Elena Cortés: “Tantísimas casas sin gente y tantísima gente sin casa es un fenómeno insoportable”

Elena cortés, consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía

ALEJANDRO TORRúS. Cuarto Poder

Elena Cortés (Priego de Córdoba, 1973) es la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Pertenece a Izquierda Unida y estuvo en el ojo del huracán durante varios días cuando ordenó el realojo de las familias con menores o en riesgo de exclusión social que habían ocupado la Corrala Utopía en Sevilla. Durante horas, el pacto de Gobierno en Andalucía estuvo prácticamente roto. Finalmente, el PSOE capituló y, recientemente, la Justicia le ha dado la razón a Cortés, que saca pecho del papel de IU en la crisis de la Corrala Utopía y en la lucha contra la corrupción asegurando que IU es la “garantía contra la corrupción”. Así, la dirigente andaluza también rechaza la idea de quienes le atribuyen a la coalición de izquierdas el papel de cómplice en el llamado régimen del 78 y sostiene que IU liderará “el proceso constituyente” que está por empezar.

– Recientemente hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha archivado la denuncia que Manos Limpias interpuso contra usted por el caso de la Corrala Utopía en Sevilla por un presunto delito de “prevaricación”. Recordamos al lector que tras producirse el desahucio usted ordenó el realojo de las familias con menores o en riesgo de exclusión social en viviendas sociales provocando una grave crisis de Gobierno. La presidenta llegó a retirar las competencias de Vivienda a IU durante 24 horas. ¿Cómo se siente tras conocer el auto, que avala el realojo?

– En la Corrala Utopía lo hicimos todo impecablemente, como ha quedado más que demostrado. El auto, que entra al fondo del asunto, establece judicialmente lo que siempre hemos tenido claro en la Consejería de Fomento y Vivienda y en Izquierda Unida: que el realojo fue justo socialmente y perfectamente legal y que lo realizamos en cumplimiento de una resolución judicial que instaba a las administraciones a atender a las familias con menores o en riesgo de exclusión social que se habían quedado en la calle. Un Gobierno democrático no necesita saltarse la ley para defender a quien lo ha perdido todo, a quien se ha quedado en la calle sin absolutamente nada. Fue todo impecable de principio a fin, como ha quedado acreditado por los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla, que certificaron que todas las familias se encuentran en riesgo o en situación de exclusión social. El TSJA establece negro sobre blanco que teníamos razón desde el principio. Simplemente hicimos lo que hacemos cada día desde que formamos parte del Gobierno andaluz: defender el derecho a la vivienda, con garantía legal y justicia social. Es obvio que aquel realojo provocó discrepancias en el Gobierno andaluz, que ya están totalmente zanjadas. En cuanto al balance de lo ocurrido, hay sobre la mesa suficientes elementos de juicio como para que cada cual se forme libremente su opinión sin necesidad de más adjetivos por mi parte.

– ¿Qué opina de la reciente ‘okupación’ de corralas en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) por parte de familias sin recursos? ¿Ha contactado su Consejería con ellas para tratar de ofrecer una solución habitacional dentro de los márgenes legales?

– Tantísimas casas sin gente y tantísima gente sin casa es un fenómeno insoportable. En Andalucía hay más de 700.000 viviendas vacías, la mayoría en manos de entidades financieras. En paralelo, se han producido desde 2007, año de recrudecimiento de esta crisis estafa, más de 80.000 desahucios. Es una situación totalmente insostenible. La política de la Consejería se orienta al abaratamiento del acceso a la vivienda mediante el alquiler asequible de las viviendas vacías. Cuando surgen situaciones como la de Sanlúcar, y en general siempre que el derecho a la vivienda de una familia se encuentra amenazado, intermediamos con las entidades financieras para buscar soluciones en colaboración con el ayuntamiento. Así lo estamos haciendo también en este caso. Nuestro Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha logrado paralizar miles de desahucios en los dos años desde que lo pusimos en marcha. Es ahí desde donde podemos atender a estas familias. Las puertas de este servicio, que es público, gratuito y demostradamente eficaz, están abiertas para todo el que lo necesite.

– Por tercer año consecutivo, el Sindicato Andaluz de Trabajadores ha entrado en la finca de Las Turquillas en Osuna (Sevilla), perteneciente al Ministerio de Defensa, para reclamar que parte de estos terrenos de 1.200 hectáreas pasen a manos de cooperativas de trabajadores para su cultivo. ¿Cree que esas tierras deberían ser trabajadas? ¿Qué opina de los métodos del SAT?

– El SAT pone sobre la mesa conflictos históricos del campo andaluz que requieren soluciones urgentes. En su trayectoria destaca la lucha pacífica y democrática en defensa de los jornaleros sin tierra, una lucha que tiene todo mi reconocimiento y respeto. Las tierras ociosas son una rémora del latifundismo andaluz y la izquierda transformadora está en la obligación de combatir este lamentable fenómeno. Este tema forma por primera vez parte prioritaria de la agenda institucional andaluza a raíz de la llegada de Izquierda Unida al Gobierno autonómico. Queda mucho por recorrer, pero estamos en el camino.

