Antonio Maíllo en Onda Cero defendiéndose con gran inteligencia del ataque de algunos perros de presa
Otras IU
Antonio Maíllo: Izquierda Unida quiere cambiar Europa
No estamos en el Gobierno para ser exquisitos ni neutrales
Cayo Lara: Los bancos que controlan los medios de comunicación apartan a IU de la información sobre las elecciones europeas
Lo que ha ocurrido en Ucrania es un golpe de estado apoyado por la Unión Europea y los Estados Unidos. Contra ese golpe se está rebelando ahora buena parte de la ciudadanía ucraniana
Querella contra el saqueo
Hugo M. Abarca
Yo no tengo ningún miedo y de la dirección general y de mi no pueden sacar ningún trapo sucio porque no existen los trapos sucios. El que tenga trapos sucios que se siente y que se aguante. Si estás en política no puedes tener trapos sucios. Lo mejor es que si este señor tuviera algo que sacar, que lo saque y así de camino limpiamos la porquería de casa, si es que la tenemos. Enrique Santiago, abogado. Entrevista en CuartoPoder
Hace poco más de un año Izquierda Unida (junto con otras organizaciones y con apoyo activo de miles de ciudadanos y otros querellantes) ponía una querella contra los constructores y empresarios que aparecían financiando al PP (y a sus dirigentes, vía sobres) a cambio de concesiones públicas así como contra varios de los dirigentes del PP que aparecían sobornados en los apuntes de la contabilidad B del PP. Ya entonces el pesebre político y mediático llamó a IU oportunista: la querella era una cosa política sin relevancia jurídica, sólo buscaba la foto, como los agentes de movilidad de Esperanza Aguirre. Pero tan bien sabían que eso eran palabras huecas que alteraron todo lo alterable para que no cayera la querella donde tocaba (en el juzgado de Bermúdez: tomaban a Ruz por un juez dócil e inofensivo) y aún así cada semana el proceso abierto nos da una alegría.
En aquel entonces muchos nos sentíamos muy orgullosos por el paso dado por IU porque estábamos hablando de una Querella contra el Poder (económico y político) y éste nunca es inofensivo: buscaría la forma de acabar con IU, debajo de cuantas alfombras hiciera falta, encontrando o inventando mierda. Era una demostración de valentía y dignidad de IU, pero también de decencia. Una organización como IU no debe tener miedo a que señale nadie a sus corruptos, que por supuesto tiene que tener: es imposible que en una organización tan grande no haya quien la aproveche para participar del saqueo cotidiano. Pero a diferencia de otras organizaciones en IU debemos agradecer a quien señale la mierda (no a quien diga “alguien tiene mierda”: eso no sirve de nada para limpiar, sólo para enmerdar a discreción) porque a diferencia, por ejemplo, del PP la ponzoña en IU es parasitaria, no estructural: el PP hizo política engrasado por el saqueo, quien haya aprovechado a IU para participar del saqueo es un brutal lastre para IU.
Esa es una de las principales razones por las que me sentí muy orgulloso al ver la relación de querellados por IU en la querella que hace meses se anunció y que este 14 de abril se presentó contra los miembros de los consejos de administración de Bankia y BFA. Si no me equivoco es la primera vez que una fuerza política se querella contra alguien que ocupó cargos en ella y que participó del saqueo (me refiero a querellarse de verdad, no a las pantomimas que hacía el PP para defender a Bárcenas). Ello es para mí el principal valor de la querella: que evidencia que IU lejos de arropar a quienes participaran en su nombre del botín los señala como enemigos propios. Y de nuevo lo que a otros les resultaría aterrador aquí se entiende como otra ventaja: si hay alguna manta de la que tirar, que se tire, que descubrir lo que haya debajo y limpiar sólo nos hará más fuertes.
