IU insta a la Consejería de Educación y los sindicatos a llegar a un acuerdo que permita a los monitores reincorporarse a los centros escolares
Los monitores, que antes eran un servicio privatizado, serán a partir de ahora contratados por la Junta. Eso es un gran avance en condiciones laborales y salario, pero hay problemas legales para que los contratados sean los mismos que estaban trabajando antes con las empresas privadas. IU pide a sindicatos y Consejería de Educación una fórmula que permita que estas personas puedan participar en el proceso de selección
Con el objetivo de recabar información de primera mano, y atender sus demandas, representantes de IU se han reunido en Granada con un grupo de monitores administrativos a los que se les acabó el contrato el pasado mes de noviembre en las empresas privadas para las que trabajaban.
La finalización de los contratos de monitores en colegios públicos ha supuesto el despido de 840 trabajadores en Andalucía. Para paliar el desempleo, la Junta planteó un plan de choque de empleo durante un año, donde el Servicio Andaluz de Empleo será el responsable del proceso de selección. Sin embargo, según el convenio firmado entre Junta y sindicatos, para acceder a dicha selección se requiere titulación específica para las funciones a desarrollar.
Según Mª Carmen Pérez, parlamentaria del grupo de IULV-CA, las empresas contrataban al personal como auxiliares administrativos, a media jornada, con independencia de la titulación que tuviesen, por lo que denuncia que “mientras se ha estado mirando para otro lado durante ocho años ante unas situaciones laborales pésimas, ahora se pretende perjudicar a un buen número de trabajadores y trabajadoras en Andalucía, que no van a poder acceder a una plaza de empleo, cuyas labores saben ejercer perfectamente, si las condiciones del acuerdo entre Junta y sindicatos son inflexibles”.
En el proceso de selección se les pide el título de Técnico Superior en Animación Sociocultural y Técnico Superior en Administración y Finanzas —titulaciones inferiores, superiores o equivalentes les deniegan el acceso al proceso—, pero IU ha solicitado a la Junta que se haga una convocatoria especial que permita que las personas a las que rescindieron su contrato vuelvan a ser contratadas.
Pérez ha dicho acerca de la problemática a la que se enfrentan los trabajadores que “es necesario buscar una solución para dar la posibilidad a quienes han venido desarrollando un trabajo desde hace ocho años de acceder a la convocatoria de las plazas que ofertará el gobierno andaluz”.
Para el grupo parlamentario de IU, dicha solución pasa por “reinterpretar el acuerdo entre sindicatos y gobierno andaluz”, y proponen un acuerdo de interpretación excepcional que permita la titulación genérica grupo 3, “para que puedan acceder a las ofertas de plaza una gran parte de los afectados”.
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