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IU Granada presenta cien medidas para revisar el plan de ajustes de la Junta impuesto por el gobierno central

Sostienen su presencia en el gobierno como elemento de garantía para que no se adopten medidas de recorte drásticas sin contar antes con la participación de los sindicatos, agentes sociales y económicos

Ideal

En el transcurso de la reunión mantenida este pasado sábado llevada a cabo por la dirección provincial de Izquierda Unida junto a colectivos, agentes sociales, sindicatos de clase y militantes de la formación izquierdista con el objetivo de revisar las medidas de ajuste que el gobierno de la Junta de Andalucía tendrá que llevar a cabo para cumplir con las exigencias impuestas por el ejecutivo del PP de Mariano Rajoy, se acordaron un centenar de propuestas contenidas en cuatro ejes fundamentales que los dirigentes de IU defenderán en el trámite parlamentario que dará cómo fruto el plan de ajuste definitivo que tendrá que llevar a cabo la administración andaluza por imposición del gobierno central.

Pedro Vaquero, miembro de la ejecutiva andaluza de la formación, ha resaltado la presencia de IU en el gobierno de la Junta como elemento de garantía para que no se adopten medidas de recorte drásticas sin contar antes con la participación de los sindicatos, agentes sociales y económicos, además de ser pieza clave para que el gobierno de la Junta de Andalucía se haya dado más tiempo, para precisamente facilitar esta participación.

En primer lugar la formación de izquierdas pone sobre la mesa la necesidad de renegociar la amortización de la deuda, o lo que es lo mismo renegociar a la baja la cantidad de deuda que se tiene que amortizar.

En segundo término recortar más aquellas partidas que no sean del capítulo uno (las de personal) incidiendo más en las partidas de gasto corriente o de trasferencias de capital, para que afecten cuanto menos los recortes al personal “queremos que el impacto de los recortes en los empleados públicos sea el menor” para ello proponen un techo de 1.000 euros de forma que los empleados públicos que ronden esta cifra no se vean afectados por estas medidas.

En tercer lugar proponen una comisión de verificación para que sea efectivo el compromiso de reversibilidad “es decir que si vienen situaciones donde los ingresos son suficientes como para poder devolver lo que se ha detraído de los salarios de los trabajadores públicos, efectivamente se lleve a cabo”.

El cuarto eje pasa porque el Gobierno Andaluz adopte el compromiso firme de la restructuración de la administración pública andaluza y de sus agencias “porque se producen situaciones de discriminación salarial entre los salarios de los trabajadores públicos de la administración general con respecto a un personal que está dentro de la administración en los entes gubernamentales y que cobran más que los funcionarios aún estando en las mismas categorías”.

Manuel Morales, coordinador provincial de la formación, ha precisado que las medidas que se adopten al final de este proceso tienen que garantizar tanto el mantenimiento del empleo como la prestación de servicios a la ciudadanía, educación, sanidad y servicios sociales “intocables” para IU y ha manifestado que la garantía de unas políticas diferentes a las pretendidas por el PP o del PSOE en solitario, “es la participación de Izquierda Unida en el gobierno de la Junta de Andalucía”.

En este sentido se ha pronunciado la parlamentaria María del Carmen Pérez, que se ha centrado en facilitar datos sobre la estructura del nuevo gobierno de Andalucía “donde ya se han reducido el número de altos cargos a la mitad, junto a la disminución de delegaciones y ahorro en elementos como los coches oficiales, y tomando en consideración medidas futuras para con este colectivo como la eliminación de cualquier tipo de privilegios así como complementos de productividad, etc., antes de tocar los salarios de los empleados públicos”.

Nos están llevando a la ruina

La granadina Mari Carmen Cantero, número dos de Turismo en la Junta

Concejal de IU en Moraleda, será nombrada secretaria general de Comercio y en la práctica funcionará como viceconsejera · Ejercerá a partir del 12 de junio

Granada no tiene ningún consejero en el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, pero sí tendrá una viceconsejera. Mari Carmen Cantero, que ocupó el tercer puesto en la candidatura granadina de IU para esos comicios, será nombrada el próximo 12 de junio secretaria general de Comercio. En la práctica será la número dos de la Consejería de Turismo y Comercio en la que está al mando su compañero de partido Rafael Rodríguez.

Cantero, de 29 años, es actualmente concejal en la localidad de Moraleda de Zafayona y hasta el momento no había ocupado ningún otro cargo institucional. Izquierda Unida la situó en el número tres de su lista a las autonómicas, detrás de Mari Carmen Pérez y Manuel Morales, y ahora la ha compensado aupándola a un puesto de alta responsabilidad en el ejecutivo andaluz.

Con el nuevo organigrama que implantarán los dos socios de gobierno (PSOE e IU) desaparece la figura del viceconsejero pero se sustituye por la de secretario general. Sus funciones serán similares y, a efectos prácticos, Cantero será la máxima responsable en materia de Comercio.

María del Carmen Cantero González es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada. Está especializada en gestión de recursos humanos y auditorías y en certificación de sistemas de eficacia energética.

