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Almuñécar contra la corrupción

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Inician los trámites para expropiar en Granada otras dos viviendas a dos bancos

Inician los trámites para expropiar en Granada otras dos viviendas a dos bancos

Los referidos expedientes se someten ahora a información pública para que los titulares y demás interesados puedan presentar reclamaciones y sugerencias

Ideal

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica hoy el anuncio del inicio de trámite para la expropiación forzosa a dos entidades financieras del uso de otras dos viviendas en la provincia de Granada, concretamente en los municipios de Motril y Huétor Vega.

Esta publicación oficial, consultada por Efe en el BOJA, se produce en cumplimiento de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda y una vez que las entidades adjudicatarias del pleno dominio de los inmuebles pidieran el lanzamiento.

Ana María Barros y Siham Quessam presentaron por su parte ante la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda en Granada peticiones para iniciar el procedimiento de expropiación forzosa recogido en la normativa y aportaron la documentación exigida, por lo que se abrieron dos expedientes.

Por ello, los referidos expedientes se someten ahora a información pública para que los titulares y demás interesados puedan presentar las correspondientes reclamaciones y sugerencias.

Las viviendas afectadas se encuentran en el número 8 de la calle Juan de Dios Fernández Molina, de Motril (Granada), inmueble que reclama el Banco Popular, y en el número 32 de la calle Virgen del Rosario de Huétor Vega (Granada), que es demandado por el BBVA.

El delegado territorial de Fomento y Vivienda en Granada, Manuel Morales, ha informado de que el anuncio en el BOJA constituye el paso inicial del proceso de expropiación temporal del uso, que es de aplicación a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.

Una vez realizada esta publicación, las sociedades titulares de las viviendas y demás interesados disponen de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.

Morales ha explicado que se trata de inmuebles en los que residen familias en especiales circunstancias de "emergencia social" que, gracias a la Ley de Función Social de la Vivienda, tienen ahora una oportunidad de permanecer en sus hogares durante tres años.

"El alcance de la ley es ilimitado, como ilimitado es el compromiso del Gobierno andaluz contra los desahucios", ha señalado el delegado, que considera que con la expropiación temporal del uso de la vivienda se da una solución "inmediata" al problema de los desahucios, contra los que la Consejería de Fomento y Vivienda ha desplegado una fuerte ofensiva a través de las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.

Con la publicación de hoy en el BOJA se elevan a cuatro los expedientes sometidos a información pública en Granada, de los 22 totales tramitados en el conjunto de Andalucía, de los que ya se ha culminado uno en Huelva con la aprobación definitiva de la expropiación temporal.

Cayo Lara estalla: Gente que come de la basura, que se suicida, parados.. NO pueden esperar MÁS

Ayudas de la Junta a Centros comerciales abiertos

Ayudas de la Junta a Centros comerciales abiertos

Los apoyos, que podrán solicitarse hasta el 28 de octubre, se dirigen a asociaciones promotoras y ayuntamientos que cuenten con algún CCA reconocido o en proyecto

La Consejería de Turismo y Comercio ha abierto una nueva línea de incentivos por importe de 1.721.241 euros (cofinanciados en un 20% por la Administración General del Estado mediante transferencia finalista participada con Fondos FEDER) para fomentar la implantación del formato Centro Comercial Abierto (CCA) en Andalucía. Estos apoyos podrán solicitarse hasta el 28 de octubre y podrán alcanzar hasta el 80% de la cuantía del proyecto aprobado, que podrán contar con una inversión máxima de entre 20.000 y 70.000 euros, según el concepto subvencionable.

La orden que regula esta convocatoria, publicada hoy en el BOJA, establece como beneficiarios de estas ayudas a asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes minoristas promotoras de CCA distinguidos o en fase de tramitación, así como ayuntamientos que cuenten en sus municipios con al menos uno de estos formatos, ya sea reconocido o esté en proyecto.

El consejero, Rafael Rodríguez, explicó que, “pese a las dificultades presupuestarias, desde la Consejería se ha hecho un esfuerzo para que haya convocatoria en 2013 porque entendemos que la apuesta por el fortalecimiento de los Centros Comerciales Abiertos y la revitalización de las zonas comerciales donde se encuentran es clave para el pequeño comercio que los conforma. Con ello damos respuesta a las demandas que asociaciones y ayuntamientos nos trasladaron en el Congreso de CCA a principios de año”.

