Más de 400 familias de Almuñécar temen ser desalojadas de sus viviendas

EUROPA PRESS

   Un total de 416 familias temen ser desalojadas de sus viviendas en Almuñécar (Granada), en una zona residencial en el Cerro Gordo de La Herradura, ante el "peligro de derrumbes", lo que achacan a una "deficiente construcción" que, ya desde 2005, ha provocado el "levantamiento de suelos, así como el desprendimiento y la rotura de muros de contención".

   En declaraciones a Europa Press, un portavoz de los afectados ha relatado que para la mayoría de las familias es su primera vivienda y hasta la fecha ya han sido demolidas tres que estaban ocupadas, aunque se espera que en los próximos meses sigan surgiendo nuevos procesos de demolición, ya que algunas "presentan graves deficiencias".

   Los afectados, unos 2.000, acusan de esta situación al Gobierno andaluz y al Ayuntamiento de Almuñécar, por "permitir a una promotora urbanística levantar cientos de viviendas sin utilizar técnicas de construcción adecuadas a la inestabilidad del terreno".

   De hecho, afirman que el Ayuntamiento de Almuñécar "no recepcionó" en aquel momento la urbanización a su término por los defectos constructivos que presentaba, pero tampoco exigió a la promotora la reparación de los desperfectos" en la zona residencial, que cuenta con 416 viviendas distribuidas en seis urbanizaciones englobadas bajo el nombre de Cármenes del Mar.

   Acusan además al Gobierno andaluz de ser conocedor de estos hechos y de "abandonarlos a su suerte", alegando "que no tiene competencias" en este asunto. Todo ello, añaden, pese a "haber interpuesto varios recursos contencioso-administrativos contra las licencias de construcción dadas por el Ayuntamiento de Almuñécar" y "no ejecutar" las sentencias que anulan 91 de ellas.

   Las familias han iniciado acciones legales "con el fin intentar salvar" sus casas y reclaman a las administraciones que pongan en marcha el procedimiento de ejecución subsidiaria, de modo que se restablezca la legalidad urbanística con la ejecución de la obra de rehabilitación por parte de la administración, quedando los costes a cargo obligado del promotor.

   Asimismo, solicitan, entre otras medidas, la declaración de emergencia para esta zona residencial para garantizar que la obra se realice a la mayor brevedad posible.