"Me enteré a finales de la semana pasada del nombramiento. Me llamó nuestro coordinador provincial, Manuel Morales, para preguntarme si estaba dispuesta a aceptar el cargo y le contesté que si era beneficioso para Granada y para Andalucía, lo estaba", explicó ayer a este periódico la futura secretaria general, que se toma su designación "como un gran reto y una gran responsabilidad", tanto para ella en lo personal como para su formación.

"Estamos en unos tiempos difíciles y es complicado asumir responsabilidades, pero quien no se atreve a dar el paso no puede saber si obtendrá resultados", añadió Mari Carmen Cantero, que entiende que combina el perfil político con el técnico pero cree que, dadas las circunstancias, tendrá que tirar más del primero.

Se le presenta un reto añadido, derivado de la existencia de un gobierno de coalición. Eso precisará de un gran esfuerzo de coordinación que está dispuesta a afrontar. "En las conversaciones que mantengamos tenemos que tener muy claro que lo que ha de prevalecer es el interés general, que esa será la clave".

Ese interés general también primará a la hora de tomar decisiones políticas. Aun así, no puede evitar barrer para casa. "Me debo al conjunto de Andalucía. Tengo un cargo andaluz y tengo que pensar en el conjunto de la comunidad, pero obviamente Granada me tira e intentaré lo mejor para ella", resalta.

Su nuevo cargo, probablemente, le obligará a trasladarse a vivir a Sevilla. Pese a ello, asegura que seguirá ligada a sus raíces, de las que se siente orgullosa.

La Parlamentaria de IU por Granada, Mª del Carmen Pérez, presidirá la Comisión de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía

El 28 de mayo tuvo lugar la constitución de las Comisiones Permanentes y no Permanentes del Parlamento de Andalucía en la IX Legislatura.

La Parlamentaria de IU por Granada, Mª del Carmen Pérez, presidirá la Comisión de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía. Pérez ha manifestado que trabajará con ilusión y responsabilidad desde esta nueva tarea que se le encomienda, decidida a defender el turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, apostando por el turismo de interior y rural (casas cueva, casas rurales, camping, alojamientos hoteleros, etc.) para compensar la hegemonía del turismo estival, redistribuyendo la riqueza y generando empleos cualificados estables.

La Parlamentaria y nueva Presidenta de Turismo y Comercio y portavoz de la misma, asegura que “es imprescindible conciliar Sierra Nevada, la Alhambra, la Costa, la Vega así como las Sierras y Parques Naturales junto a la recuperación del Patrimonio para promocionar y explotar los recursos de nuestra tierra”.

En cuanto al comercio, ha declarado que es necesario, defender los intereses de los pequeños y medianos comercios, “ya que son el mayor factor generador de empleo”, e intensificar el impulso a las políticas de promoción exterior “para conseguir que nuestras empresas y sus productos tengan cada vez más presencia en los mercados externos”.

Cayo Lara advierte que la nacionalización de Bankia y otras entidades "no se debe quedar en salvar bancos y banqueros sino que debe ser para quedarse"

El coordinador de IU señala durante la exposición de su informe político ante la Presidencia Ejecutiva Federal que si se crea un gran banco público “debe servir para dar una salida social a la crisis, para propiciar un nuevo modelo de desarrollo productivo y para garantizar que haya seguridad para los ahorradores y facilitar el crédito”  
 
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha asegurado hoy que la nacionalización de entidades bancarias, como Bankia, debida a la grave situación económica por la que atraviesan y la creación a partir de ellas de una Banca Pública “no se debe quedar en una nacionalización sólo para salvar bancos y banqueros, sino para quedarse. Esta nacionalización debe servir para dar una salida social a la crisis, para propiciar un nuevo modelo de desarrollo productivo y para garantizar que haya seguridad para los ahorradores y que, por fin, fluya el crédito para las familias y las pymes, lo que necesita la economía real de este país”.

Lara hizo esta reflexión durante la exposición de su informe político ante los miembros de la Presidencia Ejecutiva Federal de IU, reunida hoy en su sede federal de Madrid. Buena parte de éste se centró en la deriva que en las últimas semanas ha tenido la situación de las entidades bancarias como consecuencia de su pésima exposición al estallido de la ‘burbuja inmobiliaria’. Insistió en que Izquierda Unida va a defender el “carácter de permanencia” de la nacionalización inducida por la crisis que se ha producido en estas entidades.

Recordó que en pocos días se ha pasado de una supuesta necesidad de 7.500 millones de euros para sanear Bankia, a luego 15.000 millones, hasta que ayer se conoció la cifra, aún no se sabe si definitiva, de 19.000 millones. Para Cayo Lara, “hablar de estas cifras es hablar de qué gestión han hecho los anteriores gestores con los recursos de los ciudadanos”, pero también de “qué es lo que ha hecho el supervisor del Banco de España que ha permitido que se produzca tamaño desastre solamente en una entidad”.

El responsable federal de IU indicó que “existen  responsabilidades de mucha gente”, incluida la de “los sucesivos gobiernos de los último años, que no sabemos qué han hecho”.