En opinión del titular andaluz de Turismo y Comercio, la implicación de los ayuntamientos en la mejora y revitalización de estos espacios en los centros urbanos “contribuirá, sin duda, a la atracción de consumidores, lo que repercutirá en beneficio del pequeño comercio”.

La nueva convocatoria cuenta con una dotación económica de 1.721.241 euros, de los cuales 921.876 euros se destinarán a asociaciones promotoras de CCA y 799.365 a ayuntamientos. Las asociaciones de CCA reconocido podrán optar hasta dos actuaciones subvencionables, mientras que las que promuevan un proyecto de este tipo aspirarán a una. Asimismo, los ayuntamientos podrán solicitar una ayuda por cada Centro Comercial Abierto que haya en su municipio. 

Actuaciones subvencionables

Entre las iniciativas de asociaciones de comerciantes promotoras que podrán contar con incentivos de la Administración autonómica, figuran actuaciones relacionadas con la incorporación de nuevas tecnologías (intranet, red WiFi o proyectos de comercio electrónico), con una inversión máxima de 20.000 euros; o la implantación o mejora de elementos de identificación o imagen corporativa (hasta 40.000 euros).

También se encuentran proyectos de promoción de ventas, publicidad, animación comercial y escaparatismo destinadas a fomentar la actividad en el CCA reconocido o en proyecto (hasta 50.000 euros); gastos de gerencia (hasta 30.000 euros); o sistemas de seguridad (hasta 40.000 euros).

En lo que respecta a los ayuntamientos, los conceptos subvencionables para dar a conocer este formato consistirán en la instauración o renovación de señalética comercial, iluminación, entoldado, microclima, engalanamiento, o sistemas de videovigilancia. En este caso, cada actuación podrá contemplar uno o varios de estos elementos siempre que en su conjunto no exceda de los 70.000 euros.

Las solicitudes recibidas serán tramitadas por la Dirección General de Comercio en régimen de concurrencia competitiva.  Una vez resuelta la concesión de las ayudas, las entidades solicitantes dispondrán de un plazo máximo de ocho meses para la ejecución de sus respectivos proyectos.

Los interesados podrán cumplimentar y presentar sus solicitudes de forma telemática a través de la página web de la Consejería, en la dirección www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/, así como en los registros de las correspondientes delegaciones territoriales de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio o de la propia Consejería.
 

