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“Los dos años de gobierno de Rajoy demuestran su prioridad y preferencia por el poder financiero”

En el ecuador de la legislatura de Mariano Rajoy, el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, destaca la repercusión negativa en Andalucía de las reformas de los populares, y reprocha al Ejecutivo no haber llevado a cabo la actuación más importante: la reforma fiscal.

Con motivo del segundo aniversario de la entrada del PP en el gobierno de la nación, el coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha aprovechado su visita a Granada para hacer una valoración de las consecuencias del mandato de Mariano Rajoy en Andalucía.

Maíllo ha considerado que el gobierno de Rajoy ha establecido claramente en estos dos años sus prioridades y preferencias a favor del poder financiero, y en detrimento de la ciudadanía.

Según el coordinador, la condonación de 36.000 millones de euros a la banca no puede sino recaer sobre los contribuyentes. Ciudadanos y ciudadanas que, además, han visto mermar sus derechos a ritmo vertiginoso. Prueba de ello son, principalmente, las reformas laboral y educativa aprobadas por el PP.

Tal y como ha manifestado Maíllo, la reforma laboral solo ha generado más paro, un descenso de las pensiones y peores condiciones laborales y salariales, mientras que la reforma educativa “rompe con la igualdad de oportunidades”.

En este punto, el responsable andaluz ha mostrado su solidaridad con los estudiantes detenidos y heridos durante la manifestación celebrada en Granada, y ha solicitado que se aclare el papel que jugó la policía durante la jornada de ayer y se determine quién asume la responsabilidad política sobre una actuación que IU considera “desmedida”.

Asimismo, el coordinador general de IULV-CA ha denunciado la falta de voluntad del PP para acabar con el fraude fiscal. “De ese tsunami de reformas al que nos ha sometido Rajoy, se han olvidado, sin embargo, de la necesidad de una reforma fiscal”, ha sostenido Maíllo. Para el responsable andaluz, el dinero procedente del fraude en el país, y que “equivale a tres veces el presupuesto de la Junta”, supone una pieza clave para la salida de la crisis y la buena marcha económica de un país que se precie democrático.

En otra instancia, Antonio Maíllo ha mostrado su apoyo a la iniciativa emprendida por el vicepresidente de la Junta para financiar servicios básicos de suministros a población desfavorecida. El debate sobre la renta básica en Andalucía, ha comentado el coordinador, sigue siendo una prioridad para IU.

Por su parte, Manuel Morales, delegado de Fomento y Vivienda, ha lamentado tener que valorar la repercusión en la provincia de Granada de los dos años de legislatura de Rajoy en términos de decepción y sufrimiento. Unos resultados que el coordinador provincial ha cifrado en 43.100 parados más en la provincia granadina; el descenso del crédito a empresas, autónomos y pymes en un 57% en los dos últimos años; una media de mil euros menos al año en los salarios; y la omisión en los presupuestos generales del Estado de recursos para actuaciones clave para la provincia: “Ni segunda circunvalación ni estación del AVE ni autovía de Córdoba ni línea férrea Guadix-Almendricos ni presupuesto para la conservación y el mantenimiento del patrimonio cultural de Granada”, ha sentenciado Morales.

Cayo Lara en TVE

Sr. Rajoy: Desde Granada sin amor

Manolo Morales. Coordinador provincial de IU

Sr. Rajoy: Su partido no quiere implantar en España el poder revocatorio. Es normal. Si lo hubiese, usted llevaría ya más de un año de expresidente del Gobierno. Por eso, sólo por eso, ya tenemos una lección de verdadera democracia que aprender de Venezuela.

Se cumplen dos años de su mandato y usted dice que a partir de ahora las cosas estarán un poquito mejor. Es cierto. A partir de ahora quedará cada día un día menos para que usted deje de presidir el gobierno de este país y eso, ya de por sí, es una mejora.

Dos años que, desde Granada, sólo podemos calificar como de decepción (para quienes llegaron a creer en usted), de sufrimiento (para quienes sufren sus políticas antisociales) y de rebeldía y rabia (para quienes sabemos que otra España, otra Andalucía y otra Granada son posibles).

Me limito a hablar desde Granada, pero este rincón de España es sólo un ejemplo más donde se ven los efectos de sus políticas, que están vendiendo nuestra nación al capital transnacional, con todos nosotros dentro.

Usted llegó al gobierno prometiendo acabar con el paro. Hace dos años Granada tenía 129.600 parados. Hoy tiene 172.700. Un 33% más, que son 43.100 dramas familiares y personales más, con nombre y apellidos.

Usted llegó al gobierno, prometiendo "hacer lo que había que hacer" para facilitar el crédito y que llegara a la pequeña empresa. Como indicador del éxito de su política para mejorar la liquidez crediticia, baste indicar que las hipotecas concedidas por los bancos en Granada han caído en estos dos años en más de un 57%. Un recorte de 126.750.000 Euros menos de crédito hipotecario ¡cada trimestre! sólo en Granada desde que usted llegó al poder. Eso sí. Esas mismas entidades de no-crédito han recibido de su gobierno estos dos años ayudas multimillonarias, mientras niegan el menor auxilio a nuestras pymes. Algo que usted criticó cuando estaba en la oposición.

Usted se presentaba como el lider del "partido de los trabajadores" según declaraciones de la secretaria general de su propio partido en un vergonzoso mitin, una noche infausta. La única quizá en la que su caudillo y nuestra pasionaria debieron revolverse a la vez en sus tumbas. Hoy, dos años después, el coste salarial mensual medio en Granada, ha bajado de 1.804 a 1.733 Euros. Los pocos trabajadores que van quedando ganan cada vez menos y sus empresas mejoran los beneficios. Éste es el verdadero logro de su reforma laboral. Inocular el miedo en los trabajadores, que aceptan, año tras año, retroceso en sus salarios, incremento en sus jornadas, perdidas en sus derechos, por temor a perder su trabajo. En materia de relaciones laborales, el suyo es un régimen del terror.

