Los Ayuntamientos no colaboran en la lucha contra el delito urbanístico

La crisis ha hecho que en algunas fiscalías disminuya el volumen de delitos urbanísticos, aunque suben las diligencias de investigaciones y los procedimientos abiertos durante el año pasado. También aumentan las sentencias condenatorias. Un 37% respecto a 2007. Suman 301 y contribuyen a que decrezca la sensación de impunidad. Lo que sí se mantiene es la escasez de medios materiales y humanos para perseguir los delitos, así como la falta de colaboración por parte de la administración pública, según la Memoria 2008 de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, a cuyo frente está el fiscal Antonio Vercher.

A pesar del paulatino aumento de medios, siguen faltando recursos materiales y humanos. En algún caso, carecen de fax y de escáner. También faltan fiscales y personal auxiliar. Pero en las fiscalías en que sí ha aumentado el número de fiscales especialistas no ha mejorado el sistema organizativo. "El problema informático y de unificación de sistema es un problema generalizado", según la memoria. Esto dificulta la coordinación entre fiscalías y juzgados. Cuando se trata de investigar grandes proyectos, además de consumir los escasos medios de que disponen, los responsables suelen quedar impunes.

A la falta de medios se suma la de colaboración de la administración pública. Algunos ayuntamientos "hacen absoluta dejación de sus funciones" y no trasladan a las fiscalías expedientes incoados cuando hay indicio de delito.

Las irregularidades que investigan las fiscalías se producen en clara connivencia con las autoridades municipales; en Salamanca, se cita entre otros, al municipio de Ciudad Rodrigo con múltiples irregularidades urbanísticas: chalés en suelo rústico, obras sin licencia y expedientes administrativos que acaban caducando por inacción de los ediles, tal como comprobó la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía. En Cáceres, se alude a concesión de licencia para edificar en zonas inundables del río, con el consiguiente riesgo; en Santa Brígida (Gran Canaria) es el propio ayuntamiento el que construye un velatorio en suelo rústico de protección ambiental. En Fuerteventura, habla de posible edificación dentro del Parque Natural de Jandía, en Pájara (Fuerteventura). Obras que se basaban en un plan parcial declarado nulo por sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia canario.

También destaca la memoria diligencias informativas incoadas a raíz de las quejas y denuncias formuladas por instituciones culturales por el polígono industrial proyectado en las inmediaciones de Bienes de Interés Cultural, como Numancia o el casco antiguo de la Ciudad de Soria, entre otros emplazamientos.

Por Comunidades Autónomas, Andalucía se lleva la palma en lo que se refiere a la actuación de las fiscalías en delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo: más del 50% del total de las diligencias de investigación; el 62% de los procedimientos abiertos en toda España; el 78% de las sentencias condenatorias y el 72% de las absolutorias.

Al recoger la actuación de las fiscalías la memoria de 2008 incorpora los diferentes criterios de actuación en la lucha contra el delito urbanístico. Destaca que la Fiscalía de Granada extiende la acción penal a las empresas de gestión de publicidad o asesoría inmobiliaria en promociones ilegales, compañías que antes se quedaban al margen de la investigación penal como imputados. Abre el abanico a quienes parcelan suelo no urbanizable ya sean constructoras, promotoras o agencias inmobiliarias mediadoras que tendrán que responder como responsables de la posible demolición o indemnizaciones a los terceros de buena fe.

Y, mientras las fiscalías de Córdoba y de Sevilla son alabadas, la memoria pone en evidencia a las de Cáceres y Elche que dejan actuar con total impunidad al promotor cuando se trata de un particular por una "interpretación anómala" y restrictiva del concepto de promotor en el Código Penal.

Contrasta la falta de colaboración de la administración, con la de los ciudadanos. El grueso de las denuncias de infracción de normativa ambiental y urbanística se debe a las organizaciones no gubernamentales y a las asociaciones vecinales. Aunque no siempre es una colaboración desinteresada cuando se trata de particulares y aparecen motivaciones revanchistas e, incluso, colectivos que ejercen presión para pedir la regularización, con cargo a fondos públicos, de urbanizaciones ilegales, según denuncian algunas fiscalías.