Los vecinos de El Faro, una urbanización de Marina del Este, indignados con Benavides

El ayuntamiento está burlándose de la justicia y de los ciudadanos al retrasar con distintas estratagemas la ejecución de una sentencia que declara ilegales 32 viviendas de Marina del Este autorizadas por Benavides en 1997.

Los propietarios de esas casas de la Urbanización El Faro están indignados con Benavides al que consideran responsable de la situación de ilegalidad en que se encuentran sus viviendas.

Hace ya año y medio, el 12 de marzo de 2007, el TSJA dictó sentencia obligando al ayuntamiento a demoler el exceso de edificación construido en la urbanización. Pues bien, desde esa fecha están los vecinos esperando que la sentencia se ejecute mientras sus viviendas están en una situación de total ilegalidad.

Los vecinos argumentan, en un escrito entregado en el ayuntamiento, que, como es lógico, desconocían la situación de ilegalidad ya que ellos compraron las viviendas con la licencia de obras y la licencia de ocupación. La actuación del ayuntamiento, argumentan, ‘nos ha colocado en una situación de ilegalidad sobrevenida con los consiguientes daños y perjuicios que ello necesariamente nos conllevará y que ya nos está suponiendo (no poder vender la vivienda, por ejemplo)'.

Los propietarios de las viviendas se quejan ya que ‘la sentencia ordena a ese ayuntamiento la reposición de la legalidad sin que hasta la fecha esta parte tenga conocimiento de que esa corporación haya iniciado trámite alguno tendente a dar cumplimiento a la sentencia. La inactividad de esa corporación sólo está causando indefensión a los propietarios que, como nosotros, nos hemos visto afectados, además de agravar y prolongar en el tiempo los perjuicios producidos.'

El escrito de los propietarios concluye solicitando del ayuntamiento ‘que adopte las medidas necesarias para, dando cumplimiento a la sentencia del TSJA de 12 de marzo de 2007, reponer la legalidad de nuestra vivienda de la forma menos lesiva posible' y solicitando que ‘se fije un plazo para el cumplimiento de la sentencia como única forma de no permanecer en la indefensión en la que nos ha colocado la actuación de ese ayuntamiento y de poder determinar el alcance de los daños y perjuicios ocasionados con el otorgamiento de una licencia que ha quedado sin efecto por no ser acorde a Derecho'.

Sin embargo, el alcalde no hace más que dar vueltas y demorar la solución de un problema que sólo él ha creado y que nos va a costar bien caro a los que han comprado las viviendas y a los contribuyentes que finalmente tendremos que pagar los daños y perjuicios causados a estos vecinos.

Ante los escritos de los vecinos y del juzgado, el equipo de gobierno ya trató el tema en la Junta de Gobierno del 8 de septiembre y volvió a dar largas al asunto acordando pedirle al tribunal que explicase cómo se tenía que ejecutar la sentencia.

La respuesta del tribunal ha sido clara y taxativa: 'Primero. Ordenar a la administración demandada a que, previo proyecto redactado por el Arquitecto Municipal o por Arquitecto contratado al efecto con arreglo a las normas de la contratación administrativa, proceda a la demolición de lo indebidamente construido. Dicho encargo deberá de efectuarse en el plazo de diez días.  Segundo. Elaborado y aprobado el proyecto, por la brigada municipal de obras, por la unidad administrativa competente o por una empresa contratada alefecto, bajo la dirección técnica que redacte el proyecto, se procederá a la demolición de las obras indebidamente ejecutadas, debiendo, en caso de ser necesario, solicitar al juzgado la entrada a domicilios particulares.'

Ante un escrito tan claro y contundente como éste, ya lo único que le ha quedado al alcalde ha sido recurrir a encargar el asunto a otro arquitecto distinto al arquitecto municipal, con lo cual está garantizada la demora otro buen número de meses si se actúa como en el caso del edificio Tropicana, en el que los vecinos vieron cómo, después de haber tardado varios años para conseguir que el ayuntamiento ejecutara la sentencia que le obligaba a construir un muro de contención, aún estuvo otro par de años sacando la obra a concurso y dejando desierto el concurso porque, qué casualidad, no se encontraba ninguna empresa que quisiera hacer la obra.

IU lamenta que estos ciudadanos se vean en la situación lamentable de tener ahora unas viviendas ilegales por culpa de un alcalde que se obstina en saltarse la ley y de un arquitecto municipal, (al que mantiene en su puesto a pesar de estar inhabilitado por el Colegio de Arquitectos de Andalucía) que debería dar explicaciones de por qué se dieron las licencias y por qué justificó que todo estaba dentro de la legalidad.

IU va a pedir en el próximo pleno el cese del arquitecto municipal y la dimisión de todos los concejales actuales que tuvieron que ver con aquellas decisiones.