Y terror con motivo, porque su promesa de velar por las clases trabajadoras en Granada se llama Puleva, Rober, Caja Granada, Panrico, Santa Bárbara, ACISA, Grupo Joly, Cadena SER, CORSAN, Dhul, NH... y tantas otras.
ERE tras ERE, despido colectivo tras despido colectivo, en una verdadera orgía de destrucción de empleo que desató su reforma del despido barato y sin derechos que, eso sí, ha reducido en Andalucía la distancia  entre el campo y la ciudad, porque cada vez los trabajadores urbanos del Siglo XXI se parecen más a los jornaleros de la posguerra, que aguardaban a recibir el trabajo que el patrón mandara por el salario que tuviera a bien pagar. Sumisos, como le gustan a usted los hombres y a su arzobispo las mujeres.

Usted llegó al gobierno prometiendo acabar infraestructuras imprescindibles para el desarrollo de nuestro territorio. Hoy, cada una de esas infraestructuras es una bofetada a las expectativas de esta tierra de la Alta Andalucía tantas veces postergada:

• La segunda circunvalación es hoy el monumento a la obra abandonada, yerma en mitad de la vega.
• El AVE avanza a paso de mercancías y dotado de financiación ridículamente insuficiente, no llegará en las fechas previstas. Ni siquiera la versión deteriorada de AVE acordada por el PP para Granada.
• La autovía de Córdoba dejo de existir en los presupuestos y a fuerza de no hablar de ella, pretende usted que la olvide todo el sector económico que la reclama.
• La ciudad de Granada parece haber logrado la independencia de España antes que Cataluña. Nada de lo crucial para su desarrollo cuenta con su apoyo, Señor Presidente. Ni la integración del AVE en la ciudad, a la que usted dedica 175.000 € en los presupuestos 2014, (menos de lo que algún compañero suyo gastaba en trajes); las inversiones en el centro Lorca, la recuperación de los barrios del Albaicín y Sacromonte, la intervención en la muralla Zirí, el plan estratégico de la Zona Norte, los parques periurbanos del Genil, Darro y Beiro, o inversiones para el parque agrario de la vega, pensando en desarrollo agrícola, que es algo que a usted no le interesa.
• No existe la menor intención de recuperar las línea férreas Guadix-Almendricos o el estudio de la conexión ferroviaria del puerto de Motril. Por más que mientan sus diputados manifestando el pleno apoyo y compromiso de su partido cada vez que ven un micrófono cerca.
• La propia inversión para la terminación de la A7 supone, en realidad, un recorte de más de 300 Millones de Euros respecto de los comprometido en anteriores presupuestos con cargo al 2014. Es, ciertamente, la inversión más cuantiosa de Andalucía, pero es, en términos reales, un recorte envuelto en celofán.
• No ha hecho usted, ni lo planifica, las conexiones para regadío en la presa de Rules, incluidas en el Plan Hidrológico Nacional y por tanto competencia del Estado. Le es más útil políticamente reclamar que lo haga la Junta que darle agua al campo. Ha tomado usted a los agricultores de rehenes para tener un motivo de confrontación con el Gobierno Andaluz, una decisión caciquil propia de una dictadura bananera. Quizá lo último que la faltaba a la costa de Granada para ser ya tropical del todo.

Llego usted a Presidente prometiendo una postura firme y resuelta ante Europa. Hoy, esa nueva política agraria comunitaria que usted a aprobado y dado por buena, supone la pérdida para España de más de 5.000 Millones a lo largo de los próximos 7 años, que serán de vacas flacas para nuestros agricultores y ganaderos. En lo único que muestra firmeza es en su pelea de patio de colegio sobre Gibraltar, en la que discute sobre el color de la bandera que lo decora, sin cuestionar nunca que deje de ser un paraíso fiscal.

Con todo, pese a todo, aquí seguiremos los andaluces. Esperando que pasen los dos años en los que sin duda, se agarrará al sillón con la determinación que da la obediencia debida al capital que le puso en el por sobradas razones. En esos dos años, pediremos su dimisión todos los días, para que sepa que gobierna porque las leyes (sus leyes) nos impiden echarle, pero que lo hace en contra de la voluntad del pueblo.

En estos dos años, seguiremos haciendo las cosas que los andaluces de izquierda sabemos hacer: apoyar la agricultura, expropiar a los bancos que desahucian, frenar a los especuladores inmobiliarios que quieren devorar nuestra costa, impulsar nuestro turismo (que aunque a usted le duela lidera el sector a nivel nacional); investigar con apoyo público en nuestras Universidades, a las que pueden seguir yendo los hijos de los trabajadores, desobedecer sus órdenes de desmantelar lo público y defender a las pequeñas tiendas de todas y cada una de las leyes que usted saca para convertirlas en franquicias de multinacionales o en llevarlas al cierre.

Todo eso y mucho más. Lo suficiente para transmitirle a todos los españoles la fuerza que da la esperanza en que otra forma de gobernar y otras políticas son posibles. Para que en noviembre de 2015 sea usted el que empiece a contar meses desde el rincón que le reserva la historia: el del peor presidente que nunca tuvo España.

Benos días, fascismo

Luis García Montero

Guardo dos sensaciones precisas del tiempo que me tocó vivir bajo la dictadura del caudillo, nuestro generalísimo Francisco Franco: el miedo a la Policía y el trato cotidiano con la mentira. Ya sé que la realidad española fue suavizándose conforme nos alejábamos de la sangría provocada por el golpe militar de 1936, pero en el aire de los años cincuenta, sesenta y setenta que yo respiré podía percibirse con facilidad el olor del miedo y de la mentira.

Los periódicos mentían tanto por lo que callaban como por lo que decían. La retórica sobre el imperio, la raza, la patria, la gloria que nos enseñaban en las clases de Formación del Espíritu Nacional no resistía las primeras miradas sobre el mundo. Un país pobre, menesteroso, humillado, sin ciencia, sin una economía sólida, sin cultura pública, sin repercusión internacional, sufría bajo las alas del águila. Más bien una gallina. Los colores de la bandera solo servían para ponerse rojos de vergüenza y amarillos de envidia cada vez que íbamos descubriendo lo que era la vida.

