que sus propietarios han ganado bastante dinero con este tipo de inversión, se entiende que deben ser los primeros en asumir pérdidas.

Si, por ejemplo, el banco en cuestión ha cuantificado las pérdidas por orden de 300 millones de euros y debe a los accionistas 100 millones de euros, quedarán 200 millones de euros en pérdidas.

Alguien más tiene que quedarse sin cobrar. En ese caso se procederá en el orden comentado: los segundos en contraer pérdidas serán los propietarios de los bonos subordinados. Ésta es una inversión de menor riesgo que las acciones, pero todavía con un alto riesgo y alta rentabilidad.

Si después de ello todavía quedasen pérdidas por traspasar, los siguientes serían los poseedores de bonos no garantizados (tipo de inversión con menor riesgo que los bonos subordinados y que las acciones).

En penúltimo lugar se encuentran los depósitos de los clientes. Los propietarios de estos depósitos son los ciudadanos que han depositado en el banco sus ahorros, y por lo tanto no han corrido riesgos ni han ganado mucho dinero con esa actividad, por lo que se entiende que tienen prioridad a la hora de cobrar en caso de liquidación.

Y ya por último el banco tendrá que pagar a los propietarios de los bonos garantizados. Estos bonos son un elemento de inversión muy seguro (con poco riesgo) que genera muy poca rentabilidad. Puesto que sus propietarios no han ganado mucho dinero con este tipo de inversión, se entiende que deben ser los primeros en cobrar (los últimos en asumir pérdidas).

Esta prioridad en el pago ya nos está indicando algo muy importante: si a un banco se le deja caer y es liquidado, los propietarios de los bonos garantizados pueden estar tranquilos porque cobrarán con toda seguridad. Además, y con casi toda seguridad, después de devolver el dinero de los bonos garantizados sobrará dinero para devolver a los depositantes sus ahorros. La única forma de que el banco no pudiese devolver los depósitos a los ahorradores sería si las pérdidas del banco fuesen tan grandes como para que no pudieran ser absorbidas por los accionistas, por los propietarios de bonos subordinados y por los poseedores de bonos no garantizados.

Saber con total seguridad cuántas pérdidas tienen los bancos españoles es muy difícil. Es difícil porque muchos de los activos bancarios tienen los precios inflados en su contabilidad, y la única forma de conocer con exactitud su precio real sería acudiendo al mercado a venderlos. No obstante, se han hecho muchas estimaciones sobre estas cantidades y todas calculan que las pérdidas de los bancos españoles nunca serían tan grandes como para no poder devolver los depósitos en caso de liquidación. La estimación más pesimista calcula que las pérdidas serían de 300.000 millones de euros (la más optimista es la de la Unión Europea: menos de 100.000 millones de euros y por eso el rescate será de esa cuantía), que a pesar de ser una cantidad relevante, puede ser absorbida por los inversores más arriesgados de los bancos (accionistas y poseedores de bonos subordinados y de bonos no garantizados).

Según el director de Independent Advisors este tipo de inversores podrían asumir pérdidas de hasta 700.000 millones de euros. Incluso empleando la estimación más pesimista (300.000 euros), habría suficiente margen para que las pérdidas no llegasen a afectar a los depositantes.

En otras palabras, si el gobierno no ayudase con dinero público a los bancos españoles en problemas, éstos tendrían que ser liquidados y tendrían enormes pérdidas. Pero las pérdidas afectarían a los inversores más arriesgados y nunca a los depositantes. Los ciudadanos podrían recuperar sus ahorros aunque el banco no fuese ayudado por el gobierno. Por lo tanto, ni los ahorradores del banco ni el Estado tendrían que sufrir las consecuencias de la mala gestión de los bancos.

Los costes los tendrían que asumir los accionistas y otros inversores más arriesgados (lo que es normal y lógico, pues se embarcaron en operaciones arriesgadas y han perdido). Si tenemos en cuenta que estos inversores son fundamentalmente grandes entidades financieras y grandes empresas, veremos todavía con mejores ojos que sean estos agentes los que soporten las pérdidas, puesto que gracias a su tamaño y potencial poseen una gran capacidad para afrontar pérdidas.

Ahora bien, es cierto que en este caso se generaría un efecto dominó que terminaría afectando a más bancos y a más empresas. Esto es así porque aquellas empresas que deberían asumir pérdidas podrían luego no poder cumplir sus compromisos de pago con terceros agentes. Liquidar bancos problemáticos tiene un coste alto, aunque no sea para el Estado o para los ciudadanos. Pero la pregunta clave es: si el coste hay que sufrirlo de todas formas, ¿por qué tienen que padecer todo el coste los ciudadanos corrientes -que nunca se arriesgaron en las operaciones bancarias, que apenas ganaron dinero con ellas, y que además en general no gozan de suficientes recursos para soportarlos- y no padecerlo en absoluto los inversores privados -que se arriesgaron, ganaron dinero con ello, y que además tienen un colchón económico mucho mayor?

La forma en la que se están traspasando las pérdidas de los bancos a los ciudadanos atenta contra la lógica económica y la justicia social; fenómeno que revela la estrecha ligazón entre la élite económica que saldría perdiendo si se liquidasen los bancos y la élite que posee el poder político. No es de extrañar, por lo tanto, que los indignados españoles digan bien claro y bien alto que la respuesta a la crisis sea una enorme estafa.