Blogia
Almuñécar contra la corrupción

Otras IU

Recortes contra Andalucía y contra el gobierno andaluz

Recortes contra Andalucía y contra el gobierno andaluz
Manuel Morales, coordinador provincial de Izquierda Unida de Granada 
Los recortes son malos para Andalucía y para el pueblo andaluz. Son expresión de un ataque sin compasión del gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy contra los andaluces, a los que nos quiere castigar por no haberle entregado la mayoría absoluta. Que nadie se confunda: quien recorta es el PP de Rajoy. Quien sufre el recorte Andalucía y el gobeirno andaluz actúa para evitar que se haga aún más daño al pueblo andaluz
Rajoy ha recortado a Andalucía 4.000 millones. En primer lugar 800 millones en materia de transferencia para políticas activas de empleo, para atención a la dependencia, para gasto educativo, etc.
En segundo lugar, 1.500 Millones en materia de inversiones en infraestructuras. Estos 1.500 Millones se han distribuido entre otras Comunidades Autónomas, la mayoría gobernadas por el PP y con un índice de paro y retraso en infraestructuras menor que Andalucía.
Estos recortes se suman al impedimento que se hace a Andalucía de establecer su déficit público en el 3%, y obligar a su gobierno a sólo un 1,5% de déficit,
Hoy jueves 17, por la tarde, se reúne el consejo de política fiscal y financiera para evaluar la adaptación de las comunidades autónomas a estas condiciones leoninas. El gobierno andaluz podría haber optado por la desobediencia. En ese caso, al día siguiente, asistiríamos al anuncio por parte del gobierno de España de la interveción de Andalucía. Esto es sin duda lo que quería el PP: intervenir Andalucía para que no exista ningún ámbito en España donde se apliquen políticas distintas a las suyas.
El gobierno andaluz, amenazado de intervención, se ha visto obligado a modificar su presupuesto con medidas duras que incluyen disminución de complementos a los funcionarios, así cmo subidas de impuestos de patrimonio y a las rentas altas.
El gobierno andaluz no es un recortador, es un recortado, y debe reberlarse contra esta situación impuesta. La primera muestra de rebeldía consiste en impedir que los andaluces sufran este ataque de la derecha.
El ajuste del presupuesto del Gobierno Andaluz está bien orientado, pero debe ser mejorado. El ajuste evita lo que está ocurriendo en las comunidades donde gobierna el PP. Si el gobierno andaluz no hubiera intervenido con un ajuste del presupuesto, la aplicación de los recortes de Mariano Rajoy hubiera supuesto el despido de 30.000 trabajadores andaluces, la masificación de alumnos en las áulas y la reducción de horarios de atención en los centros médicos y de urgencias.

En el Ayuntamiento de Granada, donde gobierna el PP, un recorte de 6 millones de euros ha supuesto el despido de 200 trabajadores de limpieza, conductores de autobús, atención a la dependencia y cuidado de parques y jardines, con empeoramiento de todos estos servicios públicos que sufre toda la ciudadanía.
En Andalucía, el recorte del PP de Rajoy es amortiguado por un gobierno de izquierdas. Ningún servicio público a los andaluces se va a ver dañado, y el ajuste de 2.500 Millones en Andalucía supondrá cero despidos.
Además, el ajuste plantea una muy interesante y valiente subida de impuestos, dirigida a las rentas más altas. Es el primer cumplimiento del programa de IU, con subidas del IRPF a las rentas superiores a 60.000 €/año, fundamentalmente. Desgraciadamente, desde Andalucía no se pueden plantear impuestos a los beneficios empresariales ni a los paraisos fiscales ni a las transacciones financieras, que es donde verdaderamente está el botín de una década de saqueo.
El plan de ajuste debe mejorarse para garantizar proteger a los andaluces de los recortes de Rajoy.
  • En primer lugar, los cargos públicos deben dar ejemplo, y el recorte de sus remuneraciones debe estar por encima de la media del recorte que se aplique a los trabajadores públicos... 10%
  • En segundo lugar, IU y PSOE deben sentarse ya a analizar con los sindicatos de clase la situación financiera de Andalucía y la forma final del ajuste del PP. Esto se ha hecho mal. Esto se tenía que haber hecho con antelación a cualquier anuncio. El gobierno andaluz debe asumirlo como un error, con actitud autocrítica y rectificar cuanto antes.
  • En tercer lugar, la forma final de ese ajuste deberá ser tal que no sufran sus consecuencias los trabajadores públicos más precarios de Andalucía. No es igual un interino de secundaria que cobra 1800 €/mes que un auxiliar administrativo interino que cobre 950 €. No se puede disminuir por igual jornada y salario a ambos en un 15%.
  • En cuarto lugar, el ajuste debe modificarse para plantear elementos de fiscalidad ecológica que amplíen la capacidad de autofinanciación de Andalucía: consumo de agua para usos de ocio, puertos deportivos, campos de golf, etc.
Finalmente, debemos llamar desde IU a la ciudadanía a la rebeldía. El gobierno andaluz ha sido recortado, junto con su ciudadanía, y las fuerzas que lo sustentamos debemos mostrar nuestra oposición. Es urgente la puesta en marcha de movilizaciones contra los recortes.
  • Para que sean los últimos que se nos hacen.
  • Para que se corrijan cuanto antes y podamos devolver su poder adquisitivo a los trabajadores públicos andaluces.
  • Para que cuanto antes cambie de rumbo la política del gobierno de España, y se inicie un plan de reactivación económica e inversión pública que permita empezar a sacar del paro al millón trescientosmil andaluces que buscan un empleo y un futuro.

Cayo Lara responsabiliza a la banca "especulativa" del "drama económico" de España

Cayo Lara responsabiliza a la banca "especulativa" del "drama económico" de España

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha afirmado hoy en Murcia que la actual situación supone un "drama económico montado por la banca especulativa", y ha pedido que se investigue al Banco de España por "no haber supervisado" la actividad del sector financiero.

Cayo Lara ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa junto al coordinador de IU-Verdes en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, tras mantener una reunión con representantes de CCOO, UGT, Gestha, La Intersindical, la plataforma por la Sanidad Pública y la federación de Padres y Madres de Alumnos.