Los políticos mentían. Y no me refiero a las verdades a medias y las manipulaciones propias del electoralismo. Mentían de verdad y hasta el fondo, como yo de adolescente cuando me obligaban a confesar los curas del colegio. Éramos herederos de un Régimen basado en la instauración oficial de mentira. A Miguel Compins,  Comandante Militar de Granada, fueron a buscarlo los golpistas a su despacho, en donde estaba tan tranquilo cumpliendo órdenes del Gobierno y de la superioridad, y lo fusilaron por ayudar a la rebelión. No fue el único caso. El legal era el sublevado, en invierno hacía calor, en verano frío, los peces volaban por las nubes y los pájaros nadaban por las profundidades del mar si así lo afirmaba la autoridad.

Nadie, claro está, confundía la verdad oficial con la realidad. Eso creaba una separación tajante entre el Estado y la calle. Hoy somos herederos de esa división impuesta por la costumbre de mentir. Lo que empezó siendo la mentirijilla electoral en la España democrática desemboca hoy en el regreso a la desvergonzada mentira fascista. Rajoy  jura que no conocía las actividades corruptas de su tesorero más íntimo y no pasa nada. Ana Botella dice que la Reforma Laboral ha salvado los puestos de trabajo de los trabajadores de la limpieza en Madrid y no pasa nada. Se miente sobre la economía, el paro, la política internacional, la honradez de la familia real, y no pasa nada. Las instituciones –véase el poder judicial- son una mentira en funcionamiento. Ha vuelto a hacer calor en el mes de enero. La moda de las memorias políticas en nuestro país y la apertura de la Fundación Felipe González se deben  a que está vigente una veda infinita para las mentiras. Aquí el error propio es una enfermedad descatalogada en las conciencias.

También hemos vuelto al grito de “la calle es mía”. Lo lanzó Fraga Iribarne para recordarnos en 1976 la norma número uno de la dictadura a la que había servido. Respondiendo a su origen, el Gobierno del PP ha dado forma de ley al grito de Fraga.  En vez de respetar y solucionar los problemas graves de los ciudadanos, criminaliza sus protestas con multas desmedidas y con estrategias de impunidad para la represión. La ley hipotecaria nos deja sin casas, la ley mordaza sin calle, dos formas de desahucio. A la Policía española deberemos tratarla con miedo. Se acabó la confianza. Las Fuerzas de Seguridad tienen como enemigo al ciudadano. La patria produce otra vez extranjeros en su propio país. Atreverse a poner el pie fuera de la mayoría silenciosa es un acto de rebeldía intolerable. Exigir y practicar los derechos constitucionales puede convertirnos en cómplices de la sublevación.

Buenos días, fascismo. Los españoles volvemos a vivir en una realidad cotidiana fascista. Podemos discutir si se trata de prefascista,  posfascista, parafascista o cuasifascista, pero la evidencia es que nos hemos instalado en el cartón piedra de la mentira y en una plaza de armas que sólo pertenece a la autoridad. Entre nuestros derechos no está la calle. Convivir es obedecer bajo el absolutismo de unos diputadísimos y unos ministrísimos que son herederos del caudillo.

Podrán decirme que han llegado al Gobierno por las urnas. Llegar por las urnas al fascismo no es algo nuevo, ni resta gravedad, sobre todo cuando se incumplen los contratos electorales de forma desvergonzada. Podrán decirme que la gente volverá a votarlos. Eso no significará que dejen de ser fascistas, sino que el fascismo se ha instalado en los procedimientos democráticos. En una realidad fundada en la mentira, con una división tajante entre la España oficial y la España real, entre los mundos virtuales y la experiencia de carne y hueso, los votos pierden su vinculación con la calle y pasan a ser una parte más del videojuego de las supersticiones. Sin patrimonio legal democrático, podrá haber votos, pero no habrá democracia.

Ni soberanía popular, ni instituciones representativas, ni participación. Mentira y represión policial. Buenos días, fascismo.

En Castilla La Mancha no sobran diputados sino chorizos

IU sube en todas las encuestas más que ninguna otra organización

Izquierda Unida (IU) está logrando un creciente apoyo en las encuestas electorales como consecuencia de la crisis económica y el histórico desapego de la ciudadanía a los dos grandes partidos. En concreto, dicha formación ha conseguido duplicar su intención de voto, al pasar del 6% a mediados de 2007 a más del 11% el pasado octubre, según las últimas estimaciones del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

IU sube en las encuestas con uno de los discursos políticos más radicales de los últimos años. Las propuestas impulsadas por su federación en Andalucía, en donde comparte gobierno con el PSOE, son una buena muestra de ello: desde la expropiación temporal de viviendas en manos de entidades financieras, pasando por la gratuidad de agua y luz, un banco público o la realización de trabajos comunitarios para familias que no pueden pagar el alquiler social.

Sin embargo, tales políticas tan sólo constituyen un pequeño ejemplo de su programa económico. Si el portavoz de IU en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Castro, afirmaba a principios de año que les gustaría "implantar el socialismo del siglo XXI" y que "muchísimas" de las medidas adoptadas por Hugo Chávez en Venezuela son trasladables a España, el borrador de su programa para las próximas elecciones europeas, en 2014, tampoco arroja dudas al respecto.

La formación que dirige Cayo Lara arremete sin tapujos contra la Unión Europea (UE), el euro, la troika, la austeridad y el capitalismo, adoptando un discurso muy similar al que pregona la nueva izquierda griega (Syriza) y empleando conceptos claramente comunistas, tales como "lucha de clases" o "poder popular".

Por un lado, IU culpa de todos los males a la actual estructura de la UE y, por supuesto, al capitalismo:

• Esta es una crisis de la Unión Europea y del sistema capitalista.
• La hegemonía del neoliberalismo, como programa que condensa los intereses de las clases dominantes, ha entrado en crisis junto con el sistema económico capitalista.
• El proyecto neoliberal se presenta así como una contrarevolución que trata de asestar golpes de gracia a las conquistas sociales y económicas alcanzadas mediante la lucha social.
• La actual crisis ha puesto al desnudo la cara oculta del proyecto europeo.
• La Unión Europea [es] un tablero de juego que han diseñado los grandes capitales europeos para fortalecer su posición en todo el mundo.