Por todo ello, recordó que “ahora más que nunca sigue siendo necesaria una comisión de investigación parlamentaria para todo y para todos. Esto es lo que demandan los ciudadanos, para ver si pueden existir incluso responsabilidades penales, mientras el PP, que presume de transparencia, sigue impidiendo su creación”.

En el desarrollo de su discurso, Lara reprochó al Ejecutivo de Mariano Rajoy que “aun teniendo mayoría absoluta, el PP gobierna a través de decreto ley. Ni los más pesimistas podrían haber previsto hace penas cinco meses que esto fuera así, legislando por este procedimiento todas las materias importantes: reforma laboral, reforma financiera, reforma de la justicia, recortes en Sanidad y en Educación…”

Denunció que lo que pretende el PP desde el Gobierno es “un cambio cualitativo del modelo social y económico, un cambio desde el Estado social a un Estado mínimo y represivo, y un retroceso en la concepción autonómica del Estado español”.
“Y todo ello lo sustenta –advirtió- en un planteamiento ideológico ultraliberal en lo económico, individualista en lo social y reaccionario en los derechos civiles”.

Para Cayo Lara, “España se encuentra realmente tutelada, por no decir intervenida, aunque se intente dar la apariencia formal de que no es así”, en una situación política en la que “el Gobierno tiene la legalidad de la mayoría absoluta, nadie lo discute, pero cada vez tiene menos legitimidad”.

Señaló que entre las medidas impuestas por el Ejecutivo de la derecha la reforma laboral sigue siendo contestada en la calle “con una movilización sostenida y creciente que nosotros apoyamos”. Mientras tanto, el Programa Nacional de Reformas de Rajoy no contempla ninguna medida de creación de empleo, acepta que no la habrá hasta después de terminada esta legislatura.

El coordinador federal denunció también que “el Gobierno intenta criminalizar a las comunidades, creando así una base ideológica irracional para la recentralización. Además, criminaliza con la ‘ley del embudo’: escamotea los déficits de las autonomías que gobierna y exhibe los otros, generando una situación de desconfianza”.

Lara se mostró también muy crítico con la involución democrática del PP y puso ejemplos como la “regresión que está ejecutando en Radio Televisión Española. Pretende controlar políticamente este medio para acabar con su independencia informativa. Lo ha hecho recortando 240 millones de euros en los presupuestos y cambiando la forma de elección de su Consejo de Administración y de su presidente. Todo ello, sin duda, minará y menoscabará la calidad de nuestra televisión pública”.

“Buena muestra de las intenciones de este Ejecutivo –dijo- es la opacidad con la que envuelve cualquier asunto relacionado con la Casa Real. Se hurta a la sociedad su derecho a conocer en qué y cómo se gasta el dinero público. Se disfrazan y disimulan cuestiones especialmente delicadas para determinadas instituciones, como la monarquía o la Justicia. Ahí está lo ocurrido con el ‘caso Urdangarin’ o con el presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Carlos Dívar, denunciado por sus propios compañeros del Poder Judicial por utilizar presuntamente dinero público para sus viajes privados de largos fines de semana en Marbella. No es ético, no es responsable, no es democrático”.

Sobre la coyuntura política interna, destacó que “los resultados electorales logrados hacen que hoy podamos condicionar la situación de otros dos gobiernos de comunidades autónomas. Si mantenemos un discurso correcto y una práctica política coherente estaremos en disposición de hacer viables nuestras alternativas a nivel nacional y en otras comunidades”.

“Debemos estar a la altura –indicó- de los retos que hemos asumido y el resultado debe ser que nuestra alternativa debe aparecer con más fuerza y claridad. En el éxito de esas experiencias nos jugamos la consolidación de este proyecto y, más aún, de ello depende que millones de personas vean en lo concreto que existe una alternativa social y democrática a la crisis.

Cayo Lara afirma que IU contribuirá a "dar estabilidad" al nuevo Gobierno de Asturias tras la decisión adoptada en referéndum de no entrar en él

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha señalado hoy que, aunque la federación asturiana de IU no entre a formar parte del Ejecutivo autonómico de esta comunidad tras la decisión adoptada en referéndum por sus militantes, sí contribuirá a “dar estabilidad” al nuevo Gobierno de Asturias. Lara destacó este hecho sobre todo después de unos meses en los que las formaciones de derechas de PP y Foro sólo han creado “desestabilidad por su incapacidad para aprobar los Presupuestos”.

En una rueda de prensa en el Congreso, el responsable federal de IU ha defendido el valor de esta consulta a los militantes por su carácter “plenamente democrático”.

Subrayó que su resultado debe ser atendido por respeto a la “soberanía” de sus afiliados, “eso es a lo que se sujeta Izquierda Unida desde el punto de vista de la soberanía porque los afiliados no están sólo para pegar carteles”, destacó.

Del mismo modo, negó tajantemente que exista ningún riesgo de que se pueda desestabilizar al nuevo Gobierno asturiano por el hecho de que IU no se incorpore al mismo. “Llevamos estabilidad al Gobierno asturiano y, después, discutiremos en lo concreto”, insistió, enfrentando este hecho a la etapa en la que “Foro Asturias y el PP han actuado de manera irresponsable”.