El máximo responsable de IU ha destacado la necesidad de que el Parlamento nacional impulse una comisión que investigue las causas y responsabilidad en la crisis de los gobiernos centrales y autonómicos, así como del Banco de España y de los responsables de las entidades de ahorro.

"Aquí el dinero del fiasco lo tiene que tener alguien, y hay que ver cuánto se puede recuperar", ha dicho Lara, tras señalar que el "cuadro macroeconómico" del Gobierno es el de "la desesperación", porque las previsiones anuncian que en 2015 el paro será superior al que había cuando el PP entró a gobernar en 2011.

Ha subrayado que el clima de "desesperanza" que se vive en el país no se resuelve con un plan de ajuste o recortes, porque eso supone hacer que la ciudadanía pague una crisis que no ha generado, sino con una política que posibilite una salida social alternativa, para lo que es imprescindible la búsqueda de más ingresos.

Para ello, ha abogado por la lucha contra el "inmenso" fraude fiscal y la puesta en marcha de una reforma fiscal progresiva que acerque la presión fiscal española a la europea, así como la puesta en marcha de un plan de inversiones para financiar la economía productiva y la creación de una banca pública para que fluya el crédito en beneficio de las pequeñas empresas y autónomos.

Lara ha recordado que en julio del pasado año la autoridad monetaria europea realizó pruebas de resistencia a la banca para comprobar su solidez, y que de las 25 entidades analizadas solo cinco suspendieron, entre las que no estaba Bankia, ahora bajo control del Estado, y ha subrayado que el Eurogrupo "no se fía de España".

Asimismo, ha dicho que IU seguirá apoyando las movilizaciones contra las políticas del Gobierno que representan "un ataque frontal que convierte los derechos, como sanidad y educación, en negocios".

Modificación del presupuesto de Andalucía (recortes)

Rajoy ha quitado a Andalucía 4.000 millones en materia de inversiones y de financiación de las Comunidades Autónomas.

El gobierno andaluz, amenazado de intervención, se ha visto obligado a modificar su presupuesto con medidas duras que incluyen disminución de complementos a los funcionarios, así cmo subidas de impuestos de patrimonio y a las rentas altas.

IU ha evitado lo que está ocurriendo en las comunidades donde gobierna el PP: reducción de prestaciones médicas, despidos de trabajadores y masificación de los alumnos en las aulas de los centros públicos.

En los próximos días vamos a tener que explicar a la población el verdadero significado de las modificaciones presupuestarias, con todo lo incómodo que pueda resultar para nosotros estar en el gobierno que tiene que encararlas.

Hay que desenmascarar el doble discurso de la derecha y explicar bien qué es lo que se está haciendo y qué lo que se está evitando que ocurra.

Valderas advierte a Rajoy de que "no tendrá justificación" para rechazar el plan de ajuste

Valderas advierte a Rajoy de que "no tendrá justificación" para rechazar el plan de ajuste

El vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas, se ha comprometido a luchar por la "reversibilidad" cuanto antes del recorte aprobado por la Junta de Andalucía que no comparte, pero que suponía una decisión "sí o sí" para cumplir el techo de déficit público comprometido. Valderas ha reiterado en una rueda de prensa que la reducción de 2.500 millones de euros que ha anunciado el Gobierno andaluz era una decisión "impuesta" por el Plan de Estabilidad, un acuerdo para cumplir el endeudamiento máximo equivalente al 1,5 por ciento del PIB frente al que el Gobierno andaluz no tenía otra opción si no quería que Andalucía "se arrastrase a una situación de no retorno".

"Estamos ante una imposición de la ley de Estabilidad de una reducción brutal del déficit, con ajustes muy duros en el salario de las familias y en las partidas para empresas y servicios públicos, pero son medidas inútiles para salir de la crisis", ha advertido. Valderas ha expresado su apoyo al acuerdo sin alusión a ninguna posible desavenencia con sus socios socialistas, pero ha proclamado que va a trabajar "por la reversibilidad de todas las medidas a las que hoy este vicepresidente se siente obligado, sin compartirlas".

Ha admitido que algunos recortes suponen "medidas que no son justas", pero ha matizado que "eran imprescindibles". "No teníamos otra salida, aunque estas medidas tienen una gran dosis de injusticia eran sí o sí por venir impuestas por el Plan de Estabilidad", ha aseverado. Como "primer escenario" para la reversibilidad de este ajuste, Valderas ha citado el de "reponer los derechos en el menor tiempo posible" a los empleados públicos dentro de la actual legislatura. En su opinión hubiera sido "peor" no mantener este mensaje de la reversibilidad de los recortes, ya que el gobierno quiere debatirlos en el Parlamento andaluz y en las mesas sectoriales de representación sindical.

En su opinión, el ajuste, "doloroso pero necesario", ha venido impuesto porque la gran parte de los ingresos de la Junta de Andalucía provienen de transferencias del Gobierno central, lo que limita su margen de maniobra. Ha insistido en que España y Andalucía afrontan "una situación excepcional y dramática", pero ha advertido de que no se podrá superar "por la senda de los recortes salvajes". "Este vicepresidente no va a dejar de denunciar que la actual política de ajuste de Madrid y de Bruselas y sus imposiciones a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos solo están generando más paro y más dolor en el conjunto de los territorios y las poblaciones que las conforman", ha añadido.

En su opinión, el plan de ajuste aprobado por el Gobierno andaluz aleja cualquier duda sobre una posible intervención de Andalucía, "salvo que haya otro tipo de intereses" por parte del Gobierno central, ha matizado. "Este Plan lidera el conjunto de planes presentados por otras comunidades autónomas sin tocar lo esencial: el empleo, los servicios fundamentales, con una austeridad que no la hay en ninguna otra comunidad autónoma; ningún andaluz comprendería que el Gobierno no aprobase este plan", ha señalado. "Pido confianza porque estoy convencido de que al término de este mandato habremos alcanzado el cumplimiento de los objetivos del programa (PSOE-IU) y con ello se mejorarán muchas cosas", ha añadido.