Otra ventaja de esta querella (y que es una de las diferencias , crucial, con las otras presentadas) es la respuesta al rescate bancario que pagamos todos. Una de las solicitudes que se hace es que se preparen embargos a los directivos, que devuelvan las indemnizaciones, etc… pero también que se tomen medidas para la devolución del dinero que pusimos entre todos, que se presentó como un préstamo (¿os acordáis cómo nos machacaban con que no era un rescate sino una línea de crédito?). En los últimos meses y por la puerta de atrás se ha empezado la privatización de Bankia, de ese banco que hoy es de todos, el que nacionalizó el gobierno liberal para sacarlo de la ruina. Pues bien, ante la amenaza de que un juzgado puede decretar que no dependa de la (falta de) voluntad política que se provisionen 26.000 millones de euros para devolver lo que era una línea de crédito, ¿algún comprador va a atreverse a participar de la privatización? Esto es, esta querella puede ser un importante palo en la rueda de la privatización de Bankia (una vez saneada con dinero de todos) y por tanto forzar a que en algún momento empiece a funcionar como la banca pública que de iure es (para lo cual hará falta, sin duda, que los frentes político y social empujen con el judicial).
No hace falta explicar lo que representó el saqueo y la ruina de Cajamadrid/Bankia en el conjunto del país. Como tampoco hace falta señalar el daño que supuso para IU que en su nombre hubiera quien participara del saqueo. Con la firmeza de esta querella IU cierra aquella puerta, lejana pero ruidosa, y abre otras puertas que pueden ser muy útiles a nuestro pueblo, que es para lo que sirve una fuerza como IU. Si alguien se quiere vengar del portazo abriendo ventanas, bienvenido sea: que corra el aire.
Antonio Maíllo en la SER
La adjudicación de vivienda protegida en Andalucía
NAHUM ÁLVAREZ BORJA
JEFE DE SERVICIO DE VIVIENDA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, COMERCIO Y TURISMO DE GRANADAAlgo que resulta difícil de explicar es cómo se practican a diario más de doscientos desahucios, teniendo España cerca de tres millones y medio de viviendas vacías, Andalucía 637.000 y Granada 93.000
A pesar de que tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (articulo 25) como en la propia Constitución (art. 47) el derecho de acceso a la vivienda se consagra como un derecho fundamental, la vivienda en nuestro país se ha venido considerando como un producto más del mercado. Miles de familias con la pérdida del empleo se han visto abocadas a perder su vivienda, en la que habían invertido los ahorros de toda una vida, al no poder pagar las hipotecas que pesaban sobre ellas. Tímidamente, y en gran medida debido a la presión popular, el Gobierno de España elaboró unas normas protectoras para las familias más vulnerables, aunque no ha conseguido erradicar el drama de los desahucios.
La Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía establece el derecho a la vivienda no meramente como un derecho declarativo. Esta Ley no solo establece unas obligaciones a las administraciones sino que las personas en situación de riesgo «podrán exigir de las Administraciones Públicas el cumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho a una vivienda digna y adecuada, en los términos establecidos en la presente Ley, mediante el ejercicio de las acciones que procedan de acuerdo con los procedimientos que establezcan las leyes procesales del Estado». (Art.22).
Tenemos en Andalucía la norma protectora del derecho a la vivienda más avanzada del país, que se ha visto reforzada con la recientemente aprobada Ley (primero Decreto-Ley) de la función social de la vivienda en octubre del 2013. Aunque hay una parte del articulado de dicha norma (la expropiación temporal de uso y la definición de vivienda vacía) que ha sido recurrida por el Gobierno de España al Tribunal Constitucional, el resto del texto está vigente.
Algo que resulta difícil de explicar es cómo se practican a diario más de doscientos desahucios, teniendo España cerca de tres millones y medio de viviendas vacías, Andalucía 637.000 y Granada 93.000.
No existe en España un parque de viviendas sociales, es decir, viviendas a las que puedan tener acceso las familias en función de los ingresos familiares. Los precios de las viviendas protegidas hoy en día están por encima de los precios de mercado. Existen cientos de viviendas protegidas vacías, no solo de promotores privados, sino también públicos y no se ponen a disposición de las personas demandantes de viviendas a unos precios más asequibles. No hay ninguna norma que les obligue a ello (la norma penalizadora aprobada por el Parlamento Andaluz está recurrida). La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (antigua EPSA) ha reconvertido las viviendas que tenia en venta en alquiler y ha establecido unos pre-
cios de renta en función de los ingresos familiares, no superando el 25% de estos, incluso ha instaurado un sistema de compensar la renta con trabajos de rehabilitación en el propio edificio. Estas medidas facilitan que la familia no pierda su techo. Sin embargo, nos encontramos con otros promotores públicos (algunos Ayuntamientos y Diputaciones) que siguen manteniendo sus precios de venta o alquiler, no reconvierten las viviendas en venta en alquiler y prefieren mantenerlas vacías a alquilarlas a unos precios asequibles.