Cayo Lara ha puesto en valor la coherencia de las decisiones que toman las distintas federaciones de IU a través de lo que marcan los militantes con sus votos. Para el coordinador federal, con independencia del resultado de los procesos que se han celebrado, “son un ejemplo de aire fresco”, puesto que el respeto “es el primer principio democrático en una Izquierda Unida que se cree la idea del Estado Federal”.

El máximo responsable de IU no consideró apropiado que el coordinador general de IU Asturias, Jesús Iglesias, deba dimitir porque el referéndum de ayer no haya respaldado la entrada en el Gobierno que defendía la dirección asturiana. Indicó que, aunque en último extremo debe de ser “una decisión suya” no debería “estar condicionada por una acción democrática” que él ha promovido.

La Junta pospone la rebaja salarial a los funcionarios para negociar con los sindicatos

IU se muestra «indignada» por los pluses de productividad a altos cargos cuando se les va a quitar a los empleados públicos

Ideal

El Gobierno andaluz ha paralizado el decreto con el plan de ajuste de 2.800 millones de euros al Presupuesto de 2012 para negociar con los sindicatos los recortes salariales de los funcionarios. El vicepresidente del Gobierno, Diego Valderas, anunció que se aplazará 14 o 15 días. Estaba previsto que se aprobara esta semana próxima.

La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, informó a este periódico que se pospondrá hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por el Congreso. El Gobierno confía en que para entonces haya un acuerdo. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recuerda que las comunidades están obligadas a cumplir con el déficit y que cada mes serán examinadas sus cuentas.

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, advirtió que espera de los sindicatos «alternativas» al plan del Gobierno, pero siempre focalizando el ajuste en la reducción de los salarios y en mantener el empleo público.

El plan contempla aminorar 777 millones de euros con la supresión de complementos salariales a los funcionarios y la reducción de un 15% de la jornada laboral a los interinos, con la consiguiente rebaja salarial. Todos los empleados públicos verían reducidos los ingresos de su nómina una media de un 5%. A cambio, el Gobierno bipartito se compromete a no despedir a 23.505 trabajadores eventuales, mayormente de la sanidad, educación y justicia. Entre los complementos a suprimir figuran los de las pagas extraordinarias de junio y diciembre de los funcionarios y personal fijo de los entes empresariales.

Los sindicatos UGT, CC OO y CSIF y Safja rechazan de plano la reducción salarial. Los tres primeros aplaudieron ayer que se posponga el decreto, pese a que seguirán con las movilizaciones. Safja mostró su sorpresa por el aplazamiento y aseguró que no va a negociar nada, sino que acudirá a los tribunales.

Las alternativas planteadas por ahora por los sindicatos son la de la progresividad en las bajadas salariales y el compromiso de reducción drástica de cargos públicos. También acabar con los privilegios como vivienda gratis para los altos cargos y las cesantías de estos y de los diputados.

Diego Valderas atribuyó ayer a las presiones de Izquierda Unida que su socio en el Gobierno aceptara aplazar el decreto. El vicepresidente de la Junta compareció ayer con el portavoz en el Congreso de su formación, José Luis Centella, quien fraguó el pacto con el PSOE, para anunciar la iniciativa, que Griñán confirmó en otra comparecencia en Madrid. Valderas dijo que son las medidas del Gobierno del PP las que ponen «una soga al cuello» de los Presupuestos andaluces. Pero aún así, cree que hay que agotar todas las vías de negociación con los sindicatos de los funcionarios.

Pluses en Innovación

Valderas se alineó con estos en reclamar «un mayor esfuerzo y ejemplaridad por parte de Gobierno y altos cargos» de la Junta. IU no ha ocultado estar «defraudada, indignada y sorprendida» por el hecho de que la Consejería de Economía, Innovación y Empleo esté pagando a altos cargos gratificaciones o pluses, según dijo a Efe el portavoz José Antonio Castro.

Según Efe, la Junta de Andalucía está abonando desde el 2 de mayo pluses de productividad a 31 altos cargos y asesores, que en algún caso se elevan a 3.435 euros por tan sólo cuatro meses de trabajo frente a los 250 euros de media que puede cobrar un funcionario por este complemento, mientras ha retenido este mismo plus a los alrededor de 100.000 empleados del Servicio Andaluz de Salud (SAS). «Esto no lo entiende nadie, menos los funcionarios, laborales e interinos mileuristas que tiene la función pública», añadió Castro.

Andalucía: El PSOE rechaza la idea de IU de pedir recortes a la Iglesia y a la Casa Real

Granada Hoy

IU no quiere cometer el error de quedar aplastado por la maquinaria pesada del PSOE. Aunque acaba de estrenarse como su socio de gobierno, en la primera ocasión que ha tenido por delante, en este caso el debate en el Parlamento sobre los efectos en la comunidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012, ha marcado su impronta con una iniciativa que no ha tenido eco en la bancada socialista: que el Parlamento inste a la Junta a pedir al Gobierno central que modifique sus cuentas para que, en aras al equilibrio presupuestario, se recorte un 15% del gasto de la Casa Real, se suprima la subvención a la Iglesia y la eliminación de la cuota de la OTAN y la participación del ejército en Afganistán.