Valderas ha calificado el ajuste anunciado el martes como "un conjunto de medidas responsables, solventes y con compromiso de futuro para impedir que la situación nos arrastre a una situación de no retorno", ha apostillado, y ha recordado la "deuda reconocida" del Gobierno central a la Junta de Andalucía por las inversiones que fija el Estatuto andaluz, de 1.504 millones de euros, y ha explicado que si se hubiera pagado, el ajuste de la Junta "no habría afectado a los empleados públicos andaluces".

Valderas exige "tolerancia cero" contra la corrupción "toque a quien toque"

EFE.- El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha señalado hoy, tras la detención del exalcalde de Casares (Málaga), de IU, por un caso de corrupción urbanística, que su formación mantendrá la "tolerancia cero" con estas prácticas, "le toque a quien le toque y cuando es a uno tiene que ser más firme".

En una entrevista en Canal Sur Radio, el también vicepresidente del Gobierno andaluz ha asegurado que se trata de una "pésima noticia, mala" y ha precisado que la dirección de su formación en Málaga "inmediatamente ha operado de acuerdo a los estatutos planteando la suspensión de militancia de los relacionados estrechamente en este proceso",

No obstante, IU está a la espera de "conocer el alcance de la investigación judicial" para adoptar otras resoluciones, según Valderas, quien espera que "esté alejado de la realidad" porque conoce al alcalde detenido.

"Es un hecho que hay que demostrar", ha destacado el también consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales andaluz, quien ha insistido en que su formación "siempre" se ha identificado por su "lucha a tope" contra la corrupción.

IU corrige a Moreno y advierte de que no tolerará el aumento de la ratio en clase

IU corrige a Moreno y advierte de que no tolerará el aumento de la ratio en clase

Ideal

Primer roce entre los integrantes del pacto. El portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento, José Antonio Castro, corrigió ayer a la consejera de Educación, Mar Moreno, y advirtió que su formación «no va a tolerar» el aumento de la ratio o del horario lectivo de los profesores que propone el Gobierno con un margen de decisión para las comunidades.

Moreno manifestó el día antes que la Junta no va a decidir si aplica o no la ampliación de la ratio y el aumento de horas lectivas a los profesores hasta que la consejera de Hacienda no termine de ajustar el recorte de 2.700 millones de euros al Presupuesto, algo que calcula en un mes aproximadamente. Ayer volvió a ratificar esta idea. Sus declaraciones fueron interpretadas como que deja la puerta abierta a dicha ampliación, lo que significaría el despido de al menos 4.500 interinos, según calculó su antecesor, Francisco Álvarez de la Chica.

Castro manifestó en una entrevista en Canal Sur Televisión que la educación y la sanidad son «líneas rojas» a la hora de aplicar la tijera de los recortes, que admitió que deberán hacerse por la disminución de ingresos estatales. Castro recordó que eso es lo acordado en la comisión negociadora del pacto entre PSOE e IU.

«Nos viene un Gobierno, el de Rajoy, que impone recortes muy duros, pero la educación es una línea roja en la que no vamos a tolerar el aumento de la ratio ni el aumento del horario lectivo de los profesores», manifestó. Castro también advirtió que tampoco «estamos dispuestos a que haya recortes en la prestación de determinadas carteras de servicios de la sanidad».

El recién nombrado portavoz de Izquierda Unida también hizo otra advertencia al Gobierno bipartito: «No nos podemos plantear ningún recorte que nos venga impuesto desde Madrid si antes no tenemos el detalle claro de todos los gastos superfluos, innecesarios y accesorios que tiene la Junta y que por cierto son muchos».

Fue claro y contundente al afirmar que hay que «meterle mano» a «vicios y muchos defectos» de una administración debido a que ha sido un solo partido el que la «engendrara, pariera e hiciera crecer».

La consejera de Educación, Mar Moreno, recalcó a Europa Press que seguirá «haciendo un esfuerzo» por mantener la ratio vigente en la actualidad de 25 alumnos por clase en Infantil y Primaria y de 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato, con un aumento del 10% en casos excepcionales de mucha demanda.

Sin embargo, reconoció que no se podrá asegurar hasta que no se realice el ajuste presupuestario. Moreno prometió dialogo con la comunidad educativa «porque es un tema que no se puede simplificar».

Castro no cree que las desavenencias por asuntos como la ratio vayan a enturbiar el pacto. «Somos dos fuerzas políticas que tenemos diagnósticos distintos . Esperemos que esas desavenencias queden en ese entorno», dijo.

IU quiere el control parcial de la Sierra y la Delegación del Gobierno

IU quiere el control parcial de la Sierra y la Delegación del Gobierno

Granada Hoy

Sierra Nevada, que en la última legislatura autonómica estuvo adscrita a la Consejería de Turismo, Deporte y Comercio, pasa ahora a depender de la de Cultura y Deporte, y eso quiere decir que sigue bajo el control de un consejero socialista, Luciano Alonso. Sin embargo, este cambio de adscripción puede verse alterado si prosperan las negociaciones que están manteniendo los dos socios de gobierno, PSOE e Izquierda Unida.

La coalición pretende mantener un control al menos parcial de la estación de invierno. A ésta la gestionan dos empresas: Cetursa y Promonevada. La primera tiene como objeto social "directo y exclusivo" la realización de actividades relacionadas con el turismo de invierno y verano y, en especial, actividades de inversiones, obras, construcciones, instalaciones y servicios turísticos. "La actividad principal consiste en la explotación y gestión de la estación", se recoge en sus estatutos.

En cambio, Promonevada es una sociedad mercantil que tiene como objeto directo "el desarrollo inmobiliario (residencial, hotelero y de servicios) de la estación".

Izquierda Unida entiende que, en la práctica, eso quiere decir que Cetursa está más orientada a la faceta deportiva de la estación, mientras que Promonevada guardaría más relación con la turística. Y como la Consejería de Turismo la ostenta alguien de su partido, Rafael Rodríguez, considera que lo lógico sería dársela.

