Gordillo y Cañamero no asisten al juicio y niegan los delitos por la ocupación de la finca 'Las Turquillas'. El coordinador provincial de IU y muchos militantes de esta formación muestran su apoyo

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El diputado andaluz de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo y el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, no han asistido hoy al juicio por la ocupación de la finca "Las Turquillas", pero han negado a las puertas del TSJA que cometieran los delitos de los que se les acusa.

Tanto el parlamentario autonómico como el dirigente del SAT, que se enfrentan a una petición fiscal de siete meses de cárcel por desobediencia grave y que no tenían la obligación legal de acudir al juicio al no superar las solicitudes de pena los dos años de cárcel, han calificado como "político" este proceso, que interpretan como un intento de "reprimir" al movimiento sindical y social que encabezan.

Sánchez Gordillo ha dicho a los periodistas que espera que se trate en cualquier caso de "un juicio justo y sean absueltos los 54 encausados, y ha insistido en que "en ningún momento" se produjo delito alguno puesto que se trató de una "ocupación simbólica".

"Después de dieciocho días y con una orden de desalojo, nos marchamos sin ninguna resistencia y sin ningún problema con la Policía", ha dicho el diputado, que ha aclarado también que "nunca" llegaron a acceder a la zona militar de la finca de Sevilla.

Además, ha calificado como "una barbaridad" la petición de penas tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado y ha opinado que se trata de un "juicio político", con la "consigna de represión" frente a un sindicato "que no se calla, que es rebelde" pero que practica la "no violencia".

Durante la primera jornada del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, sólo se han personado en la sala de vistas dos hombres y una mujer de los 54 procesados, mientras que unas 200 personas han permanecido concentradas a las puertas de la Real Chancillería con banderas, pancartas y gritando consignas a favor del SAT.

Uno de los acusados, José Rodríguez, ha reconocido ante el tribunal que carecían de autorización para ocupar en el verano de 2012 esa finca de Osuna (Sevilla), si bien ha aclarado que se trató de una acción pacífica y que en esas fechas Sánchez Gordillo "iba y venía" pero no se mantuvo allí todo el tiempo.

El encausado ha subrayado que los concentrados tenían "absoluto respeto" por una finca con la que llevan "mucho tiempo" trabajando conjuntamente y ha admitido que pusieron algunos "telones" para llevar a cabo la acampada y que utilizaron agua de un pozo.

El acusado ha mantenido que durante los días de ocupación la relación fue "buena y fluida" con los militares y que nunca impidieron la actividad militar ni se puso en riesgo la seguridad, que se limitaron a "limpiar" la zona y a reivindicar la cesión de parte de los terrenos en una comarca azotada por el desempleo.

Otro de los procesados que ha acudido a la vista, José Antonio Mesa, ha afirmado que, tras esa ocupación, la finca "se dejó como estaba", que recogieron "hasta los últimos papeles y colillas" y ha apostillado incluso que guardias civiles presentes llegaron a compartir con ellos alguna cerveza o algún cigarrillo.

"Era inhumano estar allí, pero queríamos conseguir la cesión (de la finca) por la fórmula que fuera", ha dicho este acusado, que ha calificado como "justa" y "razonable" esta reivindicación y que ha aclarado que pretendían que la ocupación, por la que no se les puede acusar de delitos, durara el menor tiempo posible.

Mañana, en la segunda y última sesión del juicio, está previsto que declaren cuatro testigos propuestos por la Fiscalía y otros dos propuestos por las defensas, que interesan la libre absolución de todos los procesados en un juicio que podrá quedar visto para sentencia tras los informes y conclusiones de las partes.

Sánchez Gordillo, junto a Diego Cañamero a las puertas del TSJA . :: A. A.

El juicio contra el parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, y otros 52 acusados por la ocupación en el verano de 2012 de la finca ’Las Turquillas’ en Osuna, donde se ubica la Yeguada Militar del ejército, ha arrancado pasadas las 10,40 horas de este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con la ausencia de un total de 51 de ellos.

Tanto Sánchez Gordillo como Cañamero y el resto de los imputados (excepto tres de ellos) permanecen en la plaza que da acceso al Alto Tribunal andaluz arropados por varios centenares de simpatizantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que, megáfono en mano, están haciendo llegar sus consignas al tribunal, ya que éstas se escuchan en la propia sala, presidida por el máximo responsable del TSJA, Lorenzo del Río.

A su llegada, Cañamero ha dicho a los periodistas que éste no se trata de un juicio por una determinada actuación "ilegal", sino que es un juicio "político" del Gobierno "contra el movimiento social y sindical más consecuente". "El Gobierno del PP quiere anular los movimientos sociales que critican su política", ha dicho el sindicalista, que ha justificado su ausencia en la sala como una "protesta" contra la "represión" que sufre el SAT.

"Rebelde"

En la misma línea, Sánchez Gordillo ha considerado que hay una "consigna a los fiscales de represión a un sindicato que no se calla, que es rebelde", y ha tildado de "barbaridad" que el Ministerio Público pida para él siete meses de prisión y la Abogacía del Estado un total de dos años de prisión.

La sesión, después de la resolución de las cuestiones previas solicitadas por los letrados personados, ha arrancado con la declaración de uno de los imputados, José R.N., que ha admitido que no tenían autorización para ocupar la finca, aunque defendiendo que la actuación se hizo de forma "pacífica" sin traspasar a la zona que era territorio militar.

La Fiscalía Superior de Andalucía solicita para Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y otro dos acusados en este procedimiento, ambos militantes del SAT, un total de siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave.

Asimismo, el Ministerio Público pide para Sánchez Gordillo, Cañamero y el resto de los acusados --un total de 52 entre militantes y simpatizantes del SAT-- el pago de una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble, y 100 euros de multa por una falta de daños.

Igualmente, pide que todos los imputados paguen una indemnización de 1.075,64 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 euros al Ayuntamiento de Osuna por los daños ocasionados, "sin una intención directa, a consecuencia de la ocupación", que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012.

La petición del fiscal se conoció después de que el Alto Tribunal andaluz emitiera un auto el pasado mes de mayo en el que procesaba por tres presuntos delitos de usurpación, daños y desobediencia y una falta de hurto a los acusados, cifrando los daños causados en 794,14 euros y en 281,50 euros el valor de los objetos sustraídos.