IU sugiere a Junta que realice convocatoria especial para administrativos y monitores de educación

El portavoz de administración pública del Grupo parlamentario de IULV-CA, Ignacio García considera conveniente reinterpretar el acuerdo entre sindicatos y Gobierno andaluz para dar la posibilidad a quienes han estado al frente de las tareas, de acceder a la convocatoria de la plaza

Las finalizaciones de los contratos de las trabajadoras administrativas de colegios públicos son inminentes y supondrán, a final de mes, la salida de las trabajadoras en toda Andalucía. Por ello, la Junta lanzará un plan de choque de empleo por un año natural siendo el Servicio Andaluz de Empleo el responsable del proceso de selección.

El problema que se plantea tiene que ver con la titulación que, según el convenio firmado entre Junta y sindicatos, se precisa para acceder al proceso titulación específica: Técnico Superior en Animación Sociocultural o bien Técnico Superior en Administración y Finanzas. Otras titulaciones inferiores, superiores o equivalentes no sirven lo que dejaría a quienes han estado desarrollando estas tareas desde hace 8 años, como empleados de empresas subcontratadas, sin poder acceder a la oferta de la plaza.

“Con estos requisitos, la mayoría de las trabajadoras que han estado en los colegios en los últimos ocho años se queda fuera” ha señalado Ignacio García, portavoz en materia de Hacienda y Administración Pública de IULV-CA en el Parlamento andaluz que pone como ejemplo la ciudad de Cádiz donde, en concreto, sólo cumplirían estos requisitos 4 de 92 trabajadores.

Para García, el problema reside en que durante los ocho años que el servicio ha estado externalizado con empresas privadas, el pliego de condiciones del ISE pedía que se contratara a FP2, bachillerato o equivalentes, sin embargo, “las empresas siempre han contratado al personal como auxiliares administrativos, (FP1) a media jornada y sin importar la titulación que tuvieran” y “el ISE no ha hecho ningún tipo de control de los contratos”. “Durante ocho años se ha mirado para otro lado”, denuncia Ignacio García.

Si el acuerdo entre Administración Pública y los sindicatos que fija que las titulaciones requeridas para el puesto de monitor escolar se mantiene inflexible, en el proceso de contratación que van a abrir, se quedarían fuera a estos trabajadores. Esto hace necesario un acuerdo de interpretación excepcional del convenio entre sindicatos y administración pública. Dicho acuerdo pasaría por permitir la titulación genérica “grupo 3” para que entren en el proceso de selección en el SAE una gran parte de las afectadas.

García reconoce que esta vía “es complicada” aunque le consta que, “aún así, los sindicatos se han puesto a estudiarla”.

Para el diputado de IU “lo importante es encontrar una solución que haga posible conciliar los derechos de unos trabajadores y trabajadoras que han prestado satisfactoriamente un servicio a la administración en condiciones de precariedad y explotación – y por debajo de los costes normales del servicio – con la racionalidad de cubrir las plazas de la administración pública con las titulaciones, formación y experiencia adecuadas”.