Tomar el Estado

Tomar el Estado
Luis García Montero

En una de sus confesiones más famosas, poco antes de pegarse un tiro en la cabeza, Mariano José de Larra afirmó que escribir en Madrid era llorar. La frase extendió después su vuelo y cambió con naturalidad sus dimensiones geográficas porque la gente identificó Madrid con la corte, es decir, con los rumbos generales de la política española. Empezamos así a repetir que escribir en España es llorar. Como Larra fue un ejemplo de escritor público, comprometido con los males de la sociedad, no me reprochará que cambie un poco la frase. Ser ciudadano en España es llorar. Llorar de vergüenza.
Es tanta la vergüenza con la que convivimos cada día que, para secarse las lágrimas, no basta con comprar todos los pañuelos de papel que venden los mendigos en los semáforos de las ciudades españolas. Quiero decir que no basta con quejarse. Hay que pasar al ataque político. Hay que tomar el Estado. Aunque la cultura neoliberal intente desacreditar la importancia del Estado, el tejido legal público sigue manteniendo un peso decisivo a la hora de regular la convivencia. Sin un Estado vergonzoso, los ciudadanos no pasaríamos tanta vergüenza cuando se habla del paro, la religión, la vivienda y el régimen bipartidista que sufrimos.
Es para llorar de vergüenza que una vicepresidenta del Gobierno se permita denunciar a 520.000 desempleados por cometer fraude con el subsidio. Lo de menos es la mentira de la cifra. Lo demás es otra cosa: el verdadero fraude que debilita la fiscalidad española tiene que ver con los impuesto de las grandes empresas. Una legislación vergonzosa permite por mil caminos la ingeniería del no pago. Y, por si faltaba algo, los inspectores de hacienda tienen una tradicional obligación de cerrar los ojos ante el fraude de los poderosos. Se facilita hasta el blanqueo del dinero defraudado. Aquí sólo se vigila al sector medio de los autónomos y a los asalariados. Ahora se criminaliza también a los españoles que, por culpa de unos gobiernos sumisos a la especulación y las instituciones financieras, sufren el paro. Es para llorar.
Es para llorar que los máximos representantes del Gobierno de España y de la Generalitat participen en una falsificación histórica como la perpetrada en Tarragona. La beatificación de los mártires de la Iglesia Católica en la guerra civil sólo es posible por culpa de un Estado que lleva años queriendo falsificar la historia de España. Pero la España del suegro de Undargarin no es la España real. La Iglesia Católica preparó, alimentó, participó y consagró en 1936 un golpe militar feroz contra un Gobierno democrático. Después bendijo durante 40 años los crímenes y las represiones sistemáticas de la dictadura. La mayoría de los sacerdotes muertos en la guerra no fueron víctimas de su fe. Cayeron en su propio golpe de Estado y como luchadores fascistas en un asalto a la legitimidad republicana. Los que no somos partidarios de los golpes de Estado ni de la violencia sentimos cualquier muerte. Pero es para llorar el espectáculo de un país que convierte a los verdugos en héroes. Y es para llorar de vergüenza que un grupo de trabajo de la ONU haya tenido que denunciar recientemente la dejadez de los gobiernos democráticos españoles a la hora de buscar justicia y reparación para las verdaderas víctimas del golpe militar de 1936.
Da vergüenza también que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tenga que paralizar el desalojo de 43 ciudadanos españoles. Da vergüenza nuestra ley hipotecaria. Da vergüenza nuestra manera de pagar la factura de los bancos y sus malos negocios a costa de empobrecer a la mayoría de la población. Da vergüenza el sometimiento de los partidos mayoritarios a la oligarquía económica.
Es para llorar, pero no basta con llorar. Hay que tomar el Estado, cambiar las leyes que nos condenan a las lágrimas y a la vergüenza. Escribir en Madrid, en España, es hoy contener la rabia, morderse la lengua, no pasarse en la cólera destructiva, no gritar contra los que de una forma u otra, por acción u omisión, han sometido la vida ciudadana a un respirar contaminado y vergonzoso. Más que la inercia negativa, se necesitan ahora optimismo y valor para configurar una nueva mayoría, una transformación del Estado. Eso, o mirarse al espejo como Larra y pegarse un tiro en la cabeza.
http://blogs.publico.es/luis-garcia-montero/681/tomar-el-estado/

 

Una pregunta tonta de Cayo Lara a la vicepresidenta del Gobierno: ¿Podría usted vivir con 426 euros, aunque le ayudara su pareja con otro sueldo?

Cayo Lara pregunta a la vicepresidenta del Gobierno si ella "podría vivir con 426 euros de ayuda" después de su intento de criminalizar a los parados

Cayo Lara pregunta a la vicepresidenta del Gobierno si ella "podría vivir con 426 euros de ayuda" después de su intento de criminalizar a los parados
Pese a ser respondido por la ministra Fátima Báñez, el coordinador federal de Izquierda Unida dirige su pregunta en la sesión de control al Gobierno a Soraya Sáenz de Santamaría -que ya se había marchado de la Cámara- después de que ésta se negara a aceptar contestarle personalmente a las falsedades vertidas el pasado viernes tras el Consejo de Ministros  

"Señora ministra, esta pregunta no iba dirigida a usted, iba dirigida a la vicepresidenta del Gobierno porque está motivada en la declaración, en la falsedad, que hizo el viernes la vicepresidenta del Gobierno... En todo caso, ya aprovecho para que felicite a quien corresponda por el auto de la jueza de Sevilla. Iré a la pregunta, ¿por qué criminaliza el Gobierno a los parados acusándoles de un fraude generalizado inexistente cuando la verdad es que hay más desempleados sin ningún tipo de ayuda?

Se referiría usted al Plan PARA. Respeto absoluto pero también respeto, además de a la Justicia, a los parados. Es muy grave que la vicepresidenta afirmara que más de medio millón de parados y paradas que cobran ayuda hacen fraude a la Administración. Y es muy grave que la vicepresidenta del Gobierno presente a los parados como unos estafadores de la sociedad y reviste mayor gravedad porque, además, es falso. El propio Ministerio de Empleo ha demostrado la falsedad de dicha declaración. Y si criminalizar a los parados es cruel y es inhumano, criminalizarlos siendo falsa la imputación no tiene ningún calificativo.

