Los centros de internamiento son cárceles para inmigrantes

Campaña para cerrar los 174 Centros de Detención Temporal de migrantes repartidos en los 25 países de la Unión Europa.

 

Mauricio Vaiente

   

En los últimos meses se han sucedido las denuncias sobre maltratos y abusos en los Centros de Internamiento para Extranjeros (en adelante CIE's). La reacción oficial ha consistido en rechazar las imputaciones, acusando a las organizaciones de inmigrantes y de derechos humanos de pretender engañar a la opinión pública con montajes y manipulaciones.

 

Sin embargo, la falta de transparencia en la gestión de los CIE's y los obstáculos para el acceso a los mismos de familiares, abogados, trabajadores sociales y asociaciones, es un claro síntoma de que algo se pretende ocultar.

 

En un reciente informe encargado por el Parlamento Europeo , se señala que las condiciones de los CIEs en España son "innecesariamente severas, similares a las de la cárcel (casi permanente confinamiento en celdas, posibilidades limitadas de ejercicio al aire libre)". El informe resalta que "el personal de los centros es casi exclusivamente de seguridad", y que "no hay o es difícil obtener información sobre los derechos de los internados, sobre asistencia legal o servicios de traducción.

 

Hay centros que están cerrados al exterior (con presencia limitada de ONGs por la dificultad de obtener autorización de entrada)". Por otro lado, varias organizaciones sociales han pedido a la administración repetidamente que reglamente por ley el funcionamiento de los CIEs contando con el consenso de los grupos parlamentarios y no a golpe de orden ministerial.

En España hay diez CIEs, con una capacidad total para 2.284 personas, y repartidos entre Canarias (cuatro centros), Cataluña (un centro en Barcelona), Andalucía (un centro en Algeciras y otro en Málaga), Madrid (un centro), Murcia (un centro) y Valencia (un centro). El PSOE propone en su programa electoral ampliar su número y capacidad. Pero además, el gobierno ya ha anunciado que es necesario ampliar el periodo de internamiento más allá de los cuarenta días que establece la normativa vigente.

 

Esta última propuesta está en consonancia con la directiva europea de "retorno", llamada "de la vergüenza" por las organizaciones de derechos humanos. Según la directiva propuesta, las personas que se encuentren en territorio europeo en situación irregular serán detenidas por un periodo de hasta 18 meses. Esta directiva permitiría además que menores no acompañados fueran también internados en CIEs en algunos casos, y contempla la prohibición de entrada en territorio de la Unión Europea por cinco años para las personas que hayan sido expulsadas por estar en situación irregular.

 

Ante este peligroso retroceso normativo, que debilita gravemente los derechos fundamentales, hay que recordar que estos inmigrantes no han cometido ningún delito, puesto que estar en situación irregular no es sino una infracción administrativa, y por tanto la privación de libertad debe ser una medida excepcional tal y como recoge el derecho internacional. Europa, olvidando (una vez más) los principios democráticos y de preservación de los derechos humanos que se recogen en las cartas de constitución de la Unión Europea, condena a la cárcel a personas expulsadas de sus países de origen por las políticas económicas de la globalización neoliberal, y ante las que los países ricos emplean un doble rasero: que vengan a trabajar, pero sin exigir derechos.

 

El grupo de la Izquierda Unitaria Europea está llevando a cabo una iniciativa para recoger firmas contra esta iniciativa (http://www.no-fortaleza-europa.eu/showPage.jsp), que estrenará el procedimiento de codecisión con el mayor retroceso en materia de derechos humanos de la historia de la Unión Europea.

 

Como señala el grupo de la Izquierda Unitaria Europea, las condiciones en los centros de detención temporal de migrantes son muy similares a las que imperan en las prisiones, y a veces incluso peores. Después de haber visitado estos centros, ONG, agencias internacionales, delegaciones parlamentarias y periodistas han denunciado la iniquidad, la deshumanización y la degradación de estos lugares, donde se violan con frecuencia los derechos humanos y las libertades fundamentales y los migrantes son víctimas de violencia.

 

El hecho de que el gobierno español se haya mostrado favorable a la directiva europea de retorno y que haya anunciado la ampliación del plazo de internamiento en nuestro país demuestra que se sigue sin dar prioridad a la construcción colectiva de un modelo de integración y de convivencia intercultural frente a la política efectista de apostar por las expulsiones y el control de fronteras. La izquierda española tiene también el deber de trabajar de manera prioritaria por este modelo democrático de convivencia plural, en unas sociedades que, como la nuestra, son decididamente mestizas.

 

Lo ocurrido en los últimos tiempos en Italia no es extraño en este contexto de endurecimiento de las políticas de inmigración. Cuando el gobierno italiano legisla alentando una alarma social contra los inmigrantes que está totalmente injustificada, cuando hace declaraciones racistas sin que haya una condena comunitaria contundente, no está haciendo más que participar en esta peligrosa competición europea para ver quién establece la mano más dura contra los inmigrantes.

 

Quizás en Italia, al tipificar como delito la inmigración irregular y a los que alojen a los inmigrantes irregulares, se muestra sin hipocresía lo que se pretende hacer en otros sitios enmascarándolo con un lenguaje correcto.