"Hay negociaciones abiertas sobre ese asunto y lo único que podemos avanzar es que van por buen camino", aseguró ayer Manuel Morales, coordinador provincial de IU en Granada, que agregó que cuando se enteró de que Sierra Nevada pasaba a depender por entero de Cultura y Deportes habló con su líder regional y ahora vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, para decirle que veía "inadmisible" esa decisión y le instó a renegociar ese punto.

IU no sólo aspira a ese control parcial de Sierra Nevada, sino también a que las ocho delegaciones provinciales del Gobierno andaluz (una por cada provincia) estén dirigidas por sus representantes.

En ese sentido, Morales argumentó que aunque la Consejería de Gobernación ha desaparecido y sus funciones han quedado divididas entre las de Presidencia e Igualdad (su titular es la socialista Susana Díaz) y Administración Local y Relaciones Institucionales, estas últimas competencias dependen del vicepresidente Diego Valderas y "tendría que haber una extensión de esa vicepresidencia en las provincias para encargarse de las relaciones con los ayuntamientos".

"El cargo de delegado del Gobierno en una provincia no va a ser igual que hasta ahora, las competencias van a ser distintas porque es otra la estructura, pero en lo tocante a las relaciones con los alcaldes, que esa función sí la van a seguir ejerciendo, tenemos mucho que decir y por eso estamos negociando con ese objetivo", remarcó Morales.

Desde la coalición de izquierdas no se aventuran a dar una fecha para el final de esas conversaciones ni para saber el resultado de las mismas. Entienden que pueden prolongarse una semana. En cuanto a nombres que se estén barajando, tampoco se han revelado. Ni para delegado ni para los viceconsejeros, directores generales y responsables provinciales de las consejerías. IU apuesta claramente por que todos esos escalones los ocupen personas de su partido en las consejerías que manejan, que son Turismo y Comercio y Fomento y Vivienda.

Valderas encarga un informe para ver la situación real de los ayuntamientos

Valderas encarga un informe para ver la situación real de los ayuntamientos

La primera tarea que se ha marcado Diego Valderas en su recién estrenada agenda de vicepresidente y consejero de Administración Local , es conocer la situación real de los ayuntamientos andaluces. Esta radiografía "exhaustiva", que será complicada porque irá más allá de los informes que las corporaciones locales remiten a la Cámara de Cuentas de Andalucía, servirá a la hora de marcar prioridades de actuación de su departamento, aunque la situación general es de gravedad, que en algunos casos se expresa en términos de expedientes de regulación de empleo, cuando no en la supresión de determinados servicios públicos.

En un momento sensible a los recortes, los ayuntamientos sí tienen garantizado por ley lo que les llegará de las arcas autonómicas. De acuerdo con la Ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma, se financiará a estos este ejercicio con 480 millones -según la secuencia que marca esta norma, la cantidad irá incrementando en 60 millones cada año hasta llegar al tope de 600 millones en 2014-. Otra cosa es lo que puede pasar ahora que el Gobierno autonómico se va a ver obligado a restar 2.700 millones de los Presupuestos andaluces para cumplir con los límites de déficit que impone La Moncloa. Eso al final se acabará viendo en las decisiones que se adopten en el Parlamento. Otra cosa es lo que pueda hacer el Gobierno central respecto a los ayuntamientos, y Valderas se quiso ayer adelantar a los acontecimientos defendiendo que su política de recortes "no puede afectar" a las partidas que se deben insuflar desde el Estado a las corporaciones locales. "Hay que hacer un esfuerzo ante estos tiempos complicados", aseveró.

Esta recomendación la formuló tras su reunión con el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano (PSOE), a quien también le trasladó su intención de "reivindicar" ante el Ejecutivo central las leyes pendientes en el ámbito local, como la Ley de Régimen Local y de financiación de los ayuntamientos, pospuestas por anteriores gobiernos.

Estos compromisos fueron bien recibidos por Toscano, en especial, ante la situación que se está dando en los ayuntamientos que por falta de medios no han podido presentar sus planes de ajuste para acogerse al pago de la deuda a proveedores, y a los que desde el Gobierno de Rajoy se les amenaza con excluirles o rebajar su participación en los ingresos del Estado y sin escucharles previamente.

En este primer contacto con la FAMP -su primer acto como consejero tras el Consejo de Gobierno del pasado martes-, Valderas también se comprometió a avanzar hacia la "democracia participativa" recogida en el acuerdo político de PSOE e IU, y que se quiere canalizar a través de dos nuevas leyes: la de participación ciudadana y de transparencia e información. Con estas normas y otros gestos, la intención de nuevo consejero es "impulsar" el municipalismo, del que recordó que es "motor de dinamismo económico".

IU plantea la "nacionalización buena" de la banca con problemas

IU plantea la "nacionalización buena" de la banca con problemas

Cayo Lara pide que si entra el Estado en las entidades en apuros, también asuma directamente la gestión, ponga coto a los sueldos de los ejecutivos y reciba beneficios que pueda destinar a gasto social

Público

A estas alturas, de sobra es conocida la postura de Izquierda Unida respecto a la banca. Mil veces ha pedido crear a partir de las cajas de ahorros un polo de banca pública, mil veces ha pedido que se actúe con dureza contra los malos gestores, mil veces ha advertido de que no vale con una inyección de dinero público en la banca sin contraprestación alguna. 

Todo ese discurso elaborado durante los últimos años resurge cada cierto tiempo. Y ahora más con la crisis de Bankia y la reforma del sistema financiero (la enésima) que hoy viernes presentará el Gobierno tras el Consejo de Ministros. Mucho se ha hablado esta semana de nacionalización, un término que parece conectar con el lenguaje de la izquierda. No es así. Porque IU y PP hablan lógicamente de cosas diferentes. En efecto, el Estado controlará la entidad al hacerse con la totalidad de la matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), pero no pasará a tomar las riendas de la gestión. 

IU por ello intenta que el Gobierno no se apropie de un término caro para la izquierda. Este viernes el coordinador federal ha pedido distinguir entre dos modelos. De un lado, la "nacionalización mala" que quiere el PP y apoya el PSOE, que plantean que "con los recursos de todos se sanee el desastre organizado por todos los responsables para luego privatizar" las entiedades en apuros. Es decir, que quieren "socializar las pérdidas que han provocado con su gestión negligente". IU, en cambio, apuesta por la "nacionalización buena", aquella que busca "socializar los beneficios que se obtengan en la entidad".