Los parados no son unos estafadores, los estafadores no están en el paro. Los parados no son los que evaden impuestos. Los parados no son los que tienen cuentas en Suiza. Los parados no son los que arruinan este país. Los parados no son los que están hundiendo nuestra economía. Los parados no son para quienes se hacen leyes de amnistía para que ‘blanqueen’ lo defraudado. Los parados son las víctimas. Más de tres millones no cobra ayuda ninguna; más de millón y medio sólo percibe una ayuda al mes de 426 euros y si algunos hacen algunas chapuzas en ‘negro’, el 0,5 por ciento, es porque no les hacen contratos en ‘blanco’ y porque con 426 euros sabe la vicepresidenta, y usted, que una familia no puede pagar un alquiler y comer. Incluso con dos ayudas de 426 euros no se puede pagar el alquiler, un hipoteca de un piso y vivir.

¿Podría vivir la vicepresidenta con 426 euros de ayuda, aunque su pareja le aportara una ayuda similar? ¿Qué pensaría si además la llamaran delincuente?

Los parados no son delincuentes, los delincuentes económicos son otros y la vicepresidenta  sabe dónde están. Dejen ya de perseguir y criminalizar a los parados y persigan a los que están saqueando este país y, además, creen empleo, que es lo que necesita esta España."

IU defiende que el instrumento financiero que necesita Andalucía es un banco público

IU defiende que el instrumento financiero que necesita Andalucía es un banco público

El banco público estaría tanto al servicio de PYMES y autónomos como de hogares como pieza clave del nuevo modelo económico andaluz.

La propuesta, aprobada por unanimidad en la Comisión Ejecutiva y en cuya elaboración han participado economistas y organizaciones sociales y sindicales, será defendida por IU en el debate de conclusiones del Grupo de Trabajo del Parlamento sobre creación de un Instituto Público de crédito.

Como ha explicado Rosalía Martín, portavoz de IU en el mismo, el modelo de banco público permite dar respuesta tanto a las PYMES y los autónomos como a los hogares, “va a la mayor” y se sitúa en la estrategia de desarrollo de un nuevo modelo productivo “no dependiente y capaz de resolver las necesidades la mayoría social en Andalucía”. Este sería creado por ley y estaría sometido a la soberanía popular a través del Parlamento. IU se ha mostrado en contra de la creación de un instrumento meramente administrativo, ya que no permitiría cumplir con estos objetivos y podría convertirse “en un chiringuito más en manos de la Junta”. 

Además la parlamentaria ha señalado que “es de justicia que el Gobierno central colabore en su creación cuando se está rescatando a las cajas de Madrid y Galicia con los impuestos de las andaluzas y de los andaluces”. En este sentido la propuesta de IU reclama que el banco público andaluz sea impulsado por el Gobierno central a través del Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB) y del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La parlamentaria andaluza ha explicado que el proceso de debate continúa para elaborar las conclusiones del grupo de trabajo, y que estás serán trasladadas al Parlamento. En este punto Martín ha recordado que la actual presidente de la Junta se comprometió a asumirlas, y que el modelo presentado por IU tiene su anclaje en el acuerdo firmado por IU y PSOE que sostiene al gobierno de la Junta.

Es necesario subir los ingresos para que los recortes disminuyan

Andalucía aprueba la primera expropiación temporal de una vivienda

Andalucía aprueba la primera expropiación temporal de una vivienda

María del Carmen Andújar, en el centro.

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado hoy la primera expropiación temporal de una vivienda en virtud de la nueva ley de medidas para asegurar su función social, en vigor desde el pasado 9 de octubre. Se trata de la culminación del primer expediente iniciado tras la aprobación del decreto previo a la ley, cuya aplicación paralizó un recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.

Con el acuerdo, se evita la orden de desahucio que pesaba sobre una vivienda de la calle Alonso de Ercilla, en Huelva -cuando se inició el expediente, Fomento ya se puso en contacto con el juzgado correspondiente para evitar la ejecución-, embargada por una sociedad de gestión de activos. Su dueña, María del Carmen Andújar, vive en ella con su marido y sus dos hijos, de 17 y 15 años. La familia, en riesgo de exclusión, deberá abonar un alquiler social: el 25% de sus ingresos hasta un máximo de 130 euros mensuales.

