La oficina de intermediación ha posibilitado que 134 familias permanezcan en sus viviendas
Un total de 25 ayuntamientos de Granada se han adherido al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda impulsado por la Consejería de Fomento, que ha supuesto la apertura de oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en la comunidad. Con la firma de estos nuevos convenios, ya son 44 los municipios granadinos que han prestado su apoyo a esta iniciativa, que en el conjunto de Andalucía ya cuenta con el respaldo de 182 ayuntamientos.
Los ayuntamientos que se han sumado este viernes al programa son Algarinejo, Almuñécar, Alpujarra de la Sierra, Arenas del Rey, Baza, Beas de Granada, Benalúa, Cáñar, Cuevas del Campo, Gorafe, Güevéjar, Iznalloz, Jun, Lobras, Loja, Motril, Murtas, El Padul, Pulianas, Rubite, Santa Cruz del Comercio, Salar, Salobreña, Torvizcón y Villanueva de las Torres.
Cortés ha querido felicitar a esos municipios "por integrarse en este bloque institucional andaluz para la defensa de las víctimas de la crisis" y ha subrayado que "la entrada en vigor del decreto-ley de la función social de la vivienda ha permitido reforzar la labor que desempeñan las oficinas, ya que disponen de un instrumento muy valioso para defender los intereses de los ciudadanos".
"El decreto introduce un cambio radical en la concepción de la vivienda, que pasa de ser una mercancía sometida al albur de la especulación inmobiliaria a un derecho humano fundamental", ha destacado la titular de Fomento, que ha añadido que "da una respuesta contundente a una situación de evidente emergencia social".
"Nuestra obligación es defender el interés general y el decreto-ley se ubica justo en el lugar que le corresponde, al lado de las víctimas", ha insistido Cortés, para quien la Consejería está cumpliendo con su compromiso de "exprimir todas las competencias a nuestro alcance" para activar medidas en defensa de las familias.
"En junio paralizamos los desahucios en el parque público de viviendas de la Junta, en julio participamos en el Plan de Choque por el empleo para generar actividad en el sector de la construcción mediante la rehabilitación de viviendas en municipios aquejados por un elevado paro, en octubre pusimos en marcha el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda y hoy, a todo ello, se suma el decreto-ley", ha repasado la consejera, que ha asegurado que desde el departamento que dirige "seguiremos estando al lado de los ciudadanos".
Durante la firma del convenio, Elena Cortés ha dado a conocer el balance de las familias atendidas durante los primeros seis meses de actividad del punto de información y asesoramiento abierto por la Junta de Andalucía en Granada. En dicho periodo, esta oficina ha recibido un total de 253 visitas, que ha dado lugar a la tramitación de 206 expedientes. De ellos, 48 se han tramitado por la vía de la prevención, 134 en el área de la intermediación y 24 en el ámbito de la protección.
Gracias a la labor de la oficina, las 134 personas que han acudido en la fase de intermediación continúan en sus viviendas. De estos casos, 53 se han resuelto positivamente, facilitando información requerida por los afectados o recurriendo a diversas vías de negociación como dación en pago y el alquiler social, la modificación de las condiciones del préstamo hipotecario o la intermediación ante juzgados para la suspensión de la subasta o del lanzamiento. Los restantes 81 expedientes están en trámite, lo que significa que las familias siguen en sus viviendas mientras se tramita su petición para evitar el desahucio.
"Las oficinas se abrieron con el objetivo de que las personas que acudieran a ellas no perdieran su vivienda. Los resultados que se están obteniendo nos permiten afirmar que estamos cumpliendo con ese cometido, lo que significa que la política sí puede cambiar las cosas si una administración se pone del lado de quienes peor lo están pasando", ha puntualizado.
En la fase más temprana, en el ámbito de la prevención 48 familias han acudido a estos puntos solicitando información sobre los efectos de los impagos de las rentas de alquiler e hipotecas o sobre las cláusulas abusivas. En prevención, la atención se presta cuando aún no existe morosidad con la entidad financiera, y es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las condiciones para evitar los desahucios según la normativa o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas en contratos financieros que ya han firmado o prevén firmar. Por otro lado, otras 24 familias se han dirigido a la oficina de Grana para solicitar protección.
El acuerdo firmado por la Consejería y los ayuntamientos garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en estos municipios de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.
También se comprometen, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de las Delegaciones Territoriales de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.
El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública. Los ayuntamientos facilitarán a las Delegaciones Territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.
Estos acuerdos contemplan la constitución de una Comisión de Seguimiento par dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.
