Una sentencia del tribunal supremo declara nulos 22 de los 27 nuevos barrios previstos en el actual Plan General de Madrid por no justificar el cambio de suelos protegidos a urbanizables

Andrea de Pablo. Diagonal

Una sentencia del Tribunal Supremo afecta a cerca de 150.000 nuevas viviendas de la capital, que tras el fallo se convierten en ilegales. Todo comenzó cuando en 1997, a raíz de la nueva Ley del Suelo del PP, la Comunidad de Madrid, con Alberto Ruiz-Gallardón al frente, y el Ayuntamiento de Madrid, con el entonces alcalde Álvarez del Manzano, aprobaron el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la región. Para ello, las administraciones desclasificaron 28 zonas protegidas del cinturón verde de Madrid, donde vendrían a levantarse las nuevas viviendas, barrios enteros como Valdebebas, Los Ahijones o Arroyo del Fresno, entre otros.

Tras casi una década de litigios interpuestos contra el PGOU, el fallo del Supremo finalmente ha declarado nulos los proyectos urbanísticos en buena parte de estos terrenos, al ser zonas anteriormente protegidas por su valor agrícola, forestal, ganadero o histórico, y que se convirtieron en urbanizables sin justificación.

En teoría no es una sentencia cualquiera, sino la que vendría a anular uno de los planes urbanísticos más ambiciosos de la capital. En ese sentido la Plataforma de Afectados por el Urbanismo Salvaje (PAUS) espera que el fallo “ponga freno a la barbarie del ladrillazo madrileño, repartiendo responsabilidades entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, y concentrándolas en las personas de Alberto Ruiz-Gallardón, Álvarez del Manzano y Esperanza Aguirre”, máximos responsables políticos de la aprobación y ejecución del Plan.

Sin embargo, esta sentencia, si bien sirve para deslegitimar el modelo de urbanismo de los últimos años, es muy probable que no tenga las repercusiones esperadas. Llega demasiado tarde, la mayor parte de los terrenos reclasificados ya están urbanizados o tienen las obras en un estado muy avanzado. Es la estrategia, ¿qué hacer con un barrio una vez que ya está semiconstruido? Ya en febrero de 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió una sentencia similar, pero que fue recurrida por el Ejecutivo regional, ganando así más de cuatro años para continuar el plan de urbanismo. Y en diez años, el tiempo de espera de una sentencia firme, da tiempo a construir y vender mucho.

“El urbanismo depredador que esta sentencia desenmascara ha generado un problema de una envergadura social incalculable, ya que ha permitido y fomentado la comercialización de cientos de miles de viviendas que se encuentran fuera de la legalidad, lo que puede dejar a miles de jóvenes y familias en la calle y sin ahorros”, denuncia la Plataforma PAUS.

Ése es el principal problema político que se presenta ahora, qué hacer con aquellos proyectos que ya han sido terminados, aprobados o que están en trámite, y que podrían afectar directamente a propietarios y promotores, con costos de miles de millones de euros. De no solucionarse la situación, desde PAUS afirman que “podríamos estar asistiendo a la mayor estafa reciente de la historia del Estado español, al permitirse el comercio de viviendas ilegales”.