– En los presupuestos de la Junta aparecen tres millones de euros destinados para generar un banco de tierras en Andalucía. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Qué se ha hecho en este tema?

– De la misma manera que defendemos la función social de la vivienda, defendemos la función social de la tierra. El banco de tierras es una herramienta para poner a disposición de los trabajadores agrícolas las tierras públicas sin uso, crear empleo inmediato en el ámbito rural y combatir el envejecimiento del sector. Resulta inadmisible la concentración en escasas manos de la gran mayoría de la tierra, y más aún que el grueso de las ayudas de la PAC se lo lleven terratenientes improductivos. El campo andaluz necesita imperiosamente una reforma, y el banco de tierras, que aún es un proyecto en fase de gestación, es un factor de cambio en la buena dirección.

– Una de las principales críticas a Izquierda Unida es que ha formado parte del régimen de 1978 y que, como tal, tiene cierta responsabilidad, por activa o por pasiva, de la situación de crisis actual. ¿Qué opinión le merecen estas críticas? ¿Puede Izquierda Unida liderar un proceso constituyente pese a su propia mochila?

– Izquierda Unida mira hacia atrás con orgullo y hacia delante con ilusión. Izquierda Unida estuvo ahí contra el bipartidismo alertando de la mercantilización de Europa y del empobrecimiento de las clases populares que iba a suponer el Tratado de Maastricht. Y el tiempo nos ha dado la razón. Estuvimos ahí advirtiendo de que al boom de la vivienda sucedería un crash que se cargaría el sector de la construcción y arrastraría a toda la economía, que el PP y el PSOE habían colgado irresponsablemente de la especulación. Y el tiempo nos ha dado la razón. Eran tiempos en que a los que advertíamos contra la cultura del pelotazo se nos llamaba poco menos que aguafiestas. Y ahí estuvimos, como siempre, dando la cara contra el régimen bipartidista. Los hombres y mujeres de Izquierda Unida nos sentimos orgullosos del bagaje y la trayectoria tanto de IU como del PCE, en la lucha antifranquista, en la transición y en la democracia. Hemos sido y somos el referente de una España republicana, federal, laica, solidaria y en la que la riqueza se reparta con justicia. Frente al Estado de derechas que ha gestado el bipartidismo, hemos defendido, en muchas ocasiones a solas, un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Humildad?, faltaba más. ¿Autocrítica?, toda la que haga falta. ¿Aprendizaje en el camino?, por supuesto, porque Izquierda Unida es un movimiento vivo y autoexigente que no se da palmaditas en el hombro. Pero también orgullo y coherencia. Orgullo e ilusión por lo que queda por hacer. Y ahí incluyo ese proceso constituyente que por supuesto que vamos a liderar, en alianza con las clases populares y las víctimas de la crisis, ofreciendo todo nuestro esfuerzo y nuestra experiencia junto a la sociedad civil organizada. Un proceso constituyente que debe ser además feminista, porque las mujeres queremos decidir qué se produce y cómo se distribuye.

– Usted no es ajena a estas críticas. A IU se le ha criticado mucho por formar Gobierno con el PSOE andaluz, afectado por el escándalo de los ERE. ¿Supone un dilema moral tener como bandera la lucha contra la corrupción y sostener un Gobierno asediado por la Justicia por corrupción?

– Izquierda Unida no sostiene un Gobierno, forma parte de un Gobierno para cumplir un programa. Y un dato debe ir por delante: los desmanes y corrupciones que investiga la Justicia son anteriores a la actual legislatura y al actual Gobierno. Es decir, anteriores a la entrada de Izquierda Unida en el Gobierno andaluz tras las elecciones autonómicas de 2012. Son de cuando el PSOE gobernaba en solitario. A partir de la presente legislatura, Izquierda Unida está siendo garantía contra la corrupción. Impulsamos y lideramos una comisión de investigación a fondo sobre los ERE fraudulentos. Y defendemos siempre que se averigüe qué se ha hecho con cada euro, por qué y para quién. Y que pague hasta el último responsable, caiga quien caiga. IU en el Gobierno andaluz es garantía total contra la corrupción. Y lo reitero: los casos que se están investigando son del pasado, anteriores a la actual legislatura.

– ¿Ha cambiado su relación con el PSOE y con la presidenta Susana Díaz desde el enfrentamiento de la Corrala?

– No hubo tal enfrentamiento. Hubo una discrepancia política, es cierto que una discrepancia notable, sobre un asunto concreto. Y esta discrepancia quedó zanjada. El tiempo ha puesto las cosas en su sitio. La relación de IU con el PSOE se circunscribe al cumplimiento de un pacto de Gobierno, y eso es así antes y después del realojo de las familias con menores y en exclusión social de la Corrala. Es una relación marcada por la independencia y el respeto mutuos, donde por supuesto existe la discrepancia expresada con lealtad. Somos fuerzas políticas distintas con un pacto que cumplir.

