SICAVs, pensiones y linchamientos

Jorge San Miguel - @jorgesmiguel

El penúltimo escándalo político en España es el fondo de pensiones para europarlamentarios, con sede en Luxemburgo y que gestionaba los fondos a través de una SICAV, que ya le ha costado el escaño a Willy Meyer. Como las informaciones sobre Europa en nuestro país oscilan habitualmente entre el desconocimiento y el sensacionalismo, ya se trate de acuerdos de libre comercio, lobbies o salarios públicos; como el clima se presta desde hace tiempo a las tricoteuses, vocacionales o remuneradas; y como hace tiempo que en ciertos sectores progresistas se ha abierto la veda para disparar, con razón o sin ella, contra todo lo que huela a UE, conviene repasar los hechos desnudos para que el propio lector se forme una opinión sobre la legalidad, la ética y la estética del caso.

Lo primero que hay que saber es que las informaciones aparecidas ahora en España son cualquier cosa menos novedosas. Se corresponden con noticias y documentos difundidos entre 2007 y 2009 por diversas publicaciones europeas, como los británicos The Times, Daily Telegraph y The Guardian y la revista alemana Stern, como recoge el think tank británico pro-mercado y eurocrítico Open Europe. Este último incluye asimismo un excel con los diputados inscritos. Por tanto, difícilmente pueden apelar unos y otros a que el fondo y sus actividades eran secretos, ya sea para censurarlo, para defenderse o para colgarse medallas periodísticas.

De hecho, tan poco secreto era el fondo que su secretaría está en la sede parlamentaria de Bruselas (por cercanía con los parlamentarios), su presidente es el ex-diputado británico Richard Balfe (aquí se puede ver la mención en la propia web personal de Balfe) y sus datos de contacto son públicos y oficiales del Parlamento Europeo: [e-mail], 0032 2 28 44613. La sede del fondo, sin embargo, estaba en Luxemburgo por la sencilla razón de que allí es donde está radicada la secretaría general del Parlamento Europeo, a medio camino entre Estrasburgo (sede del plenario) y Bruselas (sede de comisiones). Si a uds. les parece absurdo, bienvenidos a la UE. Lo que no cabe es enterarse ahora de este peculiar reparto de sedes, como parece haber sido el caso de algún tertuliano de televisión.

Pero vayamos al meollo. El fondo se constituye en 1993 a petición del Colegio de Cuestores y de un grupo de parlamentarios británicos, siendo presidente del PE el socialista Enrique Barón, y con la aprobación de la Mesa, donde estaban representados todos los grupos, y de la que era miembro Fernando Pérez Royo, por entonces en IU. Se pretendía con ello equiparar el estatus de todos los parlamentarios, que por entonces dependían de sus respectivos parlamentos nacionales, y no entraban por tanto en el sistema general de pensiones para funcionarios y cargos políticos de la UE con cargo al presupuesto comunitario. Se trata de una asociación voluntaria y sin ánimo de lucro (pues el objetivo era meramente garantizar las pensiones futuras de los diputados), cuyas cuentas son auditadas anualmente por el Tribunal de Cuentas europeo -ligeramente más serio y fiable que su homólogo español.

El fondo se constituyó como voluntario porque los diputados de algunas nacionalidades, como los alemanes, holandeses o italianos, ya contaban con un sistema nacional de pensiones como diputados, que además era más favorable. Y ese carácter voluntario es, a juicio del Parlamento, lo que justifica no facilitar datos de los diputados acogidos. Algunos británicos, sin embargo, se acogieron tanto al fondo voluntario como a su propia pensión nacional; lo que, junto con las particularidades del debate europeo en el Reino Unido, quizás explique la beligerancia de algunos medios isleños en este asunto. Y acaso, siendo malpensados, haya llevado a algunos medios españoles a “copiar” la polémica sin detenerse a hacer otras averiguaciones.

Hasta 2005 no se redactó el Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, una vieja aspiración desde el primer parlamento elegido por sufragio universal en 1979, y que entró en vigor en la anterior legislatura (2009-2014). Estatuto que, por cierto, menciona expresamente el fondo de pensiones voluntario (artículo 27), demostrando de nuevo hasta qué punto la pretensión de que fuera un fondo secreto es maliciosa o desinformada. Y que estipula que el nuevo régimen de pensiones aplicable a los europarlamentarios a partir de 2009 es el general de los funcionarios UE, más beneficioso que el fondo voluntario y con cargo íntegro al presupuesto comunitario (los fondos aportados al anterior hasta 2009 permanecen, claro).

En el caso de los eurodiputados españoles, hasta 2009 era el Congreso de los Diputados el encargado de pagar su salario, mientras que el Parlamento se hacía cargo de las dietas y los gastos de secretaría. Al carecer de pensión de diputado cuando se constituyó el fondo, no existía ninguna “doble pensión” (como hemos visto para el caso de algunos británicos), siendo el fondo voluntario la única pensión que correspondía a los MEPs españoles en cuanto tales hasta que las aportaciones se interrumpieron en 2009 y pasaron al sistema general de pensiones de la UE.