Con este panorama, son miles las familias andaluzas que se encuentran en los registros municipales de demandantes de viviendas protegidas en espera de una vivienda adecuada a sus necesidades. Cientos de ellas en situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión social con el temor de estar al día siguiente en la calle. Las viviendas protegidas se adjudican a través de estos registros, siendo los ayuntamientos los que establecen el sistema de adjudicación. El Reglamento establece entre otros supuesto una excepcionalidad para las personas en riesgo de exclusión social a la hora de la adjudicación de viviendas. Así mismo, se establece en la Ley del Derecho a la Vivienda que «las Administraciones Públicas andaluzas favorecerán el alojamiento transitorio de las personas físicas con riesgo o en situación de exclusión social… que no puedan acceder a una vivienda protegida y respecto de las cuales quede acreditada su necesidad habitacional a través de los correspondientes servicios sociales de los ayuntamientos de los municipios en los que residan» (Art.20).
Ante situaciones de desahucios donde las familias, alguna de ellas con niños menores, se ven literalmente en la calle, todas las administraciones y recalco lo de todas, deben poner los medios disponibles (en este caso viviendas vacías de su titularidad) para cumplir con el mandato legal y constitucional y el derecho humano a una vivienda.
¿No se les facilita un alojamiento provisional cuando una familia pierde su vivienda debido a un infortunio (incendio, catástrofe) y nadie cuestiona la acción de la administración? Pregunto: ¿Por qué algunos o algunas cuestionan este hecho cuando se trata de dar cobijo a una familia con hijos que es desahuciada por la acción de la justicia y esa misma justicia exhorta para proveer lo necesario para dar un techo a los menores y a las personas en riesgo de exclusión?
Que nadie ponga en tela de juicio la actuación de los servicios de vivienda, cuya actuación está amparada en informes sociales. No ha habido irregularidad alguna ni nadie se ha saltado norma alguna, al menos desde que el actual Gobierno ha asumido la responsabilidad.Las lecciones de Corrala Utopía
Joan Coscubiela. Diputat d'Iniciativa per Catalunya al Congrés
El conflicto surgido en el seno de la Junta de Andalucía por la decisión de la Consejera Elena Cortés de IU de realojar a las familias desalojadas de la Corrala Utopía y la reacción contraria de la Presidencia de la Junta, tiene lecturas que van más allá de la crisis de Gobierno y suscitan algunas reflexiones de calado político e ideológico.
El debate sobre si esta decisión de realojar a las familias desalojadas de la Corrala Utopía supone un agravio para otras familias sin viviendas y si comporta un incentivo para las persones que se movilizan para ejercer sus derechos, ha llevado a los dirigentes socialistas a utilizar unos argumentos que la izquierda nunca debería coger prestados de la derecha.
Es obvio que el respeto a la ley y la no discriminación son valores que la izquierda debe defender. La ley es o debiera ser la protección que los débiles tienen frente a los abusos y la posición dominante de los poderosos. Y en este sentido, Susana Díaz jugaba a favor de viento. Pero detrás de esta afirmación obvia, la del respeto a la ley y la no discriminación se han escondido corrosivas argumentaciones.
Parece obvio que la decisión de la Consejería de Vivienda de realojar transitoriamente a las familias desalojadas cumple con el Auto del Juzgado de Instrucción de Sevilla, que obliga a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla a proveer lo necesario para garantizar vivienda a las familias desalojadas con hijos menores o que estén en riesgos de exclusión. Y además cumple con la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que pretende encontrar un reequilibrio entre el desprotegido derecho a una vivienda digna y el superprotegido derecho a la propiedad privada. Así parece reconocerlo implícitamente el acuerdo entre PSOE e IU que cierra la crisis de Gobierno.
Pero el debate no es solo ni prioritariamente de legalidad. El intento de confrontar a las familias realojadas con el resto de familias en lista de espera no debiera haberse utilizado nunca desde las filas socialistas. No hace más que tomar prestada la ideología de la derecha y una de sus principales estrategias de dominación social.
