De Guindos y Bruselas defienden los intereses de las élites económicas frente a la política de vivienda de Andalucía

Maíllo pide al gobierno de Rajoy que aclare si la Constitución y el Estatuto de Andalucía están vigentes, porque, “si es así, desde IU se va a seguir con la función social de la vivienda”. 

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado este martes como una "impostura" y una "desvergüenza" la posición adoptada por la Comisión Europea (CE) y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, respecto al decreto andaluz de función social de la vivienda que autoriza la expropiación temporal del uso de viviendas en casos de personas que vayan a ser desahuciadas.  

Para Maíllo, es falso afirmar que el decreto de la Junta pueda afectar "negativamente" a la estabilidad del sistema bancario, cuando "la Comisión Europea podría dedicarse también, como hace el Gobierno de la Junta de Andalucía con este decreto, a defender los derechos básicos, como es el de la vivienda, de los ciudadanos europeos". Sin embargo, para Maíllo, la CE "ha optado por defender otra cosa", afirmando además que "se pone en riesgo la estabilidad bancaria", lo que ha llevado a Maíllo a preguntarse "qué desmadre es éste", a la vez que ha llegado a la conclusión de que la postura de la CE "es un reflejo" de su "impotencia", pues "ve que ha desarrollado políticas absolutamente fracasadas, como se ha visto en Grecia", y que "se niega a reconocer un fracaso de política hecha sobre datos falsos", a lo que se suma que la CE "sigue empeñada en mantener las políticas de austeridad y de recortes que nos llevan al suicidio como modelo social y económico".

En cuanto a la demanda de De Guindos de que la Junta modifique su decreto de la vivienda, el coordinador de IU Andalucía señala que "al PP le molesta profundamente que a IU, que gobierna en Andalucía, luche contra los desahucios a través de una norma que optimiza la capacidad jurídica que tiene esta autonomía para poner al servicio de la gente, de las personas que están instaladas en un proceso de endeudamiento o de exclusión, un derecho básico como es el de la vivienda".

Además, según ha subrayado Maíllo, "el decreto es plenamente constitucional, que se acoge a las competencias del Estatuto de Autonomía de Andalucía", de modo que "la pregunta que hay que hacer a la CE y a De Guindos" es la de que aclaren si la Constitución y el Estatuto de Andalucía están vigentes, porque, si es así, desde IU se va a seguir "defendiendo el Decreto de la Función Social de la Vivienda".

Lo que ocurre, a juicio de Maíllo, es que "el Gobierno central tiene una rabia contenida respecto a iniciativas políticas que están al servicio del pueblo" y que IU va a sostener en Andalucía pues ya está "creando esperanza a familias que están en riesgo de exclusión social".

Por su parte, el diputado de IULVCA y vicepresidente del Parlamento andaluz, Ignacio García se ha pronunciado sobre la carta dirigida por la Comisión Europea (CE) y ha indicado que si Bruselas hubiera encontrado problemas legales "habría actuado de otra forma e impulsado al Gobierno central a presentar un recurso de inconstitucionalidad", algo que no se ha dado.

Por otro lado, ha lanzado una reflexión según la cual "si la estabilidad del sistema bancario tiene que depender de desahuciar a gente de su vivienda, que venga dios y lo vea".

De esta manera, y a expensas de conocer "con detalle" el documento remitido por la Comisión Europea, el parlamentario andaluz de IULV-CA ha recordado que en cualquier actuación de esta índole siempre existe una componente "normativa" y otra "política"; en este caso, agrega, "da la sensación de que el pronunciamiento de no se sabe muy bien quién de la UE pisa el terreno de lo político".

"Se alinea con la postura de los bancos y contra los desahuciados", ha abundado García, que ha sido tajante al afirmar que si la normativa impulsada por la administración autonómica es legal, "ningún posicionamiento político en el espectro conservador nos va a mover".