Con la culminación del expediente, la Junta da un paso adelante en la aplicación de su polémica ley antidesahucios. Aún quedan, no obstante, algunos trámites. La empresa deberá aceptar ahora la oferta de Fomento -4.711 euros, justiprecio que corresponde al 2% del precio del remate por el que obtuvo la vivienda en subasta- para cerrar la expropiación del uso del inmueble, que se prolongará durante tres años. Si no hay acuerdo en un plazo de 15 días, la Consejería inciará los trámites para una “urgente ocupación” y será un comité provincial de valoración, dependiente de Presidencia, el que determinará cuánto debe abonar la administración andaluza. Aunque la empresa presentó alegaciones al proceso de expropiación, estas fueron rechazadas.

En el horizonte, la amenaza de un nuevo recurso del Gobierno ante el Constitucional. Si llega a producirse, al tratarse de un conflicto de competencias, la admisión a trámite del Tribunal supondría la suspensión automática de la norma durante, al menos, cinco meses. Fomento confía, no obstante, en poder llegar a un acuerdo con el Ejecutivo de Rajoy antes de que se tome la decisión a través de una comisión bilateral. “En Andalucía ni hay ni va a haber tregua contra los desahucios. Por muchos obstáculos que nos pongan, nunca nos vamos a rendir”, ha advertido hoy la consejera, Elena Cortés.

La Junta tramita actualmente otros 17 expedientes para la expropiación temporal de viviendas, ya publicados en el BOJA -seis en Málaga, cuatro en Sevilla, tres en Almería, dos en Granada, una en Huelva y una en Cádiz-. La cifra sube, no obstante, hasta 130 si se cuentan los 113 expedientes pendientes de publicación en el BOJA, casos en los que la Consejería ya ha constatado que cumplen con los requisitos exigidos.

TRES AÑOS DE ALIVIO

María del Carmen Andújar, la primera andaluza beneficiada por la expropiación forzosa de la vivienda a entidades financieras, está “feliz y emocionada”, por “los tres años de alivio” que le da esta medida. El expediente de expropiación aprobado hoy por el Consejo de Gobierno permite a esta mujer y su familia permanecer en la vivienda que fuera suya 36 meses a cambio de un alquiler social.

En declaraciones a Efe, Andújar ha explicado que le han comunicado la noticia esta misma mañana desde la Consejería de Fomento y Vivienda y que desde entonces está “eufórica”. ”Lo primero que he hecho es llamar a mi familia para contárselo y decirles que me podía quedar tres años más”, ha dicho, un tiempo que espera “sea suficiente” para que “las cosas vayan mejor y poder renegociar con el banco una nueva hipoteca para su casa”.

Casada y con cuatro hijos, dos de los cuales son menores de edad -de 15 y 17 años- y se encuentran a su cargo, esta mujer de 41 años, es la única de la unidad familiar que tiene trabajo, dos horas al día limpiando portales por el que percibe unos 350 euros mensuales. Además de este dinero, la familia sólo cuenta con la ayuda de 420 euros que percibe el marido por ser desempleado de larga duración, y otra complementaria de 80 euros que tiene concedida ella, lo que hace un total de algo más de 800 euros mensuales.

“Estoy aliviada”, ha asegurado, sobre todo porque, según ha explicado, a raíz del recurso presentado por el Gobierno central al decreto de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía el procedimiento quedó parado y “tenía cinco meses, hasta diciembre, para irme”. Pese a la incertidumbre, Andújar no perdió el tiempo, y desde que en mayo se iniciara el expediente que hoy le permite quedarse en su casa, comenzó a pintar y a desembalar las cajas que se apilaban en las habitaciones a la espera de la ejecución de la orden de desahucio.

Perdió su vivienda en octubre del 2011, tras salir a subasta después de más de quince meses sin pagar la hipoteca y tenía fecha de desahucio para el 14 de mayo, que no se ejecutó a raíz del inicio del procedimiento para acogerse a las medidas del nuevo decreto de la Junta.

Cayo Lara en la 1

Maíllo en una excelente entrevista

Ellos no quieren, pero sí se puede

IU Andalucía dispuesta al debate sobre la necesidad de ingresos frente a los que siguen "exigiendo sacrificios a los de abajo"

El portavoz del Grupo parlamentario de Izquierda Unida, José Antonio Castro, analiza en Canal Sur los diferentes asuntos de actualidad de Andalucía que se derivan de los recién publicados Presupuestos Generales para 2014 y su repercusión para las cuentas de la Comunidad.