La derecha lo utiliza en el ámbito laboral, cuando alega que los trabajadores con derechos son los culpables de la falta de empleo y derechos de los precarios. Y que le lleva a acuñar una máxima que viene a decir “Repartiros el salario entre vosotros, que los beneficios del capital no se tocan y de impuestos ni hablar”. Se utiliza también para confrontar ciudadanos españoles con los inmigrantes. En el fondo la derecha intenta y consigue que los trabajadores sustituyan el conflicto social entre clases por el agravio comparativo entre ellos. Y la izquierda no debería caer nunca en esta trampa.
El segundo argumento utilizado desde las filas socialistas tiene aún más peligrosidad. Se han dicho cosas que creo deberían ser repensadas por sus autores. Del estilo de “atendemos a quien más lo necesita, no a quien más grita” o “no se puede premiar a los que dan una patada en la puerta. En el trasfondo de estas afirmaciones subyace la idea de que no se puede atender prioritariamente a quien se moviliza por sus derechos. Algunos medios de comunicación han llegado a calificar la decisión de la Consejera Elena Cortés de IU como de Plan para Okupas.
A pesar de que ya se ha explicado que el realojamiento transitorio no supone una alteración de las listas de espera en el acceso a la vivienda, ni una discriminación hacia el resto de familias, sino el cumplimiento de un mandato judicial, en esa imputación subyace una peligrosa ideología.
Es cierto que los poderes públicos suelen hacer más caso a quienes se movilizan y presionan. Esto pasa en todos los aspectos de la vida. En el ámbito laboral, los gobiernos suelen hacer más caso a quienes exigen su derecho al empleo movilizándose. Esa es una de las razones por las que el PP en su Reforma Laboral ha acabado con la autorización administrativa previa en los despidos colectivos. Se trata de dar más poder al empresario y quitárselo a los trabajadores que han perdido su capacidad de presionar al poder político.
Seria bueno no olvidar que algunos sectores sociales utilizan para presionar medios más sofisticados, como los lobbies, las puertas giratorias, los editoriales. Y los que no tienen acceso a estos mecanismos de presión versallesca, utilizan la movilización social y la lucha. No parece que ello pueda criticarse desde una perspectiva de izquierdas.
¿Que es sino la PAH? Las personas agrupadas en la PAH consiguen, con menos dificultades que otras, acuerdos con entidades bancarias para quitas, mora o daciones en pago. Consiguen que no se les desaloje de sus viviendas. Consiguen en algún caso que se les ofrezca en alquiler. Los Bancos y poderes públicos respetan mas a quienes se movilizan por sus derechos que a quienes no lo hacen.
Es absolutamente legitimo en términos democráticos que los ciudadanos no confíen exclusivamente en los resortes institucionales para garantizar su derecho constitucional a una vivienda digna. Sobre todo cuando comprueban en su propia piel y en la de sus familias que estos resortes no funcionan. Y es legitimo y lógico que si está en sus manos se agrupen para presionar en aras a un mayor equilibrio entre su derecho a la vivienda infraprotegido y el derecho a la propiedad privada, superprotegido por los poderes públicos.
Negar la legitimidad de estos comportamientos, es negar la historia de los movimientos sociales y del propio socialismo. Y pone de manifiesto hasta que punto, la ideología conservadora ha colonizado las mentes de algunos "gestores" políticos.
Cercano y sencillo Maíllo explicando lo ocurrido en estos tres últimos días: En IU no somos neutrales
Aceitunilla comida, hueso tirado
Muy cansado, pero satisfecho. Así se ha mostrado esta mañana el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, tras la reunión mantenida la pasada madrugada con sus socios socialistas en el gobierno andaluz y que ha acabado con la publicación esta mañana del decreto que devuelve las competencias de adjudicación de vivienda a la Consejería de Fomento.
Para Maíllo, se trata de unas competencias que nunca tenían que haberse quitado, “porque su actuación ha sido legal, como pocas, e impecable”, apuntó. Para el coordinador andaluz no quedan flecos en esta crisis, de la que habrá que hacer reflexión, “como de todo”, pero que ha resumido con el dicho popular: "Aceitunilla comida, hueso tirado”.
Para Maíllo la normalidad ha vuelto y a partir de ahora “nos dedicaremos a lo que siempre hemos hecho: estar del lado de la gente que lo necesita y a hacer política con mayúsculas”.
