IU denuncia el fraude que afecta a miles de personas en la administración pública al enmascararse relaciones laborales bajo la apariencia de becas

El área de Juventud de IU se reúne con becarias y becarios de la Administración Pública para hacer valer sus derechos.
 
A través del trabajo conjunto del Área de Juventud y del Grupo Parlamentario, registra una pregunta en el Congreso para conocer si el Ejecutivo prevé “adoptar una normativa común de derechos y obligaciones” de los becarios y si piensa incluirles “a todos los efectos en el Sistema de la Seguridad Social”.
 
Izquierda Unida, a través de su Grupo Parlamentario y en coordinación con el Área Federal de Juventud, ha registrado en el Congreso una pregunta dirigida al Gobierno para conocer qué medidas “específicas y concretas de inspección ha adoptado o piensa adoptar” para detectar el fraude existente en la utilización de miles de becarios, tanto en las Administraciones Públicas como en el sector privado, para enmascarar verdaderas relaciones laborales bajo la apariencia de becas.
 
Además, la iniciativa pide al Ejecutivo que aclare si piensa tomar alguna decisión “para que los becarios de formación práctica de las Administraciones Públicas sean incluidos a todos los efectos en el Sistema de la Seguridad Social” y si tiene previsto “adoptar una normativa mínima y común de derechos y obligaciones para tales becarios”.
 
La pregunta parlamentaria, que firma el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha sido elaborada junto a la responsable del Área de Juventud, Esther López Barceló, quien valora que “reclamamos medidas que garanticen la protección social al amplio sector de los becarios y becarias cuyos derechos son inexistentes. En este país el ser brillante académicamente se castiga con becas que abocan a los jóvenes a años de desprotección social, mientras desempeñan labores que, en la mayoría de casos, se transforman en contratos laborales encubiertos”.
 
López Barceló explica que “los jóvenes estamos en crisis permanente, pero en estos momentos de grave crisis económica generalizada que afecta a todos los trabajadores, la juventud no sólo ve agravadas el conjunto de sus necesidades vitales sino que tiene que soportar también cómo se agudiza la precariedad laboral de la que es víctima a diario”.
 
La dirigente de IU llama la atención sobre la situación de los becarios “que pasan años de formación práctica en la Administración, sin que nadie cotice por ellos a la Seguridad Social, con un acceso mermado a la asistencia sanitaria y sin poder desarrollar una carrera laboral que genere derechos como poder cobrar el paro o cotizar para sus futuras jubilaciones”.
 
Por estos motivos, la pregunta parlamentaria reclama también al Gobierno que se pronuncie sobre si considera que “las Administraciones Públicas deben dar ejemplo al sector privado en el reconocimiento pleno de los derechos sociales de los becarios de formación práctica que mantienen una relación laboral encubierta bajo la apariencia de becas”.
 
Izquierda Unida exige al Gobierno medidas concretas de inspección y la corrección inmediata de todos aquellos casos que se den, tanto en el sector privado como en el público, en los que se detecte este tipo de fraude cuyo alcance quiere que se empiece a aclarar a través de esta iniciativa.
 
A continuación se incluye el texto íntegro de la pregunta parlamentaria registrada por Gaspar Llamazares:
 
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente PREGUNTA sobre inclusión y regularización de los becarios de formación práctica de las Administraciones Públicas en el Sistema de la Seguridad Social, dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
 
Las Administraciones Públicas y sus organismos, tanto de la Administración Central del Estado como de las Administraciones Autonómicas,  tienen concedidas un gran número de becas de formación práctica, cuyos beneficiarios son titulados universitarios y/ o postgraduados, incluso Técnicos superiores de Formación Profesional.
 
El propio director del gabinete del Ministro de Trabajo reconoce que “las becas no siempre tienen en la formación su objeto real, pues a veces realmente se trata de una mera prestación de servicios por cuenta ajena encubierta”, los que hace que “la figura del becario se aproxime a la del contrato de trabajo y determina la existencia de una insegura línea que marca la diferencia entre ambos tipos de relaciones. Tal hecho propicia que se enmascaren verdaderas relaciones laborales bajo la apariencia de beca”, todo ello “con merma de los derechos de los trabajadores afectados y fraude al Sistema público de la Seguridad Social”.
 
Esta situación es gravemente lesiva para la juventud que trabaja mediante estas becas, especialmente para quienes pasan muchos meses o incluso años como becarios de formación práctica en la Administración. Al no poder cotizar a la Seguridad Social, sólo tienen derecho a asistencia sanitaria en los servicios de urgencias, pero deben abonar de su bolsillo las facturas de cualquier otro servicio de asistencia médica y sanitaria que precisen. Su trabajo tampoco revierte en otros derechos esenciales, como es el derecho a desarrollar su carrera laboral para conseguir la protección por desempleo o pensiones de jubilación.
 
Además, para todas estas becas, muy dispares entre ellas, no existe ninguna regulación común que desarrolle un contenido mínimo de la relación existente entre becario y Administración.
 
Sin embargo, ya se han encontrado soluciones para otros colectivos, como es el caso de los becarios de investigación, que desde hace años están dentro del Sistema de la Seguridad Social. Y existen otras figuras afines, como los contratos formativos, que también cotizan al Sistema de la Seguridad Social.
 
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
 
1) ¿Piensa el Gobierno adoptar las medidas pertinentes para que los becarios de formación práctica de las Administraciones Públicas sean incluidos a todos los efectos en el Sistema de la Seguridad Social?
 
2) ¿Piensa el Gobierno adoptar una normativa mínima y común de derechos y obligaciones para tales becarios?
 
3) ¿Considera el Gobierno que las Administraciones Públicas deben dar ejemplo al sector privado en el reconocimiento pleno de los derechos sociales de los becarios de formación práctica que mantienen una relación laboral encubierta bajo la apariencia de becas?
 
4) ¿Cuáles son las medidas específicas y concretas de inspección que el Gobierno ha adoptado o piensa adoptar para detectar el fraude que consiste en enmascarar verdaderas relaciones laborales bajo la apariencia de beca, tanto en el sector público como en el privado? ¿Considera el Gobierno suficientes las medidas contempladas en el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social, aprobado el 5 de marzo de 2010?