Un ajuste que no toque el gasto social sí es posible

Público

Economistas de izquierdas plantean posibilidades de recorte para evitar la congelación de las pensiones o la rebaja del salario de los funcionarios anunciadas por Zapatero

12 de mayo de 2010. El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero anuncia al país que no queda otra que meter la tijera al gasto social. La Unión Económica y Monetaria, ese fortín de estabilidad con el que Europa sueña desde que Nixon hundió el sistema monetario mundial de Bretton Woods (1971), se tambalea. La descoordinación de los presupuestos de los países miembros, algunos como España con el déficit desbocado, descubre una Europa incapaz de impedir que los mercados tumben al euro.

 

Hay que reducir el déficit y la única forma de ser contundente y convencer, asegura el Gobierno, es cortar hasta llegar a la carne (pensionistas, funcionarios, dependencia...). Ya no sirve con ceñir el traje. ¿Seguro?

 

Un grupo de economistas contrarios al capitalismo liberal consultados por Público han encontrado en 48 horas zonas donde ajustar el presupuesto para, si no evitar todas las medidas anunciadas, sí las más dolorosas. En una situación de emergencia como la que obliga al Ejecutivo a pedir los sacrificios que pide, es posible otro ajuste que tenga el efecto inmediato que exige Europa, aseguran. Porque, aunque la verdadera solución, según dichos expertos, pasa por una reforma fiscal que afecte a las rentas más altas, los grandes patrimonios y las empresas con más beneficio, esos cambios no tendrían efecto hasta 2012.

 

El gasto militar es una de las partidas que permite un mayor ajuste

 

Uno de los recortes más polémicos son los 1.500 millones de euros que va a ahorrarse el Estado congelando las pensiones en 2011, medida que no afectará a las mínimas ni a las no contributivas pero que rompe con 25 años de subidas e incumple una norma legal emanada del Pacto de Toledo.

 

Alberto Montero y Alfredo Serrano, profesores de Economía de la Universidad de Málaga y la Pablo Olavide de Sevilla, respectivamente, y miembros de la Fundación CEPS, encuentran un buen pellizco que arrancar al gasto militar. Retirando las tropas de Afganistán, Líbano y Somalia (750 millones de ahorro) y eliminando la inversión en I+D de la industria militar prevista para 2010 (950 millones) se lograría el mismo efecto sobre los presupuestos públicos que congelando las pensiones, comentan.

 

Si se recortan además los 1.400 millones previstos para inversión en armamento este año, añaden, tampoco sería necesario modificar el cómputo de las pensiones (ahorro de 500 millones) ni eliminar la retroactividad de las prestaciones para los dependientes (670 millones).

 

Arcadi Oliveres, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, apunta también al gasto militar como la gran partida a recortar, y sugiere que se incluya el gasto pendiente del avión de combate Eurofighter (preveía 10.795 millones hasta 2024) y lo pendiente de los 1.353 millones para 24 helicópteros de combate Tigre.

 

Otra alternativa propuesta por Montero y Serrano es la eliminación de las exenciones que se aplican a los premios de loterías, apuestas y sorteos, que permitiría un ingreso a las arcas públicas de 1.165 millones, suficientes para ahorrarse la mitad del tijeretazo al sueldo de los funcionarios este año (2.250 millones).

 

Josep González Calvet, profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, añade la supresión de cargos de libre designación, asesores que los políticos designan a dedo. Según este profesor, en la Administración española (autonomías incluidas) hay unos 25.000 puestos de este tipo, de los que podrían suprimirse 20.000 "sin impacto laboral". Como el sueldo medio ronda los 4.000 euros al mes, supondría un ahorro de 1.120 millones al año.

 

Serrano y Montero descubren otras partidas que podrían contribuir al ajuste, como la eliminación de la casilla de asignación tributaria a la Iglesia católica de la declaración del IRPF, una anomalía del impuesto, ya que permite a un único colectivo la posibilidad de elegir el destino de parte de la recaudación. Con su supresión se incrementarían en 250 millones los ingresos de libre asignación. Si además se suprimiesen los sueldos para los profesores que imparten religión en centros escolares públicos (650 millones al año), ajustándose a las directrices de un Estado laico, se podrían mantener los 600 millones de la ayuda al desarrollo.

 

Los economistas consultados están a favor del recorte farmacéutico (785 millones en dos años) a través de la adecuación de los envases a la duración estándar de los tratamientos y los fármacos unidosis. También defienden la supresión del cheque-bebé, que asignaba la misma ayuda a cualquier nivel de renta.                        

Otra de las partidas más cuestionadas son los 6.045 millones que pretenden recortarse de la inversión pública entre 2010 y 2011. Con la economía saliendo a pedales de la recesión, todos los recortes del gasto público, que equivalen a restar dinero al Producto Interior Bruto (PIB), suponen jugársela a sufrir recaídas. Los más graves son los que afectan al empleo, como la inversión.

 

¿Cómo lograr suplir ese recorte? Montero, Serrano y la catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona Miren Etxezarreta no han tardado en fijarse en el fondo dotado para ayudar al sector financiero a salvarse de sus excesos en los años de la burbuja inmobiliaria.

 

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) recibió, con cargo a los Presupuestos Generales de 2009, una partida de 6.750 millones. Acudir al Frob no es gratis, de hecho tiene un alto precio para las entidades (un 7,75% mínimo a devolver en cinco años), pero los expertos citados no consideran que las arcas públicas estén para soportar esa inversión ni las emisiones de deuda posteriores hasta llegar a una dotación prevista de 90.000 millones.

 

La cantidad ya dotada o parte podría recuperarse ahora que aún no ha sido utilizada (aunque algunas cajas en proceso de fusión ya han pedido parte) en lugar de mandar el eterno mensaje al sector financiero de que sus ganancias son privadas y sus pérdidas, socializadas.