Maíllo, que ha participado hoy en un acto de precampaña para las elecciones europeas en Málaga, ha asegurado que al PP le ha salido muy mal la jugada de derribar el gobierno andaluz : “Se ha quedado con la miel en los labios y esto sigue adelante”.
Cayo Lara: Quiero cuestionar la hipocresía de determinados grupos en el tema de la vivienda
- Hay más de 100.000 viviendas vacías en manos de la banca. Eso sí es un atentado a la dignidad. Si el Gobierno las pusiera a disposición de las personas sin techo acabaría totalmente con el problema, pero no quiere
- El PP, hipócrita como nadie en este tema, ha recurrido todos los intentos de la Consejería de Vivienda por paliar este gravísimo problema de casas sin gente y gente sin casas
- El Banco malo (la SAREB) sigue vendiendo a precio de saldo a sus amigos las viviendas que le han quitado a la gente desahuciada
- Estoy aquí para dar apoyo a la actuación legítima, legal y justa que la Consejería de Vivienda ha dado a este problema
Suspensión de la normalidad en el Acuerdo de Gobierno en Andalucía
- La Consejería de Fomento y Vivienda ha cumplido con un auto judicial
- La Consejería ha actuado con total respeto a la legalidad
LA DEMOSTRACION DE QUE SUSANA DIAZ MIENTE
Grosske
Estoy convencido de que a IU le sobra la razón en la crisis del gobierno andaluz. Por esto, voy a prescindir de análisis políticos o partidistas y me voy a ceñir a unos cuantos hechos que me parecen tan irrebatibles como clarificadores.
1) La crisis empieza con la acusación por parte de la Presidenta de Andalucía de que IU, con el realojo de provisional de un grupo de familias desahuciadas por vía judicial, se había situado fuera de la ley; en algunos medios se mencionaba incluso la palabra "prevaricación"
2) Una acusación de esta naturaleza es muy grave, va más allá de lo político y se sitúa en lo estrictamente jurídico. Como los políticos no hemos de ejercer de juristas, si la presidenta de un gobierno responsable formula una acusación así, es obligado que lo haga teniendo en la mano un informe jurídico que avale sus tesis. No ha sido el caso. Dos días después, el informe no aparece y, si no llega a aparecer con fecha anterior al estallido de la crisis, Susana Díaz quedará descalificada para el ejercicio de su función (Dicho sea de paso: ¿cómo es posible que los medios de comunicación no le estén exigiendo a la Presidenta la publicación de este informe?... ¿o es que se puede provocar una crisis de gobierno sobre una opinión jurídica no fundamentada?)
3) IU, en cambio, sí ha hecho públicos documentos que avalan su actuación : la sentencia ordenando el desahucio de la corrala en la que el juez también mandata a las instuticiones a "proveer soluciones para las familias desalojadas con menores o en riesgo de exclusión social" y también la propia normativa andaluza relativa al acceso a las viviendas de protección oficial que contempla - como pasa en todas las que yo conozco de similares características - una vía de acceso extraordinaria y urgente para los casos, una vez más, de riesgo social. Como teniente de alcalde y como Conseller autonómico he tenido ocasión de intervenir en diversos procesos de realojo de estas características y a nadie se le ha ocurrido aducir, ni siquiera al PP de Baleares, que se estaba incumpliendo ningún tipo de norma... y ,muchísimo menos si se trata de un realojo provisional y no de la adjudicación definitiva de una VPO!!!
4) Ahora acabo de ver en la televisión a la presidenta andaluza diciendo que los miles y miles de andaluces que estaban esperando una vivienda pública "no podían ver" como les pasaban por delante personas sin otro mérito que haber ocupado ilegalmente un edificio. Con estas declaraciones, Susana Díaz ha pasado de la posible irresponsabilidad a la flagrante mentira. Ella sabe perfectamente que, afortunadamente, ser demandante de vivienda pública es algo muy distinto de estar en riesgo social y que los desahuciados de la Corrala han sido protegidos por esta condición y no por nada que tenga que ver con el hecho de que ocuparan un edificio, fueran titulares del alquiler o propietarios embargados. Susana Díaz, pues, ha mentido y lo ha hecho, como muy bien ha dicho Ada Colau, de la peor manera posible : intentando enfrentar a unos pobres contra otros. Como diría Amaral "Que dios la perdone porque yo no"
La futura Ley sobre derechos de los transexuales recibe su primer visto bueno unánime del Pleno del Parlamento
Reproducimos íntegramente el discurso de nuestra portavoz de igualdad, Alba Doblas, en la toma en consideración de la Ley integral de Transexualidad:
Quisiera transmitir desde aquí la tremenda emoción vivida a lo largo de estos meses.