En este sentido, Castro ha puesto el acento en el necesario debate para generar ingresos para Andalucía cuando las políticas de recortes duran ya 4 años y se siguen exigiendo sacrificios a los de abajo. Así, Castro ha señalado que la elaboración del presupuesto está siendo "dificil" pero que "va bien" pese al dificil escenario que deja el Gobierno de Rajoy.

La necesaria optimización del sector público, de la que Castro ha dicho que resulta "bochornoso" el número de externalizaciones cuando la Junta cuenta con un personal "perfectamente cualificado" en sus entes instrumentales.

El proyecto del banco público de tierras de IU Andalucía o la actualidad del proceso de instrucción en el caso ERES y la última operación Heracles han sido otros temas abordados por el portavoz parlamentario

El Parlamento se posiciona con una Andalucía libre de fracking a iniciativa de Izquierda Unida

La iniciativa de impulso insta al Gobierno andaluz a Declarar la Comunidad Autónoma de Andalucía como territorio libre de prospecciones y explotaciones de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica. El consejo de Gobierno comparecerá, previsiblemente, en el primer Pleno del Parlamento de noviembre para informar de las medidas a adoptar para cumplir con el acuerdo de la cámara

Los negativos impactos socio-ambientales son los principales motivos que tanto IULV-CA como la Plataforma Andalucía Libre de Fracking han esgrimido para solicitar al Parlamento andaluz que rechace esta práctica. Alegan “gravísimas consecuencias” para la salud humana que pudieran llegar a causar enfermedades cancerígenas, mutagénicas y del aparato reproductor; la destrucción del medio ambiente; la contaminación atmosférica tóxica y la fuga de gases de efecto invernadero.

Por estas razones y algunas más, Manuel Baena, portavoz de IULVCA en materia de medio ambiente, ha defendido la Proposición no de Ley que aboga por declarar la Comunidad Autónoma de Andalucía como territorio libre de prospecciones y explotaciones de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica (fracking), por los daños irreparables que causa al medio ambiente y, consecuentemente, a las personas.

Asimismo y aplicando el principio de precaución, la iniciativa insta al Gobierno andaluz a dejar sin efecto, en su caso, todas las autorizaciones concedidas por la Consejería para la realización de estudios prospectivos mediante esta técnica.

Por último y para que cunda el ejemplo, la iniciativa insta al Gobierno de la nación a la prohibición, en todo el territorio del Estado español, de la realización de actividades de prospección, exploración, investigación o explotación de hidrocarburos y gases de roca y no convencionales, que supongan –en todo o en parte del proceso– la utilización de las técnicas de fractura hidráulica con inyección de agua y/o de otros aditivos químicos.

Desde Izquierda Unida se valora la aprobación de la iniciativa como un gran paso adelante y se informa que la propuesta es que el Consejo de Gobierno comparezca en el primer Pleno del mes de noviembre para explicar cómo va a desarrollar e impulsar el acuerdo de la cámara, dado que el orden del día del próximo Pleno está cerrado y el último Pleno de octubre será previsiblemente monográfico sobre los PGE para 2014.

IU muestra su preocupación por el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana

Pregunta a la Consejería de Medioa Ambiente si piensa tomar medidas ante el riesgo para la población y el entorno ambiental

IU Andalucía, a través de su grupo en el Parlamento andaluz, ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta que explique las acciones que piensa emprender para garantizar la seguridad de la población ante las posibles repercusiones sísmicas producidas por el almacenamiento de gas en Doñana.

En una pregunta oral con trámite de máxima actualidad, el compañero Manuel Baena, portavoz de IU en la Comisión de Medio Ambiente, se hace eco de la paralización anunciada por el Gobierno del proyecto Castor, consistente en la inyección de gas para su almacenamiento subterráneo en el delta del Ebro, ante la detección de aproximadamente 300 seísmos en el último mes.

IU muestra su preocupación por la autorización concedida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al proyecto para el almacenamiento de gas en Doñana de la empresa Petroleum Oil & Gas-España y las posibles repercusiones sísmicas que pudiera tener esta actividad.

Por este motivo, Baena pregunta a la Junta qué acciones piensa emprender el Consejo de Gobierno para garantizar la seguridad de los habitantes del entorno, así como también para preservar los valores naturales del Espacio Natural de Doñana.

