El Tribunal Constitucional y las dos Españas

Javier Ortiz

Público

La Transición española se realizó aplicando una norma que en su momento a muchos pareció astuta y eficaz, pero cuya fragilidad se ha ido evidenciando más y más con el paso del tiempo. La norma en cuestión fue, por decirlo a la pata la llana, el pasteleo. Cada vez que se les presentaron dos posibilidades antagónicas en su tarea de reorganizar el Estado, los padres de la Patria, encargados de reconvertir el franquismo en un régimen parlamentario, asumieron las dos, y se quedaron tan anchos. Eso dio como resultado muy diversas anomalías, entre ellas la que supuso establecer que existe una sola nación española pero, en cambio, diversas nacionalidades, a algunas de las cuales se las consideró además depositarias de derechos históricos.

El texto del Estatuto de Autonomía vasco, aprobado en tanto que Ley Orgánica en 1979, arranca diciendo: “El Pueblo Vasco o Euskal-Herria, como expresión de su nacionalidad…” Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en su resolución de anteayer sobre la Ley vasca de Consulta, ha decidido que no cabe presuponer la existencia de una entidad jurídica denominada “el Pueblo Vasco” (tal cual: entre comillas). Veamos. Si el pueblo vasco ha sido reconocido por la ley española como tal pueblo, con o sin mayúsculas, y si se admite que constituye una nacionalidad, merecerá que se le reconozcan los derechos que los acuerdos y tratados internacionales asignan a los pueblos y nacionalidades. Pero también cabe dar la vuelta a la moneda y decir: si la ley española establece que por estos pagos sólo hay un titular de soberanía, que es el Pueblo Español (también con mayúsculas, pero sin comillas, por si acaso), entonces “el Pueblo Vasco” ni es pueblo, ni es nacionalidad, ni es nada que tenga capacidad para decidir por su cuenta.

Las dos tesis son defendibles, porque las dos tienen apoyatura jurídica en un régimen que decidió dictar leyes a gusto de todos, fueran militares golpistas o nacionalistas de cualquier procedencia.

Lo significativo es que las máximas instancias del Estado estén dando ahora prioridad a las normas que se aprobaron en su día para calmar a los herederos del franquismo.