Desde la primera presentación de la proposición de ley por parte de IULV-CA hasta esta toma en consideración, han pasado meses de mucho trabajo pero también de muchas emociones compartidas junto a los integrantes de un colectivo de personas que nos han enseñado, que nos han guiado y nos han conducido por este camino.
Porque esto es lo más resaltable de la ley. No es una ley que nace de un grupo, ni de dos, nace de las propias personas interesadas, el colectivo transexual, que han ido relatando punto por punto cuáles eran sus necesidades, sus carencias, a qué tenía que responder la ley, muchas veces sin entender de competencias, sin razonar sobre lo que se puede porque estamos en el ámbito de lo que se debe.
Se debe de deuda. Deuda con un colectivo que ha visto pospuesta su reivindicación desde el año 2009 en que se aprobaba aquella primera PNL que trataba de ser un impulso a su ley. Deuda social con un colectivo largamente olvidado y postergado frente a otros colectivos asimilados no porque vivieran problemáticas similares, sino porque parece que hacemos un cajón de sastre con todo aquello que la sociedad estigmatiza.
En Europa existen cerca de tres millones de personas transexuales, en España más de trescientas mil y en Andalucía cerca de ocho mil. Personas que de una forma u otra, son discriminadas y viven al margen de los Derechos Sociales y Civiles que garantizan las Cartas Constitucionales y, en nuestro ámbito autonómico, el Estatuto de autonomía. Colectivo al que se le vulneran Derechos Humanos Fundamentales, como son el Derecho a la dignidad, intimidad, el honor, a la propia imagen y al libre desarrollo de la personalidad.
La patologización de la transexualidad y el discurso “biomédico” que la sustenta, han perpetuado el estigma de estas personas, sometiéndolas a una exclusión social, laboral, sanitaria y educativa, influyendo en los discursos morales y “progresistas”, que han “justificado”, so pretexto de una “protección”, la negación de la verdadera identidad sexual, privándoles de la capacidad como sujetos de pleno derecho y por consiguiente relegando a este colectivo de personas, a la categoría de subhumanos.
Son muchas las voces que se han posicionado en contra de la patologización de la transexualidad, sociedades científicas, políticas e instituciones, locales, autonómicas, estatales e internacionales. El Parlamento Español, la Cámara Vasca, El parlamento de Andalucía, La Asamblea Regional de Murcia… El Parlamento Europeo, El Comisario de los Derechos Humanos de la UE… Pero a pesar, de todas estas declaraciones, que han sido refrendadas por las fuerzas políticas, aún no se han concretado en medidas efectivas para no considerar la transexualidad una “enfermedad mental” y por consiguiente se sigue estigmatizando a las personas transexuales, segregándolas y dándoles un trato discriminatorio con respecto al resto de la ciudadanía.
Esta sociedad y los responsables de su gobierno, han de saber que no existen tratamientos “específicos para las personas transexuales. Cualquier tratamiento médico, o quirúrgico que necesiten las personas transexuales, puede ser necesario para todas las personas no transexuales. Hormonas, mastectomías, histerectomías, cirugías genitales, son en numerosas ocasiones prescritas para las personas no transexuales, teniendo acceso a estos tratamientos, sin ser segregadas y sin ser “sospechosas” de ser enfermas mentales, lo que se traduce en una vulneración del principio de igualdad y de no discriminación hacia las personas transexuales.
Esta ley por tanto, no es una ley de privilegios ni de ampliación de derechos, esta ley viene a garantizar la IGUALDAD en DERECHOS de las personas transexuales con el resto de la ciudadanía.
Esta sociedad y las fuerzas políticas tienen una deuda con las personas transexuales, porque a día de hoy la IGUALDAD, es un valor del que no son beneficiarias.
Por ello es necesario un marco jurídico que garantice la no discriminación por identidad de género y el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, para equipararlas en igualdad real al resto de la ciudadanía, en los ámbitos laborales, educacionales y sanitarios.
Y se debe de obligación. Tenemos el deber desde la administración pública de remover los obstáculos que dificulten e impidan la igualdad.