También carga contra la troika y las políticas de austeridad:

• [El] gobierno [es un] vasallo que se limita a obedecer el dictado de la llamada troika -Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional-.
• [La estrategia de la troika] persigue un empobrecimiento de la mayoría de la población y en beneficio de determinadas minorías (grandes fortunas) vinculadas a la propiedad del capital financiero (bancos) y el gran capital productivo (grandes empresas). Es decir, estamos asistiendo a una recomposición de las clases sociales en nuestro país.
• [Sus] principios son la austeridad y las reformas estructurales [...] una estrategia suicida.

Suspender pagos y romper con la UE y el euro

El citado borrador recoge algunas de sus principales propuestas económicas para Europa y, más concretamente, para España, dentro de un nuevo marco de la UE:

- IU aboga, directamente, por suspender pagos, calificando parte de la deuda pública de España como "odiosa", imitando el default que protagonizó Argentina en 2001 o Ecuador en 2007.

- Además, defiende romper con la UE y la "Europa del Euro": "Hay que romper con la troika y con la arquitectura europea del proyecto neoliberal. Eso implica reconocer la imposibilidad de articular un proyecto alternativo en el marco institucional de la actual Unión Europea".

- En concreto, propone romper con el Tratado de Maastricht, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Pacto Fiscal Europeo, eliminando así los límites máximos de déficit y deuda pública y estableciendo, nuevamente, controles al libre movimiento de capitales en la UE.

- Su apuesta es construir una "Europa alternativa", basada en "la socialización y democratización de las relaciones de producción en el marco de una integración europea solidaria y social". Esto significa, entre otras medidas, nacionalizar "sectores estratégicos" como el de la energía, transporte, gestión del agua, parte de la banca, siderurgia, etc; garantizar la titularidad pública en sectores como la vivienda, infraestructuras, pensiones, educación o salud; disparar el presupuesto comunitario para fortalecer las transferencias de gasto desde los países ricos hacia los pobres; implantar un marco fiscal a nivel europeo.

- Señala la necesidad de "democratizar el Banco Central Europeo (BCE) para que sea un instrumento "al servicio de los trabajadores", renunciando además a su mandato de controlar la inflación como único objetivo económico. De hecho, su programa indica que "las diferentes economías nacionales deben tener el respaldo de un banco central para que puedan poner en marcha políticas a favor de los trabajadores, y que funcione como prestamista de última instancia", abriendo así de par en par la puerta a la monetización directa de deuda pública.

- En materia de empleo, propone aplicar ingentes programas de estímulo a nivel europeo (gasto e inversión pública) para crear puestos de trabajo en las economías más débiles; redistribuir el empleo existente reduciendo la edad de jubilación y la jornada laboral; garantizar el control sindical de los convenios colectivos; coordinar el salario mínimo a nivel europeo; imponer topes salariales tanto en el sector público como el privado; abolir las recientes reformas laborales; aprobar una "renta básica universal" para toda la población.

- También propone crear una banca pública, implantar la dación en pago y aplicar quitas generalizadas a familias y empresas para reestructurar la deuda privada, así como garantizar la "función social de la vivienda".

Lo que defiende IU es, en definitiva, un ingente intervencionismo público en la economía y refundar la actual UE. Pese a ello, reconoce que este último punto será difícil de alcanzar y, por ello, propone romper con el "proyecto neoliberal" europeo vigente en la actualidad. Se trata, por tanto, de un marcado ideario antisistema, ya que rechaza la actual estructura comunitaria, el modelo económico de mercado e incluso el marco constitucional español.

Un discurso radical y antisistema

En este sentido, la federación andaluza reconoce que su particular programa político está sirviendo de inspiración a IU a nivel nacional tras la celebración de su X Asamblea. Un programa que, bajo el título "Rebelión Democrática en Andalucía", supone la mayor evidencia de la radicalización que está experimentando esta formación:

• Estamos ante un estado de excepción [...] Todo un golpe de estado.
• Estamos ante la crisis profunda del régimen nacido de la llamada transición a la democracia. Pero este estado de putrefacción del capitalismo español y del régimen bipartidista (y aliados) que lo sustenta no caerá por si solo.
• La progresiva degradación de las condiciones de vida del pueblo trabajador provoca una rabia que debe convertirse en rebeldía [...] es más necesario que nunca organizar una rebelión democrática, en defensa de una salida anticapitalista y democrática de la crisis.
• El objetivo es cambiar las relaciones económicas para acabar con la explotación, mediante […] la planificación democrática de la economía.
• El reto de acumular fuerzas para poder abrir un proceso constituyente hacia una democracia real, participativa y social […] un proyecto constituyente que logre garantizar el derecho a decidir de la mayoría social trabajadora.
• Hemos de empezar a construir un modelo desarrollo que no sólo se sustente en la socialización de los medios de producción-distribución-consumo, sino que socialice también la toma de decisiones, implicando a las comunidades en el diseño y puesta en marcha de propuestas de desarrollo económico.

IU analiza el CIS: La suma de escaños de PSOE e IU los pone cerca de mayoría absoluta

Europa Press

Izquierda Unida ha realizado su propio estudio de las cinco encuestas publicadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entre julio de 2012 y julio de 2013 y concluye con una proyección de escaños que sitúa a la suma de sus diputados (35) con los del PSOE (138) cerca de la mayoría absoluta.

Este trabajo, presentado por el secretario de Acción Política de la formación, Ramón Luque, toma como base los últimos cinco sondeos del CIS para sumar las encuestas realizadas y realizar una estimación electoral por provincias. Para ello, utiliza los 'microdatos' desagregados por circunscripciones que el CIS publica dos meses después de hacer públicos sus sondeos y que, según denuncia IU, permanecen "opacos" a la sociedad.

Según la proyección final de escaños que se extrae del estudio de IU, el PP se quedaría en los 125 escaños con un 26 por ciento de los votos; el PSOE subiría a los 138 escaños con un porcentaje del 30 por ciento e Izquierda Unida (ICV en Cataluña) llegaría a los 35 diputados con el 12 por ciento.