La lectura de esta iniciativa no cabe en términos de primer encontronazo con el PSOE, sino más bien en un gesto de IU de cara a su electorado y de mantener su identidad, porque de hecho es una iniciativa que no llegará a ningún lado. Aunque la coalición de izquierdas también podría haber jugado sus cartas si la propuesta se hubiera despiezado. Hubiera logrado el apoyo socialista, al menos, en lo que respecta a la Iglesia y el gasto en Defensa. De hecho, en plena campaña electoral, Griñán ya apuntó en esa dirección. Sugirió entonces que para conseguir el objetivo de déficit el Gobierno de Rajoy podría recortar en ministerios "huecos o vacíos" como Defensa o en gastos de la Iglesia antes que tocar las partidas de sanidad y educación.

El otro puntal en el que IU quiso marcar distancias, aunque no votando en contra, sino con la abstención, fue en la propuesta del PSOE de aplaudir el esfuerzo de equilibrio presupuestario practicado por la Junta durante la etapa de mayor crecimiento del país, que le llevó a tener un nivel de endeudamiento inferior al de otras comunidades. Como explicó su portavoz, José Antonio Castro, en esa etapa lo que hacían falta no era tanta contención, sino políticas de estímulo e inversiones que no se llevaron a cabo y que su formación sí reclamó en cada debate presupuestario.

En lo que sí estuvieron de acuerdo PSOE e IU fue en rechazar las cuentas de Rajoy, en las que no vieron más que un castigo a Andalucía al exigir un ajuste "desmesurado" e "injusto" a Andalucía por imponerlo en función al PIB y no por peso poblacional -lo demandarán para 2013 por la vía política y judicial-, un criterio que tampoco se respeta en la inversión estatal para 2012, aunque así lo marque el Estatuto andaluz. En definitiva, los PGE son un elemento para justificar de sobra la confrontación contra el Ejecutivo central, al que los dos socios acusaron de gobernar "con saña" contra Andalucía, al no aceptar los resultados electorales del 25-M.

La Junta aplaza el decreto del plan de ajuste para negociarlo con los sindicatos

El vicepresidente Valderas explica que la propuesta fue planteada en el Consejo de Gobierno por los consejeros de IULV-CA.

Europa Press

El vicepresidente de la Junta, consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales y coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha anunciado el aplazamiento del decreto que sustenta el plan de ajuste presentado por el Gobierno andaluz, "unos diez o quince días", para emprender una "negociación profunda" con todos los sindicatos el recorte salarial a los trabajadores públicos y poder buscar "elementos de consenso y de alternativas". 

Valderas, que ha agregado que dicho aplazamiento ha surgido de una propuesta formulada por los consejeros de IULV-CA en el Consejo de Gobierno, ha señalado que en el decreto del plan de ajuste se debe dar un "mayor margen de ejemplaridad" para los altos cargos de la Junta, cuyo "sacrificio debe estar por encima de cualquier funcionario o empleado público", añadiendo que, en ningún caso, se debe "tocar" a los 'mileuristas' de la Administración. El número dos del Gobierno andaluz ha insistido en la importancia de "poner el oído" a las propuestas de los sindicatos en este ámbito y se ha mostrado convencido de existen posibilidades para encontrar "márgenes de acuerdo". "Si el decreto se tuviera que aprobar en cuatro días no habría posibilidad alguna, pero no es así", ha subrayado Valderas, quien ha destacado que se puede esperar para su aprobación "a un marco de acuerdo y diálogo, como elemento positivo y constructivo".

Tras recordar que el decreto, una vez aprobado, se tramitará como proyecto de ley en el Cámara, donde los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas, Valderas ha indicado también que IULV-CA va a emprender una ronda de contactos con sindicatos y con las organizaciones sociales que colaborado con la federación en la elaboración del programa electoral y que apoyaron la inclusión de IULV-CA en el Gobierno andaluz. Asimismo, Valderas ha querido dejar claro, en relación a los recortes "impuestos" por el Gobierno de la nación, que "hasta aquí vamos a llegar". "Las medidas del Ejecutivo ponen una soga al cuello al Presupuesto de la Junta", ha indicado el dirigente de izquierdas, quien ha señalado que los andaluces no pueden seguir soportando una política de ajuste "que cae sobre sus espaldas, mientras que el dinero público se destina a salvar a los bancos". En su opinión, la situación de recortes en Andalucía cada día se hace más "insostenible y dramática" por las exigencias del Gobierno de Mariano Rajoy, a través de unas políticas "inútiles" que sólo generan "más paro, depresión y retroceso", poniendo como ejemplo los Presupuestos Generales del Estado, "que agreden a Andalucía, fundamentalmente con el recorte en las políticas activas de empleo".