– ¿Qué política aplicada por usted en Andalucía en la Consejería de Fomento y Vivienda la aplicaría a todo el Estado si fuera ministra de Fomento y Vivienda?

– Todas, por supuesto. Por resumir: la promoción de la rehabilitación de viviendas y el alquiler, como contraplano a la cultura de la compraventa especulativa; la racionalización de la obra pública, con medidas de eficiencia en la inversión como la que hemos llevado a cabo en el metro de Málaga, evitando un menoscabo a las arcas públicas de hasta 400 millones de euros mediante la revisión de un proyecto que nos encontramos totalmente sobredimensionado; la Ley de Función Social de la Vivienda, que permite expropiar viviendas a las entidades financieras para evitar desahucios de familias en exclusión social y sancionar a los bancos por el mantenimiento de viviendas deshabitadas para forzar su salida en alquiler asequible; la intermediación ante los bancos para evitar desalojos, y que ha permitido en sólo dos años que unas 5.000 familias que literalmente no pueden pagar su hipoteca sigan en sus casas; el Plan Andaluz de la Bicicleta, con el que estamos exportando a todas las áreas metropolitanas el éxito del caso de Sevilla, que impulsó IU en el Ayuntamiento…

– Estas son medidas que han aplicado en la Junta de Andalucía. Si IU estuviera en el Gobierno central y usted fuera la ministra responsable de Vivienda, ¿qué medidas tomaría?

Haríamos mucho más en el Gobierno de España, porque tendríamos otras competencias que nos permitirían llegar aún más lejos: regulación de la dación en pago, del alquiler social, garantía de la función social de las viviendas deshabitadas… La Constitución dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Y para nosotros eso no es papel mojado. Con IU en el Gobierno de España no tendría que venir la Justicia europea a tumbar una ley hipotecaria por dejar a las familias indefensas ante las agresiones del poder financiero. Frenaríamos el desmantelamiento de los servicios ferroviarios básicos, frenaríamos la privatización de AENA, evitaríamos disparates como el rescate por las radiales de Madrid, lucharíamos por garantizar el derecho a la vivienda, no por rescatar entidades financieras… La vivienda y la obra pública en España han sido gestionadas como burbujas por el bipartidismo. IU las trata como soporte de derechos: derecho a la vivienda, derecho a la movilidad en condiciones de igualdad. En Andalucía le hemos dado la vuelta como a un calcetín a las políticas de vivienda y obra pública. Y funcionan mucho mejor en defensa del interés general, como funcionaría en toda España.

– Su nombre ha sonado en muchas quinielas como posible candidata a la alcaldía de Córdoba, su ciudad natal.

– Ciertamente, si cada vez que me han planteado esa cuestión me hubieran dado un euro, tendría ya una fortuna… Bromas aparte, eso es algo totalmente descartado. Izquierda Unida ya ha elegido, mediante sus procedimientos democráticos, a su candidato a las elecciones municipales en Córdoba, mi compañero Pedro García.

– Usted también es consejera de infraestructuras de transporte de Andalucía. En este sentido, hay un dato revelador: Andalucía tiene más kilómetros de autovía por habitante que Alemania. ¿Qué ha pasado en España para llegar a esta situación? ¿Se puede dar uso a todas las infraestructuras construidas durante los años de bonanza (aeropuertos, carreteras, estaciones de tren, palacios de congresos…)?

– El bipartidismo generó una evidente burbuja de las infraestructuras, que ha dejado ejemplos lamentables de despilfarro e inutilidad. Ahora toca hacer balance y actuar en consecuencia. Ni hay que sacralizar las infraestructuras, ni demonizarlas. Las infraestruturas no son fines en sí mismas, sino medios. Y deben ser medios útiles a la ciudadanía, construidos siguiendo criterios de eficiencia económica y social. En Málaga, la Consejería que dirijo partió de un proyecto de metro sobredimensionado en origen y hemos sabido reconducirlo para hacerlo eficiente. En el metro de Granada ahorramos 23 millones de euros simplemente eliminando un paso subterráneo para coches que estaba proyectado y que era totalmente innecesario. Eso es actuar sobre el aprendizaje de las lecciones de la crisis, eso es lo que evita repetir errores del pasado. Tratamos cada euro público como lo que es: oro puro. En cuanto a la red de carreteras, hemos situado como prioridad la conservación y el mantenimiento de la red viaria, que es un patrimonio público fundamental para la vertebración social y territorial de Andalucía, así como la finalización de aquellas carreteras en estado de ejecución más avanzado. No hay peor inversión que la inversión a medias. IU ha borrado las palabras despilfarrro y especulación de las políticas de obra pública en Andalucía. Hemos revertido la tendencia especulativa tanto en vivienda como en infraestructuras. Y eso al PP le pone enfermo, porque ellos siguen defendiendo el modelo de obra faraónica, un modelo que encaja bien con el ‘sistema Bárcenas’, de sobrecito y maletín.