Que se olviden todos de hacerse ricos a costa de la vivienda

El Decreto Ley de Construcción Sostenible va a desarrollar, por primera vez desde una administración, las causas de la burbuja inmobiliaria y las prácticas especulativas que tenemos que evitar que se repitan

La eficiencia energética y la rehabilitación como apuesta fundamental del Gobierno andaluz tiene como beneficiarios a los colectivos más desfavorecidos de Andalucía

Izquierda Unida siempre ha defendido para Andalucía un modelo basado en la función social de la vivienda, entendida como derecho humano y no como mercancía, que promueva también el alquiler y la rehabilitación y por ello hoy queremos expresar nuestra satisfacción con el Decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía sobre construcción sostenible.

Hacemos lo que decimos y desde la Consejería de Fomento y Vivienda hemos diseñado un Plan Marco de Vivienda que incide en la necesidad de reconvertir el sector de la construcción a través de la rehabilitación y la eficiencia energética, precisamente los mismos pilares que han sido asumidos ahora por el conjunto del Gobierno andaluz para crear la llamada Mesa de la Construcción.

En Izquierda Unida nos alegramos pues de que nuestro modelo de construcción, el que hemos defendido siempre, y también desde que llegamos a la Junta de Andalucía, sea ahora el buque insignia de las políticas de vivienda del Gobierno andaluz, que se pone de relieve con este Decreto ley, gracias a la pedagogía que hemos impregnado en este proceso de elaboración de la norma.

Cuando Izquierda Unida entró en el Gobierno andaluz, muchos se echaron las manos en la cabeza al escuchar a nuestra compañera Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda, asegurar que no se construirían más viviendas en Andalucía, que no había nada más sostenible que construir sobre lo ya construido y que las necesidades de vivienda se cubrirían con las viviendas ya existentes; en concreto, entre 700.000 y un millón, que siguen vacías en Andalucía.

A partir de ahí, todo el engranaje de la Consejería de Fomento y Vivienda se puso al servicio de la búsqueda de nuevas fórmulas de reconversión del sector de la construcción a través de la rehabilitación, la eficiencia energética y la promoción del alquiler, en paralelo a una incuestionable lucha contra los desahucios.

El Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Fomento y Vivienda recoge esta nueva política y viene avalado por una potente apuesta inversora por la rehabilitación se irá renovando año a año.

Así, pese al contexto de fuerte restricción presupuestaria, la partida para programas de vivienda y rehabilitación asciende en 2014 a casi 140 millones de euros, un 11,2% más que en 2013. Además, el plan estatal de vivienda asigna a Andalucía 150 millones de euros hasta 2016. Y el plan contará también con 775 millones de fondos europeos hasta 2020.

IU en la Junta es garantía de que los fondos europeos se pongan al servicio de la creación empleo y el cambio de modelo productivo. No en vano, la rehabilitación genera, con la misma cantidad de inversión, tres veces más empleo que la construcción de vivienda nueva, impulsando una actividad que repercute mucho más en la pequeña y mediana empresa y en el empleo femenino. La previsión de la Consejería es que la rehabilitación genere hasta 2020 más de 100.000 puestos de trabajo focalizados además en las pymes que sostienen la economía andaluza, no en el Ibex 35.

Todo esto supone una ruptura radical con el modelo anterior, con la especulación que nos ha llevado a la actual crisis y que ahora tenemos el deber y la responsabilidad de enterrar para siempre. Y lo haremos por ley, como condición indispensable que Izquierda Unida ha introducido en la nueva política de vivienda del Gobierno andaluz. Así, el decreto que dará vida a la Mesa de la Construcción también pondrá fin a las prácticas especulativas gracias a su acotación legal, que será aprobada por Consejo de Gobierno con la impronta inconfundible de Izquierda Unida. Desde que el legislador constitucional lo previó en 1978, es la primera vez en la historia de la democracia en la que se van a intentar identificar las prácticas para que los poderes públicos puedan evitar la especulación.

Así, hemos arbitrado los mecanismos en el decreto fundamentalmente a través de una disposición adicional donde AVRA presentará proyectos para el patrimonio público residencial, en el marco de una política de rehabilitación del parque público frente a la venta masiva del mismo que se está dando en el contexto estatal.

También es de destacar la creación del Comité Sectorial para elaborar una normativa donde se defina las prácticas de economía especulativa en relación a la construcción y a la vivienda y que nos han traído al momento de crisis en el momento en el que nos encontramos. Este Comité Sectorial se dirigirá desde la Consejería de Fomento y que tendrá también integrados a las víctimas de la crisis, como consumidores y usuarios, afectados por hipotecas estafa o abusivas y en general afectados por alteración del precio de la vivienda, entidades de economía social, administradores de fincas. Siempre se ha hecho caso omiso, amparados en la premisa de que el mercado lo regula todo, pero ya sabemos que no es así. Solo acotando la economía especulativa se pueden definir medidas reales de economía productiva.

Podemos decir, orgullosos, que Izquierda Unida ha conseguido poner sobre la mesa su modelo de construcción en la Junta de Andalucía, frenando la inercia especulativa y apostando por ofrecer una segunda oportunidad al sector de la construcción. Pero, eso sí, que se olviden todos de hacerse ricos a costa de la vivienda.

No vamos a consentir que nuevos movimientos especulativos en torno a la vivienda sirvan para gestar la estafa del mañana. No en Andalucía. Con Izquierda Unida en el Gobierno andaluz, no hay posibilidad de que se gesten nuevas burbujas especulativas. Los errores del pasado no se van repetir. Y para que no haya lugar a dudas, lo vamos a garantizar por ley.