En suma, que "si el Estado entra" en el capital, "debe llegar para quedarse", no sólo para sanear los balances de activos tóxicos para luego privatizar el banco "y venderlo al mejor postor" –como sucedió con la CAM, que el Sabadell compró por un euro–. Dicho de otro modo, que el Estado entre, participe directamente en la gestión, pague el saneamiento pero que después también reciba beneficios, y que estos los destine a "gasto social en sanidad y educación". Además, según ha defendido Cayo Lara en una rueda de prensa en el Congreso, una vez que el Estado entra en un banco, debe poner condiciones: gestión activa, limitación de sueldos de los ejecutivos, limitación de los dividendos y veto al troceamiento de la entidad. Esto último implicaría que el Gobierno no se deshaga de las participaciones industriales de las que es dueña, por ejemplo, Bankia y su matriz (en Indra, Mapfre, IAG...).  

Que se depuren responsabilidades, "caiga quien caiga"

Aparte de la propuesta, IU también reclama la depuración de responsabilidades. La federación mira al Ejecutivo de José María Aznar, que calentó la burbuja inmobiliaria, y al Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, así como a las comunidades autónomas, el Banco de España o los ejecutivos de las cajas y los bancos. "Todos han jugado a la economía especulativa del ladrillo", ha resumido. Por esta razón, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), con la ayuda del Grupo Mixto, tiene solicitada en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre el papel de las entidades financieras en la crisis. Una petición que aún no  ha sido calificada por la Mesa del Congreso. Lara ha subrayado que su formación defiende que se delimiten las responsabilidades "caiga quien caiga".

¿También vale esa demanda para los consejeros de IU en las cajas, caso de José Antonio Moral Santín?, se le preguntó. "Le dé a quien le dé. Nosotros no tenemos ningún representante en Bankia. Lo tuvimos en Caja Madrid. Ahora bien, la mayoría de toma de decisiones no obedece a lo diga una persona. Pero al que le toque, le toque, cada uno tendrá sus responsabilidades", ha subrayado. 

Marina Segura, parlamentaria de IU LV-CA, participa en la manifestación contra los recortes en Educación

Marina Segura, parlamentaria de IU LV-CA, participa en la manifestación contra los recortes en Educación

La parlamentaria de IU LV-CA por Sevilla, Marina Segura, ha participado en la manifestación que la Plataforma por la Enseñanza Pública y el Sindicato de Estudiantes han secundado en la capital hispalense contra los recortes presupuestarios impuestos por el Gobierno de Rajoy en materia de educación.

 “Desde Izquierda Unida rechazamos por completo los recortes del PP y apostamos por una educación pública y de calidad, gratuita y universal”, ha declarado Marina Segura, que ha calificado de “atentado contra nuestro sistema educativo” unas medidas del Gobierno central que, de aplicarse en Andalucía, supondrán, entre otras cosas, una reducción significativa del número de docentes, el aumento del número de escolares por aula y la imposibilidad de ofrecer la consolidación del empleo público docente no superior al diez por ciento de las jubilaciones.

 Segura también ha denunciado el empeño del PP por favorecer un tipo de enseñanza “elitista y sólo para ricos” mediante la disminución de becas y la subida desproporcionada de las tasas universitarias. Y, frente a la intención de la derecha de implantar el principio de “que aquí sólo van a poder estudiar los que tengan dinero”, la parlamentaria de IU ha abogado por seguir defendiendo la igualdad de oportunidades y por continuar exigiendo la marcha de atrás en los recortes que pretenden implementar.

Segura, que ha estado acompañada por los concejales del Grupo Municipal de IU LV-CA, Antonio Rodrigo Torrijos y Josefa Medrano, ha subrayado el apoyo de su fuerza política a las reivindicaciones que estudiantes, profesores y padres han demandado en esta movilización, que ha partido de Plaza Nueva y ha concluido en la Encarnación.

La dirección provincial de Izquierda Unida manifiesta lo siguiente en relación a las últimas noticias relacionadas con Mercamed:

A partir de este momento, las trece personas que han sido denunciadas por la fiscalía podrán defenderse con las debidas garantías, de las acusaciones formuladas sobre la base de una investigación policial plagada de errores de apreciación, que se ha basado en informaciones sesgadas, en expedientes manipulados, en declaraciones auto exculpatorias interesadas, realizadas por funcionarios responsables del Servicio designados por los actuales regidores provinciales, encargados de la gestión económico financiera de todos los expedientes tramitados y pagos realizados por la Diputación Provincial.

Ahora comienza la fase previa al proceso penal propiamente dicho (Diligencias Previas) en la que todas las personas acusadas podrán aportar información real, probar su inocencia y proponer la práctica de aquellas pruebas que les permitan defenderse de la cantidad de acusaciones falsas que se han hecho. Cuando concluya esta fase, se sabrá si hay o no imputados, si se continúa el proceso y se acuerda algún procesamiento. Hasta este momento, todas las personas que han sido encartadas, siguen con su honorabilidad intacta.

Por favor, que nadie se equivoque, que nadie saque ninguna conclusión, que, ante todo, se respete la presunción de inocencia. La manipulación mediática que se ha hecho ya está poniendo en jaque la democracia y el estado de derecho. A buen seguro que habrá sorpresas en breve. Sorpresas que permitirán acreditar la inocencia de los encartados, las falsedades y la manipulación política que el Partido Popular ha hecho con esta historia.

Las personas que participaron desde la Diputación en el desarrollo del Programa de Cooperación transfronteriza con Marruecos, han contribuido a generar riqueza y han trabajado bien, honestamente, porque no saben hacerlo de otro modo. Tanto en el nivel político como en el nivel técnico, con entrega y dedicación, creyendo en lo que hacían.