Sobre el hecho de que la forma de gestionar el fondo fuese una SICAV, me remito a artículos esclarecedores como los de Francisco de la Torre o Belén Carreño. En cualquier caso, el beneficiario debe pagar impuestos en España (o el lugar donde resida) por los fondos una vez tiene acceso a los mismos (a partir de los 63 años), por lo que la supuesta evasión no es tal. La fórmula no es sustancialmente distinta de la que emplean los funcionarios de la Administración General del Estado, el Congreso y otros cuerpos de funcionarios y organizaciones internacionales. De nuevo, el hecho de carecer de pensión propia como diputado ni como funcionario UE antes de 2009 es lo que justifica la aportación 2:1 (68,5%) que realizaba el Parlamento al fondo respecto al diputado. De hecho, la aportación no hubiera sido del 68,5% sino del 100% en caso de existir una pensión de diputado como tal que no tuviera el carácter privado y provisional del fondo. Y el actual régimen UE de pensiones se costea con cargo íntegro al presupuesto comunitario. Pretender que es anómalo o inmoral destinar un sólo céntimo de dinero público a este tipo de planes puede casar bien con las retóricas y el marketing enragé de algunos, pero choca frontalmente con la práctica en todo tipo de organismos y en la propia administración; y en este caso particular suponía dejar a los eurodiputados españoles en una situación comparativamente peor que algunos de sus colegas del Parlamento o que los funcionarios y altos cargos españoles y comunitarios. Por no mencionar que, en el mundo real, el dinero y los favores públicos acaban alimentando directa o indirectamente todo tipo de operaciones privadas (también medios de comunicación), a menudo bastante más cuestionables que un fondo de pensiones para representantes electos.

Respecto a la última “revelación”, el hecho de que los diputados adelantaban la parte de aportación privada del fondo con cargo a dietas del Parlamento, resulta muy difícil sostener que dicho pago no se reembolsase de manera sistemática, por cuanto -como la misma noticia recoge, de forma paradójica- el propio Parlamento refiere en diversas decisiones y resoluciones tanto la contabilidad de dichos adelantos como la necesidad de que los diputados demuestren haber satisfecho los pagos; y al aprobar en 2009 la ejecución del presupuesto de 2007, “se felicita” por el hecho de haberse interrumpido la práctica del adelanto. De nuevo hay que recordar que el fondo es auditado anualmente por el Tribunal de Cuentas europeo; y, en caso de haberse detectado irregularidades, deberían analizarse de manera individual, y no mezclándolas con una valoración general sobre el fondo. Porque hay aspectos del mismo que pueden suscitar críticas razonadas -como, por ejemplo, el hecho que el Parlamento interviniese una vez en el fondo para enjugar una deuda excesiva- sin necesidad de incurrir en demagogias y linchamientos.

Al fin, la realidad es que desde 2009, y esto incluye a los nuevos miembros del Parlamento en 2014, tan beligerantes algunos de ellos, a los diputados les corresponderá una pensión pública significativamente mayor de la que les hubiera adjudicado el anterior esquema. Cobrarán, esta vez sí, en Luxemburgo y cotizarán por 8.000 euros, independientemente de si dedican ese dinero a donaciones o a coleccionar huevos de Fabergé. Y cuando se vayan o los echen en las urnas, se llevarán una generosa “paga de transición”. Quizás todas estas cosas sean motivo de escándalo cuando alguien las “descubra” convenientemente dentro de unos años.

Una breve reflexión para terminar. La dignificación del ejercicio de la política, y la asignación de recursos suficientes a los que la ejercen, especialmente en el caso de representantes electos, ha sido una aspiración tradicional de la izquierda. Y, en cualquier caso, representa la garantía de que la carencia de patrimonio no va a ser un obstáculo para acceder a una carrera política y al ejercicio de la representación pública. No obstante, desde hace unos años, y ante el comprensible cabreo de buena parte de la ciudadanía por la crisis económica, las deficiencias en la gestión pública y la frecuente falta de ejemplaridad, esta aspiración ha dado paso a una frecuente y transversal demagogia antipolítica. Queremos tener a los políticos más formados y honrados, pero pretendemos escatimarles las condiciones que los atraigan a la política y los alejen de otras ocupaciones o tentaciones. Nos escandalizan las “puertas giratorias”, pero también las carreras largas y asegurar el futuro de quienes entran en política. Uno, quizás ingenuamente, cree que estas actitudes son hasta cierto punto entendibles, pero que los medios deberían tener más cuidado que nunca para no atizarlas; y, desde luego, nunca ponerse a la cabeza de ellas, por más que sea nadar a favor de corriente. Hay suficiente trabajo real de fiscalización y crítica para jugar a ser Marat sin saber ni querer saber de lo que se habla.