El gobernador contra el Estado

Juan Torres

En otras ocasiones he comentado ya en esta columna que las posiciones políticas del gobernador del Banco de España nacen de una visión ideológica de las relaciones económicas que no se corresponde con la realidad.

La mejor prueba de ello son sus continuos errores de análisis y predicción, fácilmente comprobables si a posteriori se contrastan sus declaraciones públicas con lo que efectivamente ha ido sucediendo, o los análisis que ha hecho el banco con la evolución real de la economía.

Así, pese a disponer de todos los medios a su disposición, el Banco de España y su gobernador (como los de otros países) fueron incapaces de prever la crisis financiera ni siquiera cuando estaba a dos palmos de sus narices. De no ser por la gravedad de la situación, daría risa que quien ha demostrado tantas veces su falta de acierto y perspicacia en el análisis de la realidad se presente ahora a la ciudadanía como el que tiene las claves para salir de la crisis.

Y a pesar de disfrutar de todas las competencias políticas necesarias, el Banco de España ha sido incapaz de cumplir con el principal objetivo que se le encomienda, evitar la subida de precios, y ha permitido que los de la vivienda alcancen los niveles más altos de la historia.

El gobernador mantiene también desde hace tiempo, como sus colegas del Banco Central Europeo, una posición sobre la política fiscal basada en una mera convicción ideológica sobre el papel del gasto público y de los impuestos que está frenando en toda Europa la posibilidad de crear actividad económica suficiente, de alcanzar pleno empleo y de proporcionar a su ciudadanía bienestar y progreso, en aras simplemente, de salvaguardar los intereses de las grandes empresas que dominan el mercado europeo y a las propias instituciones políticas.

Como he dicho también en otras ocasiones, el gobernador miente además cuando analiza lo que está ocurriendo en la economía española.

Si fuera la primera vez que lo dice se podría calificar como un error de análisis pero afirmar de forma ya tan reiterada que el "vertiginoso aumento del número de parados" se debe a "las disfuncionalidades en el funcionamiento de nuestro mercado laboral" es sencillamente una mentira. Porque lo que ha hecho y hace que tengamos tasas de paro tan elevadas no son ni las normas o instituciones laborales que regulan nuestro mercado laboral sino la falta de suficiente soporte productivo y la excesiva especialización de nuestra economía en la construcción que quizá sea la actividad económica más proclive a utilizar la mano de obra al socaire de los vaivenes del ciclo. Y el gobernador sabe perfectamente que por muchas reformas laborales que se lleven a cabo en la línea que él propone no se resolvería el problema del paro si nuestra economía sigue basándose en la especulación con el ladrillo, sin disponer de más capital social y, sobre todo, de un mayor componente de innovación y capacidad para generar valor añadido.

Pero si todo eso es grave, las declaraciones que hizo el gobernador en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados el pasado día 5 traspasan ya un nuevo e increíble Rubicón.

No entraré ahora en algunas de sus manifestaciones más concretas y completamente infundadas, como que abrir las cajas de ahorro al capital privado les permitirá afrontar el futuro "sin necesidad de solicitar ayuda de los contribuyentes", cuando la realidad es que en España y en todo el mundo quien más ayuda ha recibido del Estado, ahora y antes, ha sido precisamente la banca privada. Me referiré a otras tres que considero mucho más graves y que , en mi opinión, merecen una censura social y política inmediata y contundente en defensa de nuestra democracia.

En primer lugar, me refiero al hecho de que Fernández Ordóñez dé órdenes al gobierno al señalarle imperativamente que "debe cumplir el objetivo de reducir el déficit hasta el 6% sobre el PIB en 2011", lo que significa ni más ni menos que el gobernador del Banco de España se arroga la función que desde que se acabó con las monarquías absolutistas corresponde al poder legislativo como expresión directa de la voluntad popular.

Se diría que esa posición del gobernador es la expresión de su independencia y así lo es efectivamente. Pero ahí radica el problema porque de esa forma se manifiesta claramente que la existencia de una autoridad o institución independiente del Estado es materialmente incompatible con su carácter democrático. En la medida en que priva a los poderes representativos de capacidad material de decidir autónomamente en el ámbito de sus competencias constitucionales (como es elaborar libremente un presupuesto en el que se fijan los ingresos y gastos que se consideran más convenientes para los intereses de la nación) un banco central independiente actúa como un verdadero corsé, como una limitación material de la democracia.

Como decía el gran constitucionalista y primer presidente de nuestro Tribunal Constitucional Manuel García-Pelayo "es ingenuo suponer que en la mayoría de los casos el instrumentario técnico esté en condiciones de proporcionar la única, mejor y, por tanto, indiscutida vía posible. Lo cierto es que las políticas económicas favorecen a unos intereses y lesionan a otros y que (…) en la mayoría de los casos, los costos de las soluciones dadas se reparten desigualmente entre los distintos grupos o estratos de la población" ("Las transformaciones del Estado contemporáneo". Alianza, Madrid, 1990, pág. 74).

Otra cosa es que deba gozar de autonomía para desarrollar la política monetaria que responda a unos objetivos generales de política económica que deben ser definidos con los poderes representativos y que, en todo caso, debe aplicarse coordinadamente con la fiscal, nunca como una restricción de esta última.

En segundo lugar, me refiero a las declaraciones del gobernador en el debate con los parlamentarios, cuando afirmó que "las comunidades son soberanas hasta cierto punto si nos fastidian a todos". Una auténtica barbaridad que no solo pone en cuestión nuestro ordenamiento constitucional sino que responde a ese nuevo tipo de pensamiento totalitario que permite a quien lo sostiene considerarse a sí mismo como exclusivo intérprete y depositario de "todos" los intereses sociales.

Es una aberración insensata considerar que las comunidades autónomas son ajenas al "todos", como si sus gobiernos no fueran la expresión democrática de la voluntad popular y parte del todo y cuyo poder soberano (que no es ni puede ser otro que el que les da la constitución) no puede quedar al albur de lo que afirme una autoridad independiente que se siente intérprete inequívoco de lo que beneficia o "fastidia a todos" los demás.

Es evidente que la política fiscal de las comunidades autónomas debe diseñarse en el marco de la de todo el Estado pero no en términos de una cesión de soberanía sino de su ejercicio compartido y, mucho menos, en virtud del criterio que establezca unilateralmente un poder que no está ni puede estar concebido para imponerse a los demás.

Finalmente, me refiero también a la posición que adopta el gobernador ante los ataques que sufre la economía española, que forman parte de lo que en su día calificó el presidente de la Junta de Andalucía como "terrorismo financiero".

Cabría pensar, a la vista está que ingenuamente, que cuando un Estado democrático se ve amenazado sus autoridades, y más específicamente el gobernador de su banco central dada la naturaleza de esos ataques, debería ponerse a su lado, y como un servidor fiel defenderlo de los peligros que suponen.

Sin embargo, en lugar de censurar a quienes especulan y constantemente difunden incluso falsedades sobre la economía española, el gobernador aviva las llamas que encienden poniendo en duda los datos del gobierno y llama a complacerlos y a aceptar sus chantaje para ganar una credibilidad que, a la vista está, nunca garantiza que los mercados actúen de un modo menos depredador frente a nuestra economía. No sirve el gobernador a su estado sino que actúa en su contra al dar alas a quienes lo están atacando