La reforma local, un atentado contra la democracia

El pasado viernes 15 de febrero dejará otra profunda cicatriz en la ya empobrecida democracia de nuestro país. El gobierno de la derecha ha decidido un ataque directo a la autonomía local, y por tanto, a la democracia, que quiebra el Estatuto de Autonomía de Andalucía y que costará alrededor de 40.000 empleos como consecuencia de la pérdida de competencias y de las privatizaciones de los servicios que ahora prestan los ayuntamientos.

El informe del anteproyecto de la llamada “Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local” es un mazazo en el rostro de los pueblos de Andalucía que merece la respuesta contundente de la movilización en la calle.

Esta reforma afecta en mayor o en menor grado a la totalidad de los 771 ayuntamientos andaluces, pero es particularmente dura con los 530 municipios (68%) de menos de 5.000 habitantes que verán en peligro, incluso, su propia existencia.

Los 159 ayuntamientos (19%) comprendidos entre 5.000 y 20.000 habitantes podrán perder gran parte de sus competencias a favor de las diputaciones, con lo que un total de 689 ayuntamientos (87%) verán mermada gravemente su autonomía local. En estos 689 municipios viven aproximadamente 3 millones de andaluzas y andaluces que sufrirán la disminución de su capacidad de participar en la gestión de sus ayuntamientos.

Efectivamente, menos democracia local es menos democracia. El actual modelo municipal va a sufrir una retirada de competencias y de funciones a favor de las Diputaciones Provinciales –que no son precisamente instituciones de elección directa de los ciudadanos- y que alejarán a la gente de la toma de decisiones en sus municipios. Se acerca, por lo tanto, más a un modelo preconstitucinal de gobernadores civiles que a  un auténtico poder ciudadano de profunda raiz democrática, cercano y participativo, y que representa una involución hacia épocas ya superadas por el desarrollo democrático de los pueblos.

De la misma manera sufrirán las administraciones locales, de aplicarse tal y como sugiere el borrador que aprobó el viernes el Consejo de Ministros, un control por parte del gobierno central que atará la voluntad democrática local y que deja reducidas sus decisiones a las de meros gestores de imposiciones de otros. De ahí que los interventores municipales dependerán directamente del gobierno central. Ese exhaustivo control financiero externo en nada se parece a la fiscalización democrática interna y cercana que exigen los ciudadanos a los alcaldes y concejales de los pueblos. Y para colmo se controla a los ayuntamientos pero no se les financia.

Por si cupiesen dudas, los ayuntamientos deberán “ajustarse a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera reconocidos por la Constitución en su artículo 135”. Cabe recordar que esa es la madre de todos los recortes –que eufemísticamente denominan reformas- y cuyos cambios constitucionales se impusieron sin consulta al pueblo a través de un acuerdo en la media noche del 25 de agosto de 2011 entre PP y PSOE.

La reforma supone asímismo la privatización de los servicios públicos municipales, favoreciendo “a la iniciativa económica privada” como dice literalmente y  ofeciendo grandes negocios a quienes obtengan la concesión para la prestación –desde el ámbito privado- de los servicios públicos que ahora se gestionan directamente desde la administración pública local.

Pero no solo privatizará los servicios públicos y debilitará notablemente la calidad democrática. Esta reforma entra abiertamente a restarles competencias a los ayuntamientos que se establecen en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y en la Ley de Autonomía Local de Andalucía, de tal manera que el propio Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, y a su vez responsable de Administración Local, ya ha anunciado un conflicto de competencias que probablemente acabe en un recurso al Tribunal Constitucional.

El Partido Popular ha presentado esta reforma como un ejercicio populista de reducción de cargos públicos con dedicación exclusiva, en un intento claramente demagógico de desviar la atención sobre el hecho de privatización de servicios públicos municipales, de la pérdida ingente de puestos de trabajo y de la desactivación de la democracia y de la autonomía local. Quitar concejales, reducir parlamentarios y privatizar servicios públicos –aún siendo un ataque tan brutal a la democracia- no puede distraer la atención del grado de corrupción que desborda al Partido Popular, ávido de cualquier balón de oxígeno que desvíe la mirada de la gente.

Por eso la respuesta tiene que venir dada de la movilización ciudadana en idéntica proporción al ataque recibido. A las respuestas jurisdicionales y políticas ya emitidas con dureza por parte de Izquierda Unida y del gobierno de la Junta, se tiene que unir el pueblo andaluz el próximo 28 de Febrero que suma esta reforma a la ya larga lista de agravios para salir a la calle.

La defensa del Estatuto de Autonomía, de los servicios públicos, de la democracia y contra la corrupción suman argumentos de sobra para que el pueblo andaluz se eche a la calle el 28 de Febrero exigiendo protagonismo en el futuro de sus propias vidas.