IU y CGT recurren la privatización del servicio de recaudación de Almuñécar

Izquierda Unida de Almuñécar y el sindicato Confederación General del Trabajo, por medio de sus representantes, han presentado hoy viernes un recurso de reposición contra el pliego de condiciones para la privatización del servicio de recaudación de impuestos de Almuñécar. Este pliego fue publicado en el BOP del pasado 4 de Septiembre. Asimismo, el grupo municipal de IU ha presentado alegaciones al pliego.

Nuevamente el Ayuntamiento de Almuñécar, con los únicos votos favorables de Convergencia Andaluza y del Partido Popular, pretende privatizar un servicio que por su naturaleza es un servicio público reservado únicamente a empleados públicos.

El detonante de esta situación, según se refleja en la denuncia, es la sustitución del jefe de la oficina local de la Apat en Almuñécar. Así se desprende de la carta que dirigió el Alcalde de Almuñécar al Presidente de la Diputación de Granada, en la que le instaba a anular la sustitución del jefe de la oficina local de la Apat, ya que en caso contrario el convenio de servicios tributarios con la Diputación Provincial se vería afectado.

La intención del Ayuntamiento de Almuñécar en ninguna manera va a redundar en beneficio del bien común ya que no se trata de una propuesta de mejora basada en unos informes negativos sobre la situación anterior. Es más, todas las declaraciones de los responsables políticos y técnicos, anteriores a la remodelación de las jefaturas en las distintas oficinas de la Apat, coincidían en valorar como muy positivo el convenio entre el ayuntamiento y la Diputación, destacando el elevado nivel de recaudación alcanzado en los últimos años.

El pliego de condiciones técnicas para adjudicar la recaudación enmascara la privatización de una función administrativa, exclusiva de la Administración, algo que figura claramente establecido en la legislación española. Los recurrentes señalan que la legislación establece con claridad que solo los funcionarios pueden realizar este tipo de tareas.

El recurso insiste en que a pesar de que se ha solicitado reiteradamente, el acuerdo del Pleno se tomó sin el necesario Informe de la Intervención y sin un Informe Jurídico de Secretaría.

Por otro lado, los recursos de CGT y de IU señalan el perjuicio económico para las arcas municipales de la decisión adoptada. Lo llamativo de la pretensión del Ayuntamiento de Almuñécar es que va a adjudicar a una empresa privada la "colaboración" en materia tributaria. Por el desempeño de esas tareas, esa empresa privada va a percibir más de 450.000 euros y, paralelamente, el Ayuntamiento va a tener que montar un departamento con funcionarios municipales para todas las tareas que requieren el ejercicio de autoridad y un sin fin de tareas va a suponer un grave perjuicio al erario público. El coste añadido de estas tareas superaría con creces el supuesto ahorro que conllevaría la privatización de servicios que pretende el Ayuntamiento de Almuñécar.

Según reconocen los recurrentes, esta es una conclusión subjetiva, tan subjetiva como la que han podido tener los señores concejales del Partido Popular y de Convergencia Andaluza, que han votado sin tener el informe financiero adecuado, pertinente, y exigible según ley, de los servicios técnicos de Intervención. Con ese informe delante, los concejales habrían sabido efectivamente del coste actual y del coste futuro de la recaudación, lo que les habría permitido votar con un conocimiento del que han carecido.

El recurso llama la atención igualmente sobre la excesiva duración del contrato, que hipotecaría el futuro de otras corporaciones. El convenio que se firme de acuerdo al pliego tendrá una duración de 15 años frente a los cuatro años que tenía el convenio con Diputación. Por cierto, que el último convenio lo firmó el Sr. González Montoro siendo alcalde, sin que parezcan suficientes las razones argumentadas por su partido para justificar el cambio.

El recurso también impugna que el pliego de condiciones prevé poner a disposición de una empresa privada los datos confidenciales de miles de contribuyentes sin pedirles conformidad a estos y sin prever qué pasaría en caso de la negativa por parte de los contribuyentes a que sus datos personales sean manejados por una empresa privada.

Según IU y CGT, tanto la Ley de Protección de datos como la legislación específica en materia tributaria establecen con claridad que no cabe ceder a una empresa privada los datos tributarios, fiscales, económicos, bancarios, personales o de cualquier índole.

El pliego de condiciones dispone que la adjudicataria deberá guardar el sigilo y confidencialidad de los datos que maneje, como no podía ser de otra manera. Ahora bien, no se ha dispuesto que deba comunicarse debidamente a todos y cada uno de los ciudadanos, contribuyentes, sujetos pasivos y demás personas o entidades, la notificación para que de forma expresa y sin lugar a dudas autoricen ceder sus datos a un tercero que es una empresa privada.

En cualquier caso, y aceptando como hipótesis la posibilidad de que esta cesión de datos pudiera hacerse, es obvio que tendría que hacerse con el consentimiento de los afectados, pero tampoco se ha determinado el coste de esta gestión, es decir, la notificación individual y expresa a todos los interesados, y, lo que es más importante, tampoco se han establecido las consecuencias o mecanismos ante la hipotética negativa de los interesados a que sus datos sean cedidos a una empresa privada.

Es por ello que IU y CGT han solicitado la nulidad del acuerdo. Para terminar, ambas organizaciones lamentan que la Diputación, hasta ahora, no haya hecho valer sus derechos y el respeto a la legalidad, recurriendo también la privatización de la recaudación.