Como cuarta fuerza política se situaría UPyD con 15 escaños y el 7 por ciento de los votos, seguida por CiU con 11 escaños y un porcentaje del 3 por ciento. Por detrás se encontrarían ERC (9 escaños), PNV (7), Amaiur (5), Geroa Bai (2), BNG (1), Coalición Canaria (1) y Compromís Equo (1).

Luque ha definido este trabajo como un ejercicio de "transparencia democrática sin precedentes" y ha llegado a acusar al CIS de "secuestrar" los datos realmente relevantes y utilizar los fondos públicos que recibe para hacer un trabajo "de cocina" con las encuestas realizadas.

A su juicio, los datos extraídos del estudio encargado por IU, "sin ninguna interpretación", reflejan que la caída del bipartidismo "es un hecho y es ya irreversible". Esta realidad se acentúa con el actual grado de indecisión política, que hace el panorama sea "movible".

Según los escaños que proyecta el informe presentado este lunes, la suma de PSOE e IU se quedaría con 173 escaños rozando la mayoría absoluta, situada en 176 diputados en el Congreso. Sin embargo, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha evitado aventurar posibles pactos porque las próximas citas electorales están "aún muy lejos".

"NO IMPORTAN LOS ACTORES, IMPORTAN LOS HECHOS"

Pese a ello, ha dejado claro que el PSOE "no se lava la cara sólo con la imagen" sino cambiando su estructura, línea programática y acciones. "No me importan los actores, me interesan los hechos concretos", ha insistido antes de censurar comportamientos de los socialistas como el que ejercieron en Asturias, donde "dieron marcha atrás" para reformar la ley electoral.

Cayo Lara ha explicado que ahora IU está inmersa en una política de alianzas "clara" con sus socios tradicionales y otros nuevos, además de la creación de un bloque social y político. Con ello redactará los programas electorales de los próximos comicios. "No podemos defraudar a la gente", ha reconocido emplazando al futuro las posibles alianzas.

En Andalucía, donde IU gobierna con el PSOE, Lara cree que se está viendo la influencia de su coalición y los ciudadanos la están valorando positivamente. Para ello ha destacado medidas como el decreto contra desahucios o el anuncio de pagar la luz y el agua a quien no pueda hacerlo.

Valderas: La Junta asegurará un mínimo de agua y luz para los más pobres

Nuet: ¿Cuánto NOOS cuesta la Monarquía?

Llamazares explica las enmiendas de IU a los presupuestos. Menos privilegios para la Iglesia y la Casa Real, entre las propuestas

La Junta garantizará un mínimo de agua y electricidad gratuita

Granada Hoy

La Junta de Andalucía estudia garantizar mediante un decreto el abastecimiento gratuito de al menos cien litros de agua potable al día y el suministro de 1.400 kilowatios al año a los andaluces que perciben el Ingreso Mínimo de Solidaridad. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ha anunciado esta propuesta durante una conferencia en el Fórum Europa y ha explicado que se trata de una propuesta de decreto elaborada por un grupo de profesores que trabajan en ello desde septiembre y cuyas conclusiones se pondrán a disposición del Gobierno autonómico "de forma inmediata".

Ha explicado posteriormente a los periodistas que se calcula que con un "esfuerzo solidario" de 20 millones de euros obtenidos del presupuesto y de una política fiscal "racional" se podría salvar la situación "de más de medio millón de personas en el tema energético y más de cien mil con el agua". Ha indicado que no sólo están estudiando la posibilidad desde el punto de vista legislativo, sino también económico, para lo que cree que hay dos caminos: un fondo de solidaridad "que se puede rescatar de todas las actividades" de la Junta y cambios en la fiscalidad.

Ha informado de que prevén tener la primera propuesta de decreto antes de final de año para presentarla al Gobierno, ya que está "casi terminada", y ha dicho que el próximo año tienen "que lograr ese objetivo de atender a estas familias para que nadie esté sin alimento, sin vivienda o sin el mínimo vital". Valderas ha asegurado que Andalucía estará "a la vanguardia" y se ha mostrado convencido de que es una idea "que se va a lograr" y que será participada por todo el Gobierno regional.

Ha detallado en su conferencia, a la que ha asistido el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, que con cien litros de agua potable al día se supera el marco mínimo establecido por Naciones Unidas (50 litros), "dando cumplimiento al derecho de acceso al agua potable y saneamiento". Respecto a la energía se propone garantizar 1.400 kwh para evitar "desahucios energéticos" a los andaluces que están "en condiciones de mayor vulnerabilidad".

Ha afirmado que Andalucía será la primera comunidad en contar con medidas encaminadas "a garantizar los suministros vitales de agua y energía eléctrica". "Es un tema que está en génesis, en nacimiento, cuando el Gobierno lo trate buscará salidas", ha añadido el vicepresidente, quien ha apostado por "ser creativos y generar solidaridad".

Por otra parte, respecto a la creación de un banco público, ha indicado que hay "un espacio importante" para que se pueda "empezar a caminar por una senda que no deje abandonados a los autónomos, pymes y economía social". También ha expresado su compromiso con impulsar en el seno del Gobierno regional instrumentos de control, criterios y marcos normativos "que respondan a lo que demanda la ciudadanía en materia de control y transparencia".

Para Valderas, debe haber "tolerancia cero con la corrupción" porque en ese sentido "no hay amigos", de forma que apostarán por reforzar el control de la Cámara de Cuentas, del Defensor del Pueblo, las comisiones de investigación y la reforma del reglamento del Parlamento. Ha defendido la necesidad de medidas contra el fraude fiscal y la fiscalidad progresiva, "explorando todas las vías", desde la fiscalidad ecológica "hasta los impuestos a grandes superficies".

Ante las críticas del PP a los presupuestos, Valderas ha pedido a los populares que "trabajen un poco más" porque así verán "que el presupuesto de la Junta está muy provincializado" y les ha pedido que no busquen "una salida colateral" para "atacar" unas cuentas porque no pueden hacerlo "de frente".