IU Andalucía ya ha denunciado esta circunstancia con anterioridad, a través de su coordinador general, Antonio Maíllo, mostrando el rechazo al proyecto de almacenar gas en el subsuelo de Doñana por suponer un inmenso riesgo medioambiental y para la seguridad de la población. IU mantendrá encuentros con las organizaciones sociales y las instituciones del entorno para elaborar una posición firme al respecto contando con las opiniones de quiénes se pueden ver afectados en primera instancia.

IU se planta ante Hacienda: «Hay mucha grasa que quitar»

IU se planta ante Hacienda: «Hay mucha grasa que quitar»

Castro revela las tensiones en la negociación de los presupuestos y pide una «auditoría activa» de las empresas públicas

Las relaciones entre los socios del Gobierno andaluz hacen crisis, tras un año y medio de coalición y apenas un mes después del nombramiento de Susana Díaz como nueva presidenta. Las negociaciones sobre el presupuesto están lejos de ir por buen camino, como oficialmente se dice. El portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, evidenció el malestar de la coalición por las afirmaciones de la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, respecto a las cuentas públicas, tras el Consejo de Gobierno del martes, y le contestó que «hay margen para reducir grasa política en la Junta».

Molesto porque Montero diera por zanjado lo que llaman «el debate sobre los ingresos», es decir los nuevos impuestos, en especial el de grandes superficies, Castro salió a recordar a la consejera, e incluso a la propia presidenta de la Junta, que también se ha negado a aumentar la fiscalidad, que ocupan sus respectivos cargos gracias a IU, un lenguaje desconocido hasta ahora entre los coligados.

Castro llegó a decir al PSOE que «ya está bien». Recordó que en Andalucía hay un Gobierno de coalición y que la consejera es la responsable «técnica» de los presupuestos, pero la decisión es política y compartida por los dos socios.

IU piensa que «pone la cara» en un momento tan decisivo como el presupuestario, y no va a permitir, dice, que se den por cerradas cuestiones que están sobre la mesa ni que se ventilen en los medios debates que están por cerrarse.

La coalición quiere llevarse el gato al agua en la pugna por imponer nuevos impuestos, sobre todo el de grandes superficies, que ya Susana Díaz ha asegurado que no se aprobará, pero matiza que no se trata de gravar al ciudadano. «Esto no es el IVA, dijo Castro. Nosotros velamos por el interés general, no por los intereses de los dueños de El Corte Inglés, Alcampo o Carrefour».

Así las cosas, las posibilidades que se abren para alcanzar un acuerdo no son muchas, pero las hay. IU debe obtener algo a cambio para salvar su perfil ante sus electores, pero el Gobierno ha arriesgado mucho al negarse con rotundidad a aumentar la carga fiscal en Andalucía.

En materia tributaria, existe una amplia gama que se puede pactar y que se aplica en otras comunidades autónomas, entre los que se citan los que gravan bebidas azucaradas, la tasa ecológica o sobre el despegue y aterrizaje de aviones, pero la coalición quiere saca r adelante el impuesto sobre las grandes superficies a toda costa.

La solución, según fuentes de IU, podría venir de la mano de las normas recién aprobadas contra el «fraude social», aunque están en fase de anteproyecto y aún tardarán un tiempo en entrar en vigor, incluso la fecha prevista es final de la legislatura.

Otra vía es aumentar los ingresos por la vía de la gestión de activos, en especial por la venta de inmuebles propiedad de la Junta, entre los que hay un paquete de bienes con los que el Gobierno de Zapatero pagó la llamada ’deuda histórica’. Otra vía de compensación iría por la senda del banco público de tierras, que el PSOE ha querido ralentizar y convertirlo en un «observatorio», mientras IU ya empieza a hablar de expropiación de fincas.

Las empresas públicas

Mientras estas bazas se juegan en la mesa negociadora, que ya ha mantenido cinco reuniones, Castro decidió meter presión al contrincante y lo hizo con una jugada de peso. Si el día anterior la consejera manifestó que «no queda más grasa para seguir adelgazando», el portavoz de Izquierda Unida le dijo que sí la hay y urgió una «auditoría activa» de las empresas públicas, que ya en el debate de investidura emplazó a la presidenta a adelantar.

Así, Castro puso como ejemplo lo que Fomento ha hecho con la Empresa Pública de Suelo, «donde había 66 personas que no debían estar y un directivo por cada cuatro empleados», y pidió que se revise una a una las empresas públicas y el personal de cada una de ellas.

Castro cree que la Junta podría ahorrar hasta mil millones de euros con estas medidas. Así, dijo, no tendría que tocar el capítulo 1, el gasto de personal, que será el último que se negocie, indico, para «paliar» otros recortes en los funcionarios.

Pese a todo, IU cree que será posible alcanzar «unos buenos presupuestos». En fuentes de la coalición y del Gobierno se habla de una «pelea de matrimonios» y creen que se logrará la reconciliación.

El Consejero de Turismo valora la situación del turismo y la dificultad del presupuesto ante los recortes del PP

IU se marca como objetivo para las Europeas de 2014 trabajar "para que se cristalice una gran coalición electoral contra las políticas neoliberales que marca la Troika"

IU se marca como objetivo para las Europeas de 2014 trabajar "para que se cristalice una gran coalición electoral contra las políticas neoliberales que marca la Troika"

La formación que lidera Cayo Lara aprueba para los próximos contactos que mantendrá con distintas fuerzas políticas y sociales dirigirse “expresamente” a aquellas pertenecientes “a las nacionalidades históricas del Estado, que se reclaman de la izquierda nacionalista y antineoliberal, y que tengan en la lucha contra las políticas de la troika su prioridad”

Izquierda Unida se ha marcado como objetivo de cara a las Elecciones Europeas de 2014 trabajar “para que cristalice una gran coalición electoral contra las políticas neoliberales que marca la troika en Europa. Una coalición que sea un reflejo de las fuerzas políticas que tengan este objetivo y un referente social y ciudadano de quiénes resisten y confrontan con ellas”.

En este marco, Izquierda Unida señala que “nos dirigimos también y expresamente a aquellas fuerzas políticas y sociales, en especial de las nacionalidades históricas del Estado, que se reclaman de la izquierda nacionalista y antineoliberal, y que tengan en la lucha contra las políticas de la troika su prioridad, desde el convencimiento de que únicamente la unidad política y electoral de todas estas fuerza junto a Izquierda Unida, principal fuerza política de la izquierda trasformadora y federalista, nos permitirá alcanzar la suficiente mayoría en las instituciones europeas, así como ofrecer a la ciudadanía de todos los pueblos del Estado una alternativa que sea políticamente mayoritaria en dichas elecciones”.

El Consejo Político Federal de IU respaldó ayer por amplísima mayoría estas aportaciones realizadas durante el debate y que el coordinador federal, Cayo Lara, aceptó incorporar a su informe político como una de las “tareas” de la formación a corto y medio plazo. La votación final a este informe con la que se concluyó la reunión del máximo órgano de dirección de IU ofreció el resultado de 105 votos a favor, 7 en contra y 8 abstenciones.

En esta explicación más detallada ya en vigor de sus objetivos se especifica que “ante la próxima convocatoria de Elecciones Europeas,  IU considera necesario avanzar en la conformación de una amplia alianza social y política, forjada entre todos los colectivos y fuerzas políticas que compartimos la necesidad de defender un Estado social y plenamente democrático que frene a la actual Europa neoliberal, atlantista y antisocial, reivindicando la recuperación de la soberanía de los pueblos, hoy secuestrada por la troika y los gobiernos europeos que aplican la receta neoliberal empobreciendo a sus ciudadanos y ciudadanas”.

La dirección de IU constata que “sumar con amplitud de miras requiere también de nosotros un enorme esfuerzo y una actitud positiva en lo interno”.

Para la formación que lidera Cayo Lara, esta “alternativa” en la que ya se trabaja debe aprovechar “el evidente agotamiento del modelo surgido durante la transición del franquismo a la democracia y, en especial, el agotamiento de un  sistema político caracterizado por el bipartidismo que hoy día es masivamente rechazado por los ciudadanos y ciudadanas de todos los pueblos del Estado”.

“Mostramos nuestro convencimiento –se indica- en que al igual que ocurriera en los años de confrontación de la República contra el fascismo, las próximas Elecciones Europeas deben dar lugar a una nueva mayoría de la izquierda del Estado si todas las fuerzas políticas y sociales que venimos trabajando en contra de la troika comunitaria aunamos esfuerzos en torno a una propuesta programática que represente los anhelos de todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado”.

Cayo Lara: "¿Por qué tenemos que pagar los ciudadanos con recortes los excesos de la banca?

Algunos compañeros de la Asamblea de Almuñécar antes de empezar el acto de Maíllo

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