Piden dos años de cárcel para Benavides

El ministerio público considera probado que hubo coacciones a la televisión local. El regidor alega que la empresa incumplió reiteradamente el contrato

B. G. CANO / E. PRESS. La Fiscalía de Granada mantuvo ayer en sus conclusiones definitivas su petición de dos años y medio de prisión para el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, por la posible comisión un delito de coacciones contra la que fuera adjudicataria de la televisión municipal Medios Informativos Costa Tropical S.L., después de que la junta de gobierno local que presidía autorizara el cambio de cerraduras de sus instalaciones y el "corte unilateral" de su suministro de agua, luz y teléfono "sin utilizar el procedimiento legal establecido".

El regidor sexitano, que llegó al Palacio de Justicia de Motril una hora antes de que comenzara la vista oral, prevista para las 12.00 horas en el Juzgado de lo Penal, alegó en su declaración que la concesionaria, que consiguió la adjudicación en el año 2000, incumplió el pliego de condiciones contratado, entre otros puntos, que debía pagar las facturas de luz, agua y teléfono y que no había abonado la fianza necesaria.

Así, según aseguró, fue el entonces concejal delegado de Hacienda el que detectó esas "anomalías" y el que llevó en noviembre de 2003 la propuesta del corte de suministro a la junta de gobierno local. Sin embargo, fue en enero de 2004 cuando, según mantuvo, se hizo efectivo el acuerdo adoptado, tras "reiteradas" notificaciones a la empresa de que debía contratar los servicios que utilizaba.

El alcalde señaló, además, que los cambios de cerradura de las instalaciones desde las que trabajaba Medios Informativos Costa Tropical se hizo por orden del edil de Relaciones Institucionales, que recibió un oficio del jefe de la Policía Local en el que le advertía de las carencias de seguridad de una caseta situada en el Rancho de Río Verde –donde se encontraba la antena de emisión–. Según dijo, esa caseta contenía efectos de Bomberos y Protección Civil y muchas personas tenían acceso a ella.

Preguntado por la "coincidencia" en fechas del corte de suministro y los cambios de cerradura tanto de esa caseta como de otra con medios técnicos de la empresa en la terraza de la Casa de la Cultura –-cuya segunda planta ocupaba la televisión–, Benavides respondió que desconoce cuándo se procedió a esos cambios, puesto que su actuación se limitó a aprobar la propuesta llevada ante la junta de gobierno local.

Asimismo, incidió en que la empresa informativa sólo fue contratada para la producción de programas, puesto que la normativa prohibía que una empresa privada emitiera contratada por el Consistorio. El alcalde se defendió argumentando que si realmente hubiera querido "silenciar" a la televisión hubiera sido "más fácil", puesto que el Ayuntamiento se reservaba los derechos de emisión y el contrato de la empresa concluía sólo unos meses después, en mayo de 2004.

La otra versión. Por contra, el denunciante, el administrador único de la empresa, aseguró que Medios Informativos tenía autonomía para emitir y que, como la empresa concesionaria anterior, no pagaba agua, ni luz, ni teléfono porque además tenía una "deferencia" con el Ayuntamiento de cobrarle la mitad del coste de la publicidad. Según aseguró Vicente Fernández, no se recibió aviso alguno del corte de los servicios de las instalaciones de la empresa, que facturaba 6.000 euros al mes y que entonces contaba con 17 empleados.

También declararon los guardias civiles que constataron el cambio de cerraduras de la caseta de Río Verde –donde pudieron ver una antena partida y un cable quitado– y de la terraza de la Casa de la Cultura, y que comprobaron que la segunda planta que ocupaba la televisión era la única dependencia sin luz en esas instalaciones.

Dieron además su testimonio los concejales que gobernaron con Benavides desde que fue elegido alcalde en el año 2003, ratificando la versión aportada por el regidor ante el juez. También testificaron los ediles de la anterior corporación, que afirmaron que días después de rescindir el servicio a Medios Informativos comenzó a emitir otra televisión municipal por el mismo canal "afín" a Benavides, una circunstancia que es "pública y notoria", según el ex alcalde socialista Antonio Rebollo.

El ministerio público, que pide también para el alcalde una multa de 36.000 euros, mantuvo que "el corte unilateral" del suministro a la empresa se hizo por acuerdo de la junta de gobierno local y en fechas próximas a los cambios de cerradura "sin amparo legal" y con la intención de "eliminar" la emisión de la programación de la televisión.

Requerimientos. Se hicieron una serie de requerimientos a la empresa para que diera de alta los servicios pero siempre después de los acuerdos adoptados, según el fiscal, que incidió en que ha quedado acreditado en el juicio, visto ayer para sentencia, que el alcalde fue el responsable de la toma de decisiones para coaccionar a la empresa con la circunstancia agravante de la utilización de medios públicos, fuerza y una posición de superioridad.

El empresario, Vicente Fernández Guerrero, manifestó que el cierre por la fuerza le causó un perjuicio moral y económico del que aún no se ha recuperado.

Por su parte, la acusación particular mantuvo su solicitud de tres años de prisión y 20 de inhabilitación para el alcalde por los delitos de coacciones, prevaricación y contra los derechos constitucionales.