Una huelga no gremial de trabajadores de la Administración que anuncia y abona nuevas movilizaciones

Salvador López Arnal

Rebelión

 

 

Soy funcionario desde hace unos 30 años. Nunca me he considerado tal. Como muchos de mis compañeros y compañeras, seguimos siendo lo que fuimos: enseñantes, trabajadores de la enseñanza, en la línea político-conceptual que Giulia Adinolfi, Sacristán, Fernández Buey, Miguel Candel, Joaquín Miras, Dolores Albiac, Pere de la Fuente, Xavier Pardo y otros compañeros acuñaron en 1977 para y en el congreso fundacional de la federación de enseñanza de CC.OO, un sindicato de clase que ahora, desgraciadamente, ya no es el mío.

No he apoyado nunca una huelga de funcionarios. No la apoyaré mientras tenga uso crítico de la razón sindical y política.

La huelga del día 8 de junio no es una huelga de funcionarios que reclaman privilegios y miran de soslayo y con prepotencia otros trabajadores de servicios o productivos sino una huelga de trabajadoras y trabajadores de la Administración. Una huelga obrera si se permite el término en desuso.

Sobran motivos. Recortes salariales, congelaciones, liquidación de derechos laborales adquiridos tras esfuerzo y luchas, un sendero que anuncia otras medidas aún peores. Algunas de ellas ya explicitadas: en la Administración catalana, por ejemplo, en educación y salud, de cada dos personas que se jubilen en estos próximos años sólo una será sustituida. De los dos mil trabajadores que se jubilarán este 2010, sólo la mitad ingresarán en la Administración y habrá que ver en qué condiciones (sustituciones, precariedad, externalización de servicios). Consecuencias: peores servicios públicos, más estrés laboral, desánimo y descontento. Corolario lateral: auge de lo privado como referencia de calidad y buena atención.

Varios economistas han señalado nudos críticos de la situación: que el déficit público está provocado en gran parte por las mismas entidades que presionan, junto con otra fuerzas telúricas, para disminuir el déficit; que el déficit privado es mucho más importante que el público; que el fondo el tema no es ese en ningún caso; que la disminución del déficit público presenta muchas otras alternativas que incluyen, por ejemplo, una reforma fiscal progresiva y una Inspección de Hacienda que tenga medios reales para ejercer su labor.

Hay algunas razones más para abonar el campo de la resistencia. La desfachatez de algunos líderes políticos y de opinión que intentan enfrentar a los trabajadores de la Administración con desempleados y otros grupos de trabajadores -¡de qué se quejan estos señoritos que tienen sueldazos y trabajo garantizado!- despabila que la rabia transite libremente por las venas. Saber que el importe en cuestión, los 5 mil millones de euros, es lo que el gobierno del Reino de España se va a gastar en reflotar, pongamos, la caja de Castilla La Mancha y la caja católica del Sur acelera el sabor y las ganas de rebeldía.

Por no hablar, claro está, de las inversiones y adquisiciones militares

En Barcelona hay convocada una manifestación a las 12 de la mañana en plaza Universidad. También en otras ciudades. Es hora de manifestarnos de nuevo a cuerpo y de recordar que a nuestras reivindicaciones pueden juntarse las de otros sectores obreros en igual o peor situación. No están en contraposición; suman, no restan.

Es también forma de coger ritmo para una huelga general cada vez más necesaria que no permitirá, ciertamente, asaltar los cielos ni tomar el Palacio de Inverno pero cuando menos mostrará a las claras que estamos aquí, que existimos como clase, que los ataques neoliberales tienen respuestas, que no hemos sido vencidos, que el desánimo y el servilismo no son alimento que deseemos ingerir y que la historia universal de la infamia contiene actos de agresión indignos y, a un tiempo, hermosas páginas de rebelión.