Lara respalda la presentación por parte de Europa Laica de 33.500 firmas que reclaman que la Iglesia pague el IBI y cumpla con su autofinanciación

Lara respalda la presentación por parte de Europa Laica de 33.500 firmas que reclaman que la Iglesia pague el IBI y cumpla con su autofinanciación

El coordinador federal de IU recuerda que la Iglesia católica es “la institución que más subvenciones recibe del erario público” y señala las iniciativas pendientes de debate en la Cámara Baja sobre “inmatriculaciones de bienes o para que se ponga fecha final a la asignación tributaria del 0,7% en el IRPF”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha respaldado hoy la presentación en el Congreso de los Diputados por parte de la asociación Europa Laica, coincidiendo con la tramitación en comisión de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, de 33.500 firmas para pedir la derogación de los Acuerdos del Estado español con la santa Sede de 1979, que todas las confesiones religiosas paguen el impuesto municipal por sus bienes inmuebles (IBI), además de su autofinanciación.

Tras el registro de las firmas y de un documento en el que se detallan estas exigencias, Lara y el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, atendieron a los medios de comunicación en las puertas del Congreso. El máximo responsable de IU explicó que con las iniciativas ya presentadas por esta formación en la Congreso –realizadas en buena medida en colaboración con Europa Laica- se busca “modificar de forma racional” el actual sistema de financiación de las confesiones religiosas.

Así, como primera medida se plantea que las subvenciones a la Iglesia católica, “la institución que más subvenciones recibe del erario público”, dijo, se reduzcan en 2012 un 20%, cantidad similar a la de los partidos políticos y otras asociaciones, y fijar un plazo para que concluya la asignación tributaria del 0,7% del IRPF para finales de 2014.

“Hemos hecho un planteamiento absolutamente moderado para facilitarle, incluso al Partido Popular, que pudiera aprobar las enmiendas que hemos presentado”, ha apuntado. Además, Lara explicó que la jerarquía de la Iglesia católica ha “incumplido y vulnerado” los acuerdos de 1979 que, según ha recordado, establecían que en un período de tiempo “la Iglesia tenía que pasar a un sistema de autofinanciación”.

Cayo Lara recordó también que IU ha registrado una iniciativa que tiene que ver con las “inmatriculaciones de bienes de la Iglesia” y otra que pretende que el 1 de enero de 2014 la Iglesia pague el IBI en todos los ayuntamientos.

Concretamente, ha señalado que si la Iglesia pagara el IBI “como todo hijo de vecino” permitiría a los ayuntamientos “recuperarse económicamente” y, además, sería “un hecho de justicia y equidad de la Iglesia con respecto al conjunto de instituciones y organizaciones del Estado”.

En esta misma línea, Francisco Delgado señaló que la Iglesia es poseedora de “muchísimo patrimonio rústico y urbano” y que, por tanto, si pagara el IBI, las arcas municipales “serían bastante mejores para hacer muchas cosas”.

El responsable de Europa Laica considera que los Acuerdos con la Santa Sede deben “derogarse” porque son “absolutamente ancestrales” y porque la Iglesia “no ha cumplido la parte del acuerdo de la autofinanciación” y, por tanto, el Estado “no tendría que estar obligado a cumplirlo”.

José A. García Rubio advierte que “podemos estar ante una falsa nacionalización de Bankia”

El responsable federal de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, ha advertido de que en el ‘caso Bankia’ “podemos estar ante una falsa nacionalización” y ha señalado que este proceso sólo podrá resultar positivo “si se hace de forma real y se mantiene a largo plazo. Esta es la única forma de que sirva como instrumento fundamental para que fluya el crédito y para que sea una auténtica palanca económica que ayude a salir de la crisis”.

García Rubio llama la atención en relación a que la forma en que se lleva a cabo este proceso de nacionalización “es extremadamente preocupante. El procedimiento ha sido, como mínimo, exótico”. El responsable económico de IU detalla que “se ha nombrado antes presidente de la filial –Bankia- que de la matriz –Banco Financiero de Ahorros (BFA)- y, además, se exige reducir a cero el capital del BFA, que hasta ahora estaba participado por las cajas de ahorro, con lo que, en la práctica son éstas las que pierden todos sus activos, para hacer que la transformación de créditos en acciones represente el 100% del capital del BFA”.

El dirigente federal critica también que “se haya nombrado como primer ejecutivo a un banquero procedente del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, cuyo mérito más conocido es haberse asegurado una indemnización por cese superior a 50 millones de euros y una pensión de 3 millones de euros anuales”.

“En lo inmediato -continúa García Rubio-, será preciso inyectar aún más dinero público, porque de no ser así estaremos sólo ante una operación virtual de ingeniería financiera. También será necesario gestionar los activos inmobiliarios, aunque sea a través de una sociedad inmobiliaria (por cierto, ya existente Bankia Habitat)”.

El secretario federal de Economía y Trabajo expone que nos enfrentamos a un panorama en el que “las cajas van a perder su participación, el contribuyente va a poner sus impuestos y los inversores privados ‘pondrán el cazo’, pero no los pequeños accionistas sino los fondos de inversión que controlan una parte importante del capital de Bankia”.

Ante esta situación, García Rubio explica que “Izquierda Unida exige que la cartera de participaciones industriales del BFA y de Bankia (Iberia, Indra, Iberdrola, NH, entre otras) pase a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Nuestra formación se opondrá firmemente a la reversión de la nacionalización y a cualquier división para la venta troceada de los activos rentables del grupo”.

“En cuanto a los activos inmobiliarios –indica-, existen formas de gestión sostenibles económica y socialmente mediante la creación de un parque de viviendas en alquiler a precios moderados”.

José Antonio García Rubio recuerda que desde hace tiempo “Izquierda Unida, a través de su Grupo Parlamentario tiene solicitada la constitución de una comisión parlamentaria de investigación sobre el sistema financiero. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que esa comisión pueda ser creada y entre en funcionamiento lo más rápidamente posible”

Banca pública, Bankia, especulación y banco malo

Alberto Garzón

Ayer pedimos la nacionalización total de Bankia. Hoy parece que el gobierno nos hará caso parcialmente, es decir, nacionalizará una parte de la entidad. ¿Quiere decir esto que tendremos por fin banca pública en España?, ¿significa que ya hemos dado por fin un paso adelante para salir de la crisis? Estas son las cuestiones que trataré de resolver en este post.