Tenemos el deber de evitar la discriminación, de procurar la integración y la integridad de las personas. Tenemos el deber de luchar contra todo aquello que impida a una persona ser tratado de acuerdo con la dignidad que corresponde al ser humano. Tenemos el deber como parte de los poderes públicos de defender los derechos humanos, que son aquellos que dignifican a la persona, que le atribuyen esa cualidad.
Por eso en esta ley hablamos del derecho humano a la libre determinación del género, género distinto del sexo, de la orientación sexual, de la opción sexual. Olvidémonos del sexo (así lo expresaba maravillosamente Jessica en una reunión de trabajo) y hablemos de lo que una persona es porque así lo siente, y ofrezcamos a esa persona la posibilidad de desarrollarse libremente. Porque la libertad es la base de la democracia, de la democracia real.
Hacemos esta ley para garantizar que nadie puede imponer a nadie sus creencias o ideologías y obligarla a ser quien no es, obligarla a ser otra persona con otra conciencia de sí mismo. ¿Puede obligarse a ello? Impedir el reconocimiento de esta libertad no lo impedirá, solo añadirá un sufrimiento más a quien deberá enfrentarse a muchos estereotipos sociales antes de aceptarse y ser aceptado. A quien tendrá que enfrentarse a esa absurda imposición del binomio niño- niña que desconoce la existencia de otras realidades.
Ha sido un camino muy difícil, porque ha removido las conciencias de todos y todas quienes participábamos en la elaboración de este texto abordando el mismo desde fuera, desde la inexperiencia de lo que se siente y se vive, desde el más absoluto desconocimiento de las terminologías, desde las meteduras de pata del lenguaje heteropatriarcal que se impone allá por donde transites, desde la comprensión y a veces desde la incomprensión de quienes, sin embargo, viven esta realidad y tienen la sensibilidad a flor de piel.
Han sido muchas las personas que nos han ayudado, padres, madres, adolescentes que como decía Silvio Rodríguez son seminiños asustados mirando a la gente, mucho más asustados al romper con todo lo establecido y que se espera de ellos y ellas, jóvenes con la seguridad de lo que quieren y comiéndose ese mundo al que poco tiempo atrás miraban con miedo, y mayores, incluso muy mayores como Kim Pérez que guardan el arrojo en su mirada y descansan por la noche para recargar las pilas de la valentía que supone día a día ser un desafío permanente al orden, o al ordeno y mando de la intransigencia y la ceguera de la cerrazón.
A todas esas personas agradecemos desde IULV-CA que nos hayan enseñado, guiado y acompañado, y especialmente a Kim y Mar, a Angela y a Pablo que, por motivos laborales no puede estar hoy aquí. Ángela y Pablo por la autoría de los diferentes borradores, Kim y Mar por la pelea constante, por haberle puesto voz a un sufrimiento que hoy empieza a dejar de serlo.
La madurez democrática de una sociedad, se mide cuando a ningún sector de su población se le cercenan Derechos Humanos Fundamentales. La IGUALDAD no puede tener “condiciones”, la IGUALDAD ES PARA TODAS Y TODOS, o NO ES IGUALDAD.
IU defiende y apoya la solución dada por Vivienda a las familias de la Corrala Utopía
Antonio Maíllo, coordinador general de IU Andalucía, ha expresado su alegría y emoción por la solución dada por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía a las familias desalojadas de la Corrala Utopía el pasado domingo.
Maíllo reivindicó que “el gobierno de la Junta no es neutral y trabaja para las personas a las que la crisis ha dejado sin vivienda”, resaltando que el realojo de estas familias se hace de manera legal, en virtud del artículo 20 de la Ley de Función Social de la Vivienda y del artículo 13 del Reglamento de Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda, que observan la excepcionalidad de casos como este.
Según Maíllo “pareciera que sólo hay que cumplir el artículo 135 de la Constitución. También tiene el artículo 47. La Consejería de Vivienda y Fomento trabaja para que se cumpla”. Además el coordinador andaluz añadió que “frente a quienes intentan criminalizar la lucha por el derecho a la vivienda y pretenden resolver policialmente la demanda de un derecho humano, IU en la Junta demuestra que hay políticas posibles, eficaces, que se ponen del lado de quienes no se resignan, se organizan y luchan”.