El abogado del ayuntamiento muestra su malestar ante un convenio muy perjudicial para el municipio
En 1.995, el ayuntamiento cedió a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) un solar en el P-4 para construir 25 VPO. El acuerdo de cesión contemplaba un plazo de cinco años para hacer las viviendas. Tal y como establece la ley, si a los cinco años esas viviendas no se habían hecho, el solar volvía a ser del ayuntamiento.
Pasaron nueve años en vez de cinco, y EPSA no construyó las viviendas. Dado que el ayuntamiento quería un solar para que la Junta hiciese un Palacio de Justicia, el ayuntamiento reclamó el solar a EPSA, pero en vez de pedirlo a cambio de nada, ya que la ley así lo estipula, el entonces alcalde firmó un convenio con EPSA para que el solar volviese a propiedad municipal, pero con una condición, y es que el ayuntamiento tenía que darle a EPSA otro solar.
Ese compromiso no era necesario, pero tampoco estaba mal dado el fin de la operación: hacer VPO. Lo que sí era una barbaridad era comprometerse a que si el ayuntamiento no podía conseguir ese solar en el plazo de cuatro años, le daría a EPSA una cantidad desorbitada de dinero. Y más aún, el alcalde se comprometía por escrito a que fuera EPSA la que decidiera si los solares le gustaban o no. En caso de que ningún solar le gustara, el ayuntamiento tendría que pagar. En la práctica, esto suponía que el ayuntamiento tendría que pagar un dineral por un solar que era nuestro, del municipio. El tiempo ha pasado y EPSA ha reclamado esas cantidades que Benavides se comprometió a pagarle. El ayuntamiento se ha negado y ahora estamos metidos en un pleito que no sabemos cómo terminará. La irresponsabilidad de Benavides puede terminar costándonos 1.257.705€.
La torpe gestión del anterior alcalde ha sido duramente criticada por el abogado del ayuntamiento. En un informe al que ha tenido acceso IU, este letrado ha dicho textualmente:
Este letrado tiene serias dudas de que el Convenio de 2004 no sea nulo de pleno derecho: en él se prevén estipulaciones abiertamente contrarias a instituciones jurídicas civiles y administrativas (una donación pura y simple se troca en una modal; se deja al arbitrio de un solo contratante el cumplimiento del convenio; se omite la reversión pactada en escritura previa al Convenio), además, se prescinde de periciales tasadoras que sustente los precios convenidos.
Hecha esta contundente exposición de motivos, el letrado desgrana una a una las sinrazones del convenio firmado por Benavides. En primer lugar, el abogado muestra su sorpresa por el hecho de que una donación gratuita para hacer VPO se convierta en un compromiso por parte del ayuntamiento para pagar por una parcela que era municipal:
El análisis de fondo de este proceso obliga a remontarse al Convenio de 1 de marzo de 1995 en el que existe una donación gratuita CONDICIONADA a la ejecución de viviendas de VPO por parte de EPSA. No obstante tal nítida condición, sorpresivamente el Ayuntamiento firma un nuevo CONVENIO con EPSA, en fecha 1 de julio de 2004, el cual HACE DE LA DONACIÓN CONDICIONADA UNA DONACIÓN SIMPLE: lo que en su día fue cedido gratis por el Ayuntamiento a EPSA para construir VPO, ahora lo recupera el Ayuntamiento, pero, a cambio, ¡o entrega otras parcelas de 7.660 m2 de techo edificable, o bien paga 838.760,38 euros más el 10% del valor!. Salta a la vista la improcedencia total de mantener viva una donación modal trocándola pura. Es un bien patrimonial del municipio: ¿cómo lo va a entregar gratis el Ayuntamiento a EPSA? Repárese bien que EPSA le está pidiendo a este Ayuntamiento de Almuñécar 1.257.705, 36 € por las parcelas que él le cedió gratis.
El informe del letrado continúa mostrando su perplejidad por una cláusula en la que se deja en manos de EPSA decidir si los solares que el ayuntamiento le ofrece a cambio son adecuados para construir VPO. Dice textualmente el abogado del ayuntamiento:
Dicho esto, ¿no es nula la estipulación sexta del convenio que deja en manos de EPSA el cumplimiento del contrato? En efecto EPSA elegirá entre los solares que le entregue el Ayuntamiento. Si le gustan o no. Así se explicita con cierto ropaje semántico, eso sí, para no evidenciar de nuevo la arbitrariedad de la estipulación. Estimamos que es totalmente improcedente dar validez a un contrato administrativo que dota de una plenipotencia a la recurrente que elige las parcelas que quiere, o no las elige, en función de su intitulada discrecionalidad, que más bien nos parece arbitrio.
Finalmente, el letrado critica con dureza que la valoración de la parcela se haga sin un informe técnico que respalde ese valor. El abogado se sorprende (y también nosotros) de que una parcela que valía 17 millones de pesetas (ciento dos mil euros) nos pueda acabar costando quince veces más:
Como último matiz creemos que no es desdeñable que la parcela que el Ayuntamiento le cedió a EPSA para VPO cuyo valor consta en la escritura (17.360.000 ptas), se torne en una petición económica de la empresa de nada más ni menos que 1.257.705, 36 €. Se nos antoja un auténtico disparate que lo cedido por 17.360.000 ptas, es verdad que en el año 1994, pueda suponer que EPSA, que lo recibe gratis, le pida al Ayuntamiento casi quince veces su valor.
En relación a este tema, IU recuerda que a instancias de su grupo, el Pleno aprobó, con el rechazo de Convergencia, llegar a una solución amistosa con EPSA para que el solar destinado a Palacio de Justicia pudiera albergar el prometido Palacio junto a las prometidas VPO. Si este acuerdo no fuese posible, IU insta al gobierno municipal a realizar los trámites necesarios para lograr la nulidad del calamitoso convenio de 2004.
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Conha -
J.C. -