Lara y Ziegler presentan en el Congreso una iniciativa de IU para luchar contra el hambre

Jean Ziegler, vicepresidente del Consejo Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y una de los mayores expertos mundiales contra el hambre califica la propuesta de IU como una “iniciativa histórica para los parlamentos europeos”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha presentado hoy en el Congreso, junto al analista de política internacional y vicepresidente del Consejo Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Jean Ziegler, una iniciativa parlamentaria para luchar contra el hambre en el mundo. En esta iniciativa, entre otras cuestiones, se plantea instar al Gobierno a impulsar una “regulación adecuada para poner fin a los paraísos fiscales y perseguir la evasión fiscal” y promover la “implantación de un impuesto a las transacciones financieras internacionales (ITF)”.

Al respecto,  en la rueda de prensa conjunta con Lara, Ziegler ha calificado la proposición no de ley de IU de “iniciativa histórica para los parlamentos europeos”, al tiempo que indicó que debe ponerse freno a la especulación alimentaria existente porque “el hambre tiene un cierto parentesco con el crimen organizado”.

Cayo Lara agradeció la presencia en el Congreso de Ziegler, uno de los mayores expertos en la lucha contra el hambre en el mundo, y explicó sucintamente la iniciativa, destacando que “el control público y democrático del Banco Central Europeo (BCE) es cada vez más necesario”, entre otras razones porque debe tener la responsabilidad de apoyar el desarrollo, la inversión y el empleo, y no exclusivamente la estabilidad y el control de precios.

El coordinador federal de IU señaló especialmente el intento para que se implante ese largamente perseguido impuesto a las transacciones financieras internacionales, que es una “herramienta de regulación, de redistribución y, en su caso, de sanción contra los mercados financieros”, cuyo papel sería la búsqueda de la justicia económica global a través de su función reguladora de la actividad económica y redistributiva de recursos.

Ziegler, que fue relator especial de la ONU entre 2001 y 2008 para el derecho a la alimentación, denunció que precisamente este derecho es el “más constantemente violado en el mundo” y alertó, además, del riesgo de que algunos países desarrollados, entre ellos España, acabe “considerando normal” que una parte de su infancia esté malnutrida.

De hecho, juzgó un “escándalo intolerable” que haya en España más de dos millones de niños en riesgo de malnutrición, algo de lo que responsabilizó “a los gobiernos, porque no existe causa meteorológica o de otro tipo que explique la escasez de alimentos” para una parte de la población en un país con la renta per cápita de España.

El hambre en el mundo es una “masacre cotidiana”, denunció, sin duda alguna “el escándalo de nuestro siglo”, porque la agricultura actual podría alimentar a 12.000 millones de personas, el doble de la población mundial. “Cada niño que muere de hambre es un niño asesinado”, sentenció.

Todas estas cifras le llevó a Ziegler a decir que “el sistema vigente en el mundo es caníbal”, regido por una “violencia estructural” y una especulación con el precio de los alimentos básicos que mata de hambre a una parte de la población.

Precisamente la iniciativa de Izquierda Unida denuncia las muertes por inanición, entre 50.000 y 100.000 según Oxfam y Save the Children, que se registraron en 2011 en el Cuerno de África, donde ocho millones de personas siguen recibiendo atención humanitaria, y los 15 millones en riesgo grave de inseguridad alimentaria en la región del Sahel.

La situación se agrava por los recortes en ayuda al desarrollo que se están aplicando en los países avanzados que padecen la crisis económica “consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos y los organismos internacionales”. Frente a ello, IU reivindica el derecho a la soberanía alimentaria, a acceder a la tierra, a las semillas, al agua y a los créditos necesarios, mediante una reforma agraria en Europa extensible a los demás continentes.

La proposición no de ley a la que hicieron referencia tanto Cayo Lara como Jean Ziegler también insiste en desarrollar las políticas necesarias para conseguir los Objetivos del Milenio, en concreto para que España aumente su ayuda al desarrollo hasta llegar al 0,7% de la renta nacional básica en 2015.

Los diputados y diputadas de IU, ICV, CHA expresan en el Congreso con sus camisetas verdes y amarillas su apoyo a la Huelga General de la enseñanza

Los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA han expresado su “total apoyo” durante el desarrollo de la sesión de hoy del Pleno del Congreso a los convocantes de la jornada de huelga general en la Enseñanza que se está desarrollando con gran éxito a nivel estatal. Los parlamentario/as del Grupo han portado las camisetas de la ‘marea verde’ contra los recortes en la Educación impuestos por el Gobierno del PP y la camiseta amarilla contra estas mismas actuaciones que lleva a cabo el Ejecutivo catalán de CiU.

El diputado de IU Joan Josep Nuet fue al primero que le tocó intervenir durante la sesión de la mañana del debate por secciones de las enmiendas presentadas a los Presupuestos Generales del Estado, iniciado ayer. Durante su intervención sobre la partida destinada al Ministerio de Presidencia, tras la defensa hecha por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, Nuet aprovechó el inicio de su discurso desde la tribuna para mostrar la solidaridad del grupo parlamentario con “todas las personas que se encuentran en la calle en defensa de la Enseñanza Pública. Nuestro pleno apoyo a todos ellos y ellas”.