La banca pública

El sistema financiero es, en teoría, el conjunto de entidades que velan para que el ahorro de los sujetos económicos (empresas, Estados e individuos) pueda ser utilizado por aquellos otros sujetos económicos que deseen consumir o invertir. De ahí que hagan una labor de intermediación, por la cual evidentemente se cobra una comisión. El sistema financiero puede ser muy simple o muy complejo, dependiendo del grado de desarrollo, pero siempre se basa en la lógica de la rentabilidad. Ello quiere decir que el dinero siempre se mueve hacia donde es más rentable invertirlo.

Las entidades participantes en el sistema financiero (fondos de inversión, fondos de pensiones, bancos, cajas, cooperativas de crédito, etc.) pueden ser, como cualquier entidad económica, tanto de naturaleza pública como de naturaleza privada. En el caso de ser entidades privadas significa que la gestión queda en mano de directivos que a su vez responden ante accionistas privados. En el caso de ser entidades públicas significa que la gestión queda en mano de directivos que a su vez responden ante accionistas públicos -el Estado-. Decir lo anterior parece una tontería, pero es muy importante.

Los propietarios de cualquier empresa (los accionistas en el caso de las grandes entidades) son los que mandan. Son los que deciden quién dirige la empresa (ponen y quitan a los directivos) y son quienes presionan para que la rentabilidad sea mayor o menor (de modo que condicionan las políticas estratégicas de las entidades). En el caso de entidades privadas la designación de la junta directiva se toma por la vía de la correlación de fuerza en la junta de accionistas. Si una gran fortuna tiene el 90% de las acciones de un banco privado, por ejemplo, es obvio que decidirá sin problemas quién es el presidente y la mayoría de consejeros. En el caso público, sin embargo, esas decisiones se toman a partir de criterios políticos que hay que definir.

Y hay muchos tipos de criterios diferentes. Voy a poner tres ejemplos posibles. En el primero, un consejo de dirección elegido por el partido dominante en el poder. Es obvio que estamos ante un riesgo de enchufismo y utilización partidista de las entidades públicas. En el segundo, un consejo de dirección elegido a partir de una ponderación definida de actores sociales (sindicatos, partidos, trabajadores, etc.), que era el modelo dominante en las cajas de ahorro. También hay espacio para la utilización partidista y en favor de las oligarquías provinciales (como explicamos aquí). En el tercero, un consejo de dirección elegido por el parlamento pero que esté compuesto por técnicos o personas con las manos atadas a partir de unos criterios muy delimitados de gestión. Un funcionamiento parecido al del BCE, por ejemplo. En este caso el problema pasa a ser el tipo de criterios para la gestión. Como se puede observar, diferentes opciones, combinables, que determinarán la eficacia y eficiencia de la entidad. Más allá de la naturaleza de su propiedad.

La diferencia fundamental entre una entidad privada y otra pública, más allá del mencionado control de la entidad, es la legitimidad de la apropiación de los beneficios. En el caso privado los beneficios son repartidos entre los accionistas (o por lo menos distribuidos de acuerdo a sus preferencias) y en el caso público es el Estado quien los ingresa para fortalecer sus presupuestos generales (o cualquier otra opción que considere).

La especulación financiera

A nivel internacional la banca privada no ha realizado las funciones que le correspondía como intermediario financiero porque ha preferido especular en los mercados financieros que prestar a las empresas de la economía real. En el caso español esto no ha sido tanto así, porque su especulación se realizaba, precisamente, en la economía real. A la banca y las cajas de ahorro les salía más rentable prestar a empresas constructoras e inmobiliarias que a cualquier pequeña y mediana empresa. Y como dijimos anteriormente, la lógica financiera es mover el dinero hacia donde es más rentable. También, por supuesto, la banca y las cajas especulaban en los mercados financieros con el uso de derivados y otros productos financieros que durante el boom financiero proporcionaron ingentes beneficios.

La clave está, por lo tanto, no en la propiedad de la empresa sino en el modelo de gestión.  Los bancos operan bajo el criterio financiero, su lógica, de modo que es normal que especularan en el mercado financiero internacional y en la construcción. Las cajas, en cambio, no tenían esa presión del mercado y si actuaron así fue debido a otros motivos (ya descritos en este artículo).

Quiere decir esto que si, por ejemplo, Bankia es completamente nacionalizada, no hay nada que asegure que se comportará de forma diferente a como se ha comportado de forma privada. Los mecanismos que pueden garantizar un comportamiento diferente han de ser aprobados con respecto a la forma de gestión.

Lo que necesita nuestra economía ahora es financiar la economía real -si bien no es ni de lejos el principal problema- y el dinero del sistema financiero no está fluyendo porque el flujo de crédito que llega del BCE se está destinando a la especulación con mercados de deuda pública o para esperar una tormenta (la aceptación de pérdidas).

El caso de Bankia y el banco malo

Durante el boom inmobiliario y financiero, cajas y bancos hicieron extraordinarios beneficios. En el caso de las entidades privadas se repartieron entre los accionistas y en el caso de las cajas se destinaron a la Obra Social y a impresionantes y aberrantes remuneraciones para sus directivos. Pero esos beneficios crecían gracias a la burbuja, de modo que al estallar esta todo cambió.

Lo que cambió fue su balance contable. Lo que estaba contabilizado como activos era suelo, viviendas y préstamos que tras la crisis nunca volverían a tener ese valor. Así pues, el suelo valorado en 1 millón de euros probablemente no valga ahora ni 0’2 millones de euros. La diferencia es lo que se considera una pérdida a declarar o un activo tóxico. Sin embargo las deudas, y pasivo contable en general, siguen valiendo lo mismo. En realidad las entidades están descapitalizadas, como se dice en la jerga de los economistas. Los bancos no reconocen sus pérdidas o sus activos tóxicos, porque si lo hacen tendrán que reconocer una quiebra técnica y el sistema se viene abajo.