IU sugiere a Junta que realice convocatoria especial para administrativos y monitores de educación

El portavoz de administración pública del Grupo parlamentario de IULV-CA, Ignacio García considera conveniente reinterpretar el acuerdo entre sindicatos y Gobierno andaluz para dar la posibilidad a quienes han estado al frente de las tareas, de acceder a la convocatoria de la plaza

Las finalizaciones de los contratos de las trabajadoras administrativas de colegios públicos son inminentes y supondrán, a final de mes, la salida de las trabajadoras en toda Andalucía. Por ello, la Junta lanzará un plan de choque de empleo por un año natural siendo el Servicio Andaluz de Empleo el responsable del proceso de selección.

El problema que se plantea tiene que ver con la titulación que, según el convenio firmado entre Junta y sindicatos, se precisa para acceder al proceso titulación específica: Técnico Superior en Animación Sociocultural o bien Técnico Superior en Administración y Finanzas. Otras titulaciones inferiores, superiores o equivalentes no sirven lo que dejaría a quienes han estado desarrollando estas tareas desde hace 8 años, como empleados de empresas subcontratadas, sin poder acceder a la oferta de la plaza.

“Con estos requisitos, la mayoría de las trabajadoras que han estado en los colegios en los últimos ocho años se queda fuera” ha señalado Ignacio García, portavoz en materia de Hacienda y Administración Pública de IULV-CA en el Parlamento andaluz que pone como ejemplo la ciudad de Cádiz donde, en concreto, sólo cumplirían estos requisitos 4 de 92 trabajadores.

Para García, el problema reside en que durante los ocho años que el servicio ha estado externalizado con empresas privadas, el pliego de condiciones del ISE pedía que se contratara a FP2, bachillerato o equivalentes, sin embargo, “las empresas siempre han contratado al personal como auxiliares administrativos, (FP1) a media jornada y sin importar la titulación que tuvieran” y “el ISE no ha hecho ningún tipo de control de los contratos”. “Durante ocho años se ha mirado para otro lado”, denuncia Ignacio García.

Si el acuerdo entre Administración Pública y los sindicatos que fija que las titulaciones requeridas para el puesto de monitor escolar se mantiene inflexible, en el proceso de contratación que van a abrir, se quedarían fuera a estos trabajadores. Esto hace necesario un acuerdo de interpretación excepcional del convenio entre sindicatos y administración pública. Dicho acuerdo pasaría por permitir la titulación genérica “grupo 3” para que entren en el proceso de selección en el SAE una gran parte de las afectadas.

García reconoce que esta vía “es complicada” aunque le consta que, “aún así, los sindicatos se han puesto a estudiarla”.

Para el diputado de IU “lo importante es encontrar una solución que haga posible conciliar los derechos de unos trabajadores y trabajadoras que han prestado satisfactoriamente un servicio a la administración en condiciones de precariedad y explotación – y por debajo de los costes normales del servicio – con la racionalidad de cubrir las plazas de la administración pública con las titulaciones, formación y experiencia adecuadas”.

Gordillo y Cañamero no asisten al juicio y niegan los delitos por la ocupación de la finca 'Las Turquillas'. El coordinador provincial de IU y muchos militantes de esta formación muestran su apoyo

Ideal

El diputado andaluz de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo y el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, no han asistido hoy al juicio por la ocupación de la finca "Las Turquillas", pero han negado a las puertas del TSJA que cometieran los delitos de los que se les acusa.

Tanto el parlamentario autonómico como el dirigente del SAT, que se enfrentan a una petición fiscal de siete meses de cárcel por desobediencia grave y que no tenían la obligación legal de acudir al juicio al no superar las solicitudes de pena los dos años de cárcel, han calificado como "político" este proceso, que interpretan como un intento de "reprimir" al movimiento sindical y social que encabezan.

Sánchez Gordillo ha dicho a los periodistas que espera que se trate en cualquier caso de "un juicio justo y sean absueltos los 54 encausados, y ha insistido en que "en ningún momento" se produjo delito alguno puesto que se trató de una "ocupación simbólica".

"Después de dieciocho días y con una orden de desalojo, nos marchamos sin ninguna resistencia y sin ningún problema con la Policía", ha dicho el diputado, que ha aclarado también que "nunca" llegaron a acceder a la zona militar de la finca de Sevilla.

Además, ha calificado como "una barbaridad" la petición de penas tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado y ha opinado que se trata de un "juicio político", con la "consigna de represión" frente a un sindicato "que no se calla, que es rebelde" pero que practica la "no violencia".

Durante la primera jornada del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, sólo se han personado en la sala de vistas dos hombres y una mujer de los 54 procesados, mientras que unas 200 personas han permanecido concentradas a las puertas de la Real Chancillería con banderas, pancartas y gritando consignas a favor del SAT.

Uno de los acusados, José Rodríguez, ha reconocido ante el tribunal que carecían de autorización para ocupar en el verano de 2012 esa finca de Osuna (Sevilla), si bien ha aclarado que se trató de una acción pacífica y que en esas fechas Sánchez Gordillo "iba y venía" pero no se mantuvo allí todo el tiempo.

El encausado ha subrayado que los concentrados tenían "absoluto respeto" por una finca con la que llevan "mucho tiempo" trabajando conjuntamente y ha admitido que pusieron algunos "telones" para llevar a cabo la acampada y que utilizaron agua de un pozo.

El acusado ha mantenido que durante los días de ocupación la relación fue "buena y fluida" con los militares y que nunca impidieron la actividad militar ni se puso en riesgo la seguridad, que se limitaron a "limpiar" la zona y a reivindicar la cesión de parte de los terrenos en una comarca azotada por el desempleo.

Otro de los procesados que ha acudido a la vista, José Antonio Mesa, ha afirmado que, tras esa ocupación, la finca "se dejó como estaba", que recogieron "hasta los últimos papeles y colillas" y ha apostillado incluso que guardias civiles presentes llegaron a compartir con ellos alguna cerveza o algún cigarrillo.

"Era inhumano estar allí, pero queríamos conseguir la cesión (de la finca) por la fórmula que fuera", ha dicho este acusado, que ha calificado como "justa" y "razonable" esta reivindicación y que ha aclarado que pretendían que la ocupación, por la que no se les puede acusar de delitos, durara el menor tiempo posible.