Durante toda la jornada de hoy, el resto de diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA han seguido realizando sus intervenciones sobre las enmiendas a las distintas secciones de los Presupuestos Generales de las que son portavoces portando las camisetas verdes y amarillas diseñadas por las plataformas en defensa de la Enseñanza Pública, que también han mantenido mientras permanecían en el escaño.

Europa Laica insta a que se apoye en el Congreso la enmienda de Izquierda Plural sobre el IBI, IRPF y financiación de la iglesia católica

EUROPA LAICA INSTA A TODOS LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS A QUE APOYEN LA ENMIENDA A LOS PGE PARA 2012, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO “LA IZQUIERDA PLURAL” DONDE SE REQUIERE:

• QUE EN 2012, SE REBAJE EN UN 20% LA ASIGNACIÓN DEL IRPF A LA IGLESIA CATÓLICA

• QUE SE DETERMINE UN CALENDARIO, PARA LA TOTAL AUTOFINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA, COMO MÁXIMO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

• QUE SE ELIMINEN TODOS LOS BENEFICIOS FISCALES DE LOS QUE DISFRUTA LA IGLESIA CATÓLICA Y, EN SU CASO, OTRAS CONFESIONES, INCLUIDO EL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI)

El debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, que esta semana va al Pleno del Congreso de los Diputados, lleva una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, que obtuvo un amplio respaldo en Comisión, aunque no fue aprobada por la mayoría que impuso el Partido Popular y otros.

 

En esta enmienda, la 1725, se solicita rebajar para este año un 20% del dinero procedente del impuesto de la renta, que recibe en la iglesia católica para financiar el culto, el clero y el proselitismo religioso en la línea de recortar gastos que el Gobierno ha establecido, sobre todo en sanidad, educación, ciencia y tecnología, servicios sociales, obra pública y fomento del empleo y a todos los colectivos sociales que reciben subvenciones del estado y las CCAA. Si no se acepta sería el único colectivo, la iglesia católica, que no recibe recortes. Hecho realmente escandaloso.

 

Además esa enmienda expresa la voluntad para que a 31 de diciembre de 2014 la iglesia católica se autofinancie, como así se comprometió en los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979. También que paguen el Impuesto de Bienes Inmuebles y otros de los que están exentos.

 

Europa Laica la semana pasada presentó en el Congreso de los Diputados más de 33.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas (firmas que se siguen recogiendo en la web: www.laicismo.org), cuya petición se concreta en: Que se suprima de la Ley de Haciendas Locales, la exención del IBI y de otros impuestos a la iglesia católica y otras confesiones religiosas, así como a sus organizaciones y centros de enseñanza y de proselitismo religioso, al mismo tiempo que se inste a los municipios a que hagan un censo de los bienes rústicos y urbanos que están registrados a nombre de la iglesia católica y sus asociaciones, fundaciones, etc. y de otras confesiones religiosas. Que el poder legislativo autorice al Gobierno a que se deroguen los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979, especialmente y en este caso el de Asuntos Económicos, por el incumplimiento permanente por parte de la iglesia católica, que en el apartado 5 del artículo II de dichos Acuerdos, mostraba “su propósito de lograr los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”, en suma se comprometía a la autofinanciación. En consecuencia se elimine del impuesto de la Declaración de la Renta del año 2012 (a realizar en 2013), la casilla de asignación a la iglesia católica y dada la grave situación económica que atravesamos se suprima la asignación 2012 que figura en los PGE que están a debate.

 

Europa Laica entiende que es una cuestión de justicia social, de mantener privilegios injustificados, y de normalizar la no confesionalidad del Estado que la Constitución proclama.

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Para actuar ante la situación privilegiada de la iglesia te invitamos a participar, si aún no lo has hecho, en nuestras dos campañas, o difundirlas:

1. En la Declaración de la Renta no marques ni la casilla de la iglesia católica, ni la de fines sociales.

http://www.laicismo.org/detall e.php?pk=13908&tp=ds

2. FIRMA la campaña: "Que la iglesia pague el IBI"

http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13246&tp=ds

Para más información sobre la financiación de las confesiones religiosas y sobre estas y otras campañas entra en www.laicismo.org

Castro trabajará en el Parlamento para que los empleados públicos con sueldos bajos no pierdan un euro

IULV-CA, socia del PSOE-A en la Junta, ha considerado que el Plan económico-financiero aprobado por el Consejo de Gobierno es "mejorable" y debería rectificarse "la injusticia" que en él se plantea en relación con las medidas que afectan a los trabajadores públicos. Ha pedido que a los empleados "mileuristas" no se les toque "ni un euro".

El portavoz de IULV-CA en el Parlamento, José Antonio Castro, ha manifestado en rueda de prensa que es necesario hacer un esfuerzo para que, durante la tramitación del plan como proyecto de ley en el Parlamento, "se aminore el sacrificio" de los empleados públicos todo lo que sea posible y, sobre todo, para que el carácter reversible de las medidas "tenga un horizonte temporal lo más cercano posible".

Sobre los trabajadores del sector público, ha señalado que éstos ya tuvieron una rebaja salarial del cinco por ciento por decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que el Ejecutivo de Mariano Rajoy también les metió un "sablazo muy importante" en su salario como consecuencia de la subida del IRPF.