En este punto los gobiernos salen a rescatar al sistema financiero. Inyectan liquidez y aprueban formas de ayuda para facilitar que bancos y cajas superen sus problemas (ver aquí una explicación de todos los tipos de ayuda). El objetivo de los gobiernos es dar tiempo a los bancos para que puedan hacer beneficios suficientes con los que compensar las pérdidas. Claro, casualidades de la vida esos beneficios se extraen de la llamada explotación financiera a las familias (cobro de comisiones, etc.) o del arbitraje con la deuda pública (me prestas al 1% y te presto al 5%, de modo que gano un 4%).

Cuando todo eso ha fallado, por lento e ineficaz, vienen las nacionalizaciones. Que quiere decir que el Estado se hace cargo directa y claramente. Pero hay varias formas. Está la nacionalización parcial, que es asumir sólo parte de la propiedad (y por lo tanto la parte proporcional de activo y pasivo). Está también la nacionalización total, que es asumir la totalidad de la empresa (todo el activo y el pasivo). Y finalmente está el miserable banco malo (para más detalle véase este artículo), que singifica asumir única y exclusivamente activo seleccionado, es decir, el activo más malo que exista. Por ejemplo, el suelo de 1 millón de euros del que hablábamos antes y del cual decíamos que ya no valía ni 0’2 millones.

El truco está en que el Estado compra a la entidad el suelo por 1 millón de euros, y luego es el Estado quien intenta venderlo o reconoce la pérdida de valor. De modo que se trata de la forma más fascinante y terrible de socializar pérdidas.

Las cajas de ahorro encharcadas con la basura de la burbuja inmobiliaria tuvieron que fusionarse para intentar sobrevivir. De siete de ellas nació Banco Financiero y de Ahorros (BFA), que asumió todos los activos (buenos -por ejemplo acciones de Iberia- y malos -por ejemplo suelo-). Después, la empresa separó los activos y pasivos más buenos del resto y con ellos formó Bankia. Bankia salió a Bolsa, de modo que muchos inversores privados pudieron convertirse en propietarios (además, comprando a precio de saldo). Para ver toda la historia recomiendo esta lectura.

Eso significa que en BFA quedaron los activos y pasivos más malos, incluída la ayuda del Estado a través del FROB. Esto quiere decir que BFA tiene en su balance una gran cantidad de activos tóxicos -activos que no valen casi nada respecto a lo que dicen contablemente que valen- y además acciones de Bankia. Si BFA reconociera esas pérdidas, tendríamos una quiebra inmensa. Por eso hace falta tapar el agujero con dinero, y dado que el capital privado no está dispuesto… es obvio que sólo queda el capital público, esto es, el dinero de todos nosotros.

La nacionalización de BFA, y a falta de conocer el documento completo, no implica controlar Bankia. Aunque BFA es accionista de Bankia, el Estado puede comprar sólo una parte de BFA para que al final no llegue a controlar el 50% de Bankia. Eso sí, el dinero público se va a utilizar de todas formas para tapar agujeros.

Lo que necesitamos

El sistema financiero está de resaca. Dejar quebrar las entidades es una catástrofe como se comprobó con Lehman Brothers en EEUU. Así que hay que poner dinero público. La pregunta es ¿cómo y para qué?

El cómo ya lo respondimos ayer: nacionalizando la totalidad de las entidades afectadas. Nada de quedarnos sólo con la basura financiera y dejar los activos buenos a los accionistas privados. Eso es socializar pérdidas y privatizar ganancias, es una política de clase social alta -propia del PP- y no es admisible. Lo que hay que hacer es asumir toda la entidad; al completo.

Nacionalizando la totalidad de BFA y Bankia, por ejemplo, el Estado recupera instrumentos muy útiles para salir de la crisis. Por ejemplo, recupera participación en empresas industriales -como Iberia- y adquiere activos inmobiliarios que puede utilizar para crear un stock de viviendas públicas de alquiler barato (comenzando a resolver así el problema de la vivienda en España). Además, establece un polo fuerte de presión pública sobre las entidades privadas y puede ser utilizada para competir con éstas.

Obviamente eso requiere establecer y definir un modelo de gestión distinto al visto en las cajas de ahorro. Es decir, necesitamos establecer unos criterios sociales y de financiación de la economía productiva que sean eficaces para poner en marcha un plan estratégico de salida social a la crisis.

¿El problema? Que incluso aunque el sistema financiero sea público, no podrá mantenerse vivo si la economía no crece. El sistema financiero no crece en el aire sino que se alimenta de los ingresos que genera la actividad económica. Ni el Estado, ni las empresas ni las familias devuelven los préstamos si no reciben ingresos adecuadamente. De modo que el sistema financiero está condenado a ser un cáncer mientras a) sea privado y b) no crezca la economía.

Por eso incluso la nacionalización de la banca es insuficiente para salir de la crisis. Debe ser una medida imprescindible en un pack mucho más importante de reactivación económica que, entre otras medidas, conlleve medidas de redistribución de la renta y de la riqueza.

Valderas dice que gobernar no significa olvidar la movilización para defender Andalucía

Valderas dice que gobernar no significa olvidar la movilización para defender Andalucía

El vicepresidente de la Junta y Coordinador General de IU LV-CA, Diego Valderas ha expresado su oposición a la política de recortes sociales basada en la insolidaridad que está llevando a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Ha criticado que se pretenda dar "miles de millones para favorecer que los sectores financieros se refuercen en función de una mala práctica política" y, en cambio, no haya para las políticas sociales, lo que es un "gran error" del actual Gobierno del PP que ya se empezó a mantener con el anterior de José Luis Rodríguez Zapatero.

El vicepresidente de la Junta se ha mostrado partidario de recurrir en el Tribunal Constitucional esos recortes del Gobierno de Rajoy si no se logra una solución a través del diálogo institucional.

Ha querido dejar claro además que estar "gobernando no significa olvidar la lucha", de manera que habrá movilizaciones sociales en contra de esos recortes a las que él mismo tendrá "que llamar o estar". Se tratará, según ha precisado, de movilizaciones justas y necesarias, que unirán al pueblo andaluz cuando haya ataques a nuestras autonomía y a nuestros derechos.

A su entender, puede haber muchos puntos de coincidencia en el tema de la movilización entre el Gobierno y la ciudadanía. Para Valderas, hay que luchar para que se vaya rebajando la intensidad de los recortes en los próximos meses.