Mañana, en la segunda y última sesión del juicio, está previsto que declaren cuatro testigos propuestos por la Fiscalía y otros dos propuestos por las defensas, que interesan la libre absolución de todos los procesados en un juicio que podrá quedar visto para sentencia tras los informes y conclusiones de las partes.

Sánchez Gordillo, junto a Diego Cañamero a las puertas del TSJA . :: A. A.

El juicio contra el parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, y otros 52 acusados por la ocupación en el verano de 2012 de la finca ’Las Turquillas’ en Osuna, donde se ubica la Yeguada Militar del ejército, ha arrancado pasadas las 10,40 horas de este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con la ausencia de un total de 51 de ellos.

Tanto Sánchez Gordillo como Cañamero y el resto de los imputados (excepto tres de ellos) permanecen en la plaza que da acceso al Alto Tribunal andaluz arropados por varios centenares de simpatizantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que, megáfono en mano, están haciendo llegar sus consignas al tribunal, ya que éstas se escuchan en la propia sala, presidida por el máximo responsable del TSJA, Lorenzo del Río.

A su llegada, Cañamero ha dicho a los periodistas que éste no se trata de un juicio por una determinada actuación "ilegal", sino que es un juicio "político" del Gobierno "contra el movimiento social y sindical más consecuente". "El Gobierno del PP quiere anular los movimientos sociales que critican su política", ha dicho el sindicalista, que ha justificado su ausencia en la sala como una "protesta" contra la "represión" que sufre el SAT.

"Rebelde"

En la misma línea, Sánchez Gordillo ha considerado que hay una "consigna a los fiscales de represión a un sindicato que no se calla, que es rebelde", y ha tildado de "barbaridad" que el Ministerio Público pida para él siete meses de prisión y la Abogacía del Estado un total de dos años de prisión.

La sesión, después de la resolución de las cuestiones previas solicitadas por los letrados personados, ha arrancado con la declaración de uno de los imputados, José R.N., que ha admitido que no tenían autorización para ocupar la finca, aunque defendiendo que la actuación se hizo de forma "pacífica" sin traspasar a la zona que era territorio militar.

La Fiscalía Superior de Andalucía solicita para Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y otro dos acusados en este procedimiento, ambos militantes del SAT, un total de siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave.

Asimismo, el Ministerio Público pide para Sánchez Gordillo, Cañamero y el resto de los acusados --un total de 52 entre militantes y simpatizantes del SAT-- el pago de una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble, y 100 euros de multa por una falta de daños.

Igualmente, pide que todos los imputados paguen una indemnización de 1.075,64 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 euros al Ayuntamiento de Osuna por los daños ocasionados, "sin una intención directa, a consecuencia de la ocupación", que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012.

La petición del fiscal se conoció después de que el Alto Tribunal andaluz emitiera un auto el pasado mes de mayo en el que procesaba por tres presuntos delitos de usurpación, daños y desobediencia y una falta de hurto a los acusados, cifrando los daños causados en 794,14 euros y en 281,50 euros el valor de los objetos sustraídos.

Ignacio García desmonta las falacias del PP en el debate sobre Presupuestos de la Junta

IU no es moderna

Andalucía evita más de 3.200 desahucios en un año

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés.EUROPA PRESS

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha detallado este jueves que el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha evitado 3.261 desahucios en su primer año de funcionamiento

Así lo ha explicado en el Parlamento, donde ha hecho balance de los primeros doce meses de funcionamiento de este servicio público y gratuito prestado a través de oficinas de prevención, intermediación y protección puestas en funcionamiento por su departamento en octubre del año pasado. "El Programa ha cumplido sus objetivospartiendo de la base de que, entre las familias empobrecidas por la crisis y las entidades financieras, el Gobierno andaluz debía romper la neutralidad y ponerse de parte de las víctimas", ha afirmado Cortés.

Entre el 8 de octubre de 2012, fecha de apertura de las oficinas, y el 30 de septiembre del presente año el Programa ha abierto un total de 4.460 expedientes. En la fase de prevención, las oficinas han atendido a 692 personas, el 15,5% del total. La atención en esta fase se presta cuando aún no existe morosidad y es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las posibilidades normativas para evitar desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas, entre otras cuestiones.

Cortés ha explicado que la parte "fundamental" del Programa es la intermediación. Un total de 3.261 personas han sido atendidas en esta fase, el 73,1%. "Son hombres y mujeres que ya están en mora con la entidad financiera. Que quieren pagar, pero no pueden. Gracias a la intermediación de la Consejería, siguen en sus casas. Hemos evitado su desahucio", ha dicho Cortés.

De estas 3.261 familias que han logrado no ser desahuciadas, 1.157 se han acogido al protocolo de intervención tempranaDe estas 3.261 familias, 1.157 se han acogido al protocolo de intervención temprana, que se aplica en el estadio inicial en el proceso. La solución para estas personas ha consistido en el asesoramiento sobre fórmulas como la dación en pago para acceder a alguna otra alternativa habitacional, la reestructuración de la deuda hipotecaria o la renegociación de las cuotas. Las oficinas les han prestado también asesoramiento sobre suspensión de lanzamientos y justicia gratuita.

En esta misma fase de intermediación, 2.104 personas han acudido solicitando labores de negociación, destacando las renegociaciones de las condiciones del préstamo hipotecario, con acuerdos para la carencia de amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de lanzamiento o subasta, entre otras fórmulas.

Fase de protección 

En la fase de protección se han abierto 507 expedientes, un 11,4%. Las personas que demandan este servicio tienen ya la fecha de desalojo, o "en ocasiones acuden cuando ya han visto vulnerado su derecho a la vivienda". Se evalúa si estas familias pueden acogerse a la expropiación del uso para evitar su desahucio, las asesoran para realizar solicitud de viviendas en los registros de demandantes municipales, median ante las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar los desalojos y colaboran con los servicios sociales de los ayuntamientos para arbitrar soluciones conjuntas.