"Creo que los funcionarios pueden entender que aquí se está haciendo un esfuerzo por no tocar el salario base y que las reducciones sean a través de los complementos, pero eso no quita que las rentas del trabajo ya están exhaustas", ha indicado José Antonio Castro.

En definitiva, según ha agregado, los trabajadores públicos "entenderán que estas medidas no son justas y que al final les va a llegar una cantidad menor de dinero a sus casas", ha apuntado Castro, quien ha señalado que para su formación es fundamental que haya una "progresividad" en la aplicación de esas medidas sobre las retribuciones de los empleados públicos.

Ha señalado en este sentido que a los trabajadores mileuristas no se les debe "tocar ni un céntimo".

 

"Nos vamos a fajar por mejorar todas aquellas cuestiones que entendemos que son mejorables y que la injusticia que existe en el plan de ajuste sea rectificada", ha señalado José Antonio Castro, para quien es necesario que el plan sea lo más conocido y participado posible.

Por ello, ha estimado que debe llevarse a todas las mesas sectoriales  que están constituidas en Andalucía para que haya una participación y se plateen alternativas y reivindicaciones.

El portavoz de IULV-CA ha insistido en que su formación va a poner toda su energía y capacidad de diálogo y consenso para "modificar este plan y pasar de un plan de ajuste que supera la comparación con otros con buena nota a un mejor plan de ajuste participado y compartido".

José Antonio Castro también se ha mostrado partidario de que la reducción salarial del presidente de la Junta, de consejeros, viceconsejeros y de otros altos cargos sea mayor.

Elena Cortés dice que la Consejería de Vivienda estará al lado de los desahuciados

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha anunciado la puesta en marcha de un Observatorio de la Vivienda, ha pedido una modificación de la ley estatal de la dación en pago y ha anunciado una reprogramación de las obras públicas, donde se primará la finalización de las obras ya iniciadas.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, la consejera ha apuntado que en materia de transportes "se primará el transporte público colectivo y la movilidad sostenible", de forma que se plantea "establecer una alianza con el transporte público colectivo, el peatón y el ciclista".

Asimismo, tras destacar que su Consejería "tiene mucho de políticas sociales", ha defendido "el derecho a la vivienda, el uso social de la vivienda, las políticas de rehabilitación y primar el alquiler, poner en valor las viviendas vacías y parar los desahucios", mientras que en materia de obra pública, la consejera aboga por "la vertebración sostenible y social del territorio y los usuarios".

Así, en materia de obra pública, la consejera ha indicado se van a "acabar las obras que estén a punto de acabarse y se reordenará el plan Pista, teniendo en cuenta el Plan de Infraestructuras del Gobierno central".

Ha anunciado que entre esta semana y la próxima se tendrá establecido qué obras van ser reprogramadas, esto es, cuales se acabarán y cuales tendrán que esperar, aunque ha insistido en que "se terminarán las obras iniciadas, por eficiencia social y económica, pues no es sostenible que, con todo el dinero que hayamos gastado, haya obras que no se culminen", mientras que lo que sea obra nueva "tendrá que esperar". En ese punto deja claro que "a lo mejor obras establecidas mediante la fórmula de colaboración público privada tendrán que esperar".

En ese punto, ha indicado que espera tener terminadas las actuales obras del Metro de Málaga para 2013 y ha apuntado que el Metro de Granada "estará acabado en esta legislatura".

Cortés indica que ese proceso de reprogramación se llevará a cabo "con transparencia, participación de todos los implicados, diálogo con instituciones afectadas, desde Estado hasta ayuntamientos, y lealtad institucional absoluta para resolver los problemas".

La consejera asimismo da prioridad al transporte público colectivo, espera que dentro de cuatro años "hay mayor eficiencia en el transporte público" y ha apuntado que "se priorizarán las obras tienen que ver con transporte sostenible".

Cortés, en materia de vivienda, apuesta por "dar una respuesta a los desahucios", que constituyen una "prioridad absoluta" al tratarse de un problema social "dramático", de forma que "habrá que buscar soluciones con afectados y entidades que provocan los desalojos", mediante "mucho diálogo y mucha firmeza".

La consejera, que insiste en poner en valor las viviendas vacías, ha indicado la necesidad de modificar la Ley de dación en pago, que a su juicio, "es socialmente muy injusta", por lo que ha indicado mediante las iniciativas legislativas populares que se planteen, a través de la movilización ciudadana y a través del apoyo del Gobierno andaluz.

En materia de vivienda se va a poner en marcha el llamado Observatorio de la Vivienda, que se contempla en la Ley de Derecho a la Vivienda en Andalucia, y que va a servir para "saber qué ocurre con el mercado inmobiliario, cuales son las justicias o injusticias y para hablar con el sector y los afectados, todo ello mediante transparencia, participación y toma de decisiones pegados al terreno".

"No nos comemos a nadie, queremos hablar, dialogar y resolver los problemas, somos conscientes que existen situaciones injustas y apostamos por soluciones justas para la inmensa mayoría de la población que vive una situación complicada", ha aseverado.