Cortés ha destacado el "espaldarazo" que ha supuesto para la fase de protección la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda, que prevé la expropiación hasta tres años de viviendas embargadas por entidades financieras a familias en riesgo de exclusión social a fin de evitar el desahucio. Además la consejera ha reiterado su petición al Gobierno central, ya formulada oficialmente, de que ceda al Programa las viviendas andaluzas del 'banco malo'. "Las viviendas vacías en la comunidad deben tener un fin social, jamás un propósito especulativo", ha remarcado.

Atención paliativa

Cortés: "El Programa ha servido para articular un bloque institucional contra los desahucios en Andalucía"

"Estos resultados reivindican la utilidad social de la política puesta al servicio de las clases populares", ha afirmado Cortés, que ha añadido, no obstante, que "no hay triunfalismo". "Las oficinas prestan una atención paliativa. Los problemas de fondo de muchas de estas familias no están resueltos y persistirán en la medida en que el Gobierno y la mayoría en el Congreso que lo soporta no legisle a su favor. La situación de alerta persiste", ha advertido.

Cortés ha explicado que "la herramienta verdadera y profundamente transformadora" de la que dispone la Consejería de Fomento y Vivienda es la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz el mes pasado. "Con esa herramienta sí incidimos en el comportamiento del mercado a favor de las familias, propiciando la salida en alquiler del inmenso stock de vivienda vacía existente en Andalucía", ha señalado la consejera.

Un total de 229 ayuntamientos andaluces, un 30% del total, se han adherido mediante convenio a este Programa, además de la Diputación de Huelva, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Cruz Roja y el Colegio Andaluz de Trabajadores Sociales, estando previsto firmar próximamente el respectivo convenio de adhesión con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi).

"El Programa ha servido también para abrir brecha en el debate social sobre el problema de la vivienda y para articular un bloque institucional contra los desahucios en Andalucía", ha destacado Cortés, que ha instado a las entidades financieras a que se sumen también a este Programa con la firma de los respectivos convenios. "La importancia del papel que desempeñan las entidades financieras en la sociedad andaluza es proporcional a la urgencia de que asuman sus responsabilidades y se adhieran a nuestros protocolos en defensa de la vivienda", ha concluido Cortés.

IU conmemora la Constitución de Antequera y llama “al combate en defensa de lo público”

IU ha conmemorado el 130 aniversario de la Constitución Federal de Antequera. La ciudad malagueña ha acogido la agenda de trabajo del día, incluyendo una comparecencia ante los medios frente al monolito erigido en el centenario de la Constitución hace 30 años. 

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado a este precedente de la autonomía andaluza como “un hito histórico que representó la esperanza de una Andalucía fuerte en una España federal”, señalando “el espíritu generoso y solidario que la alumbro. Para IU, según Maíllo, esta constitución debe ser un “símbolo que anime al combate a las andaluces y a los andaluces para defender sus derechos y sus servicios públicos, con la movilización”, con el objetivo de advertir “que desde el Sur se resiste y que mientras  gobierne el PP esto no tiene arreglo”.

Para Maíllo, en contraste con el momento histórico conmemorado, vivimos “momento de regresión”, denunciando que el Estatuto de Autonomía aprobado en 2007, “es violado viernes sí y viernes también”, señalando especialmente los nuevos derechos y competencias recogidos en el mismo. El coordinador andaluz insistió en que, a pesar del recorte de 1.200 millones de euros que recogen los PGE, “no vamos a hacer las políticas que nos quiere imponer el PP y la Troika”

El consejero de Turismo afirma en Almuñécar el apoyo de su consejería al Plan Litoral y anuncia un plan de ordenación turística

Costa Digital

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, ha sido explicito y contundente al afirmar que desde su Consejería se apoya incondicionalmente el Plan de Protección Litoral, cuyo periodo de alegaciones finaliza el próximo 31 de octubre y que mantiene la prohibición de construir en una franja de 500 metros desde la costa.

El consejero, que está mañana clausuraba en Almuñécar las jornadas celebradas en el hotel Helios en torno al Proyecto Europeo de Cooperación Transfronteriza “Odyssea Al Andalus”, ha manifestado  que apoya de manera insistente el citado plan, apuntando que a pesar de que este llega tarde, una vez que se apruebe posibilitará que los espacios que no estén masificados ni ocupados puedan seguir estando libres, ya que a su entender quien gana es la calidad del producto turístico que tiene mucho que ver con la sostenibilidad.

Es necesario, apuntaba el consejero, que Andalucía tenga un destino turístico competitivo a medio y largo plazo y para ello es imprescindible que el litoral no sea una sucesión de ladrillo y hormigón.

Para Rodríguez el desarrollo inmobiliario tiene sus propias características, pero no hay que confundirlo con  el desarrollo turístico, este último más pendiente de las exigencias del turista que cada vez tiene más en cuenta el entorno. Y “el plan”, sostenía, “es un instrumento que posibilitará y beneficiará la calidad al ganar en sostenibilidad”.

También, el máximo responsable del turismo andaluz, criticaba la postura de quienes basan el futuro económico de los pueblos en el ladrillo, pues a su entender lo que hay que impedir es que se intente reeditar otra burbuja inmobiliaria con sus consecuencias especulativas “que nos ha llevado a este lodazal”.

“Aquellos ayuntamientos que estén pensando que su futuro económico y productivo va a ir ligado al ladrillo y hormigón como principal herramienta, en mi modesta opinión están equivocados”, apostillaba el consejero. “ Y por eso nos parece este Plan un eficaz instrumento al preservar aquellos espacios que no están ni masificados ni ocupados por el ladrillo y con ello asegura el disfrute de espacios para autóctonos y visitantes”.

Para finalizar Rafael Rodríguez anunciaba, que una vez aprobado por la Junta la nueva normativa de protección urbanística, desde su Consejería se pondrá en marcha un plan de ordenación turística, que tendrá que ver con el territorial, pero del que no ha querido adelantar nada.

Fueron a llevar democracia a Irak, Afganistán, Libia o Siria y produjeron más muerte y desolación

1.200